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La delegada de Edificios Municipales, Adela Castaño, junto a la directora de la Oficina de Memoria Democrática. / El Correo
No habrá ni rastro de vestigios franquistas en ningún edificio municipal antes de final de este año. El Ayuntamiento se ha propuesto acabar con el nombre de las calles que hacen referencia a la dictadura cumpliendo así con la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía.
A través de la Delegación de Participación Ciudadana se acometerán actuaciones retirando estas nomenclaturas de las calles como Belchite, Somosierra y Brunete, en Torreblanca; o Capitán Tassara Buiza y Comandante Morales León en la Macarena. Por otro lado, el Consistorio instará a aquellos propietarios de edificios privados donde existan aún estas referencias a que sean retiradas tal y como ha sucedido con la lápida de mármol que estaba situada en la fachada del Palacio de Yanduri que evocaba el paso de Franco por la zona. Para estos casos el plazo se acabará en abril de 2018.
La delegada de Edificios Municipales, Adela Castaño, defendió ayer en rueda de prensa que «el equipo de gobierno se toma en serio» la importancia de la Memoria Histórica para lo que se han constituido recientemente una mesa de trabajo y una oficina que junto con expertos en la materia han impulsado unas subvenciones por valor de 40.000 euros para que asociaciones memorialistas y sindicatos presenten proyectos de conservación de patrimonio democrático o recopilaciones audiovisuales para hacer exposiciones y seminarios.
A esta iniciativa se suma una guía didáctica que el propio Consistorio –a través de la mesa de expertos– confeccionará con un montante proveniente de Educación que asciende a 13.000 euros, y que será repartida en todos los institutos sevillanos. El contenido versará sobre la II República, el golpe militar, la represión franquista, el exilio y deportación o el holocausto nazi.
Será en otoño cuando comiencen los trabajos de señalización de la fosa común Pico Reja donde yacen más de 1.100 cadáveres y que fue abierta en 1936. El proceso para ello se encuentra en trámites administrativos para que una vez acabado el verano sea publicado el pliego. Serán los expertos los que consideren, una vez señalizada, si se debe proceder por algún motivo a la exhumación, proceso que se haría con la ayuda de la Junta de Andalucía.
En dicho enterramiento se encuentran los cuerpos fusilados de más de 30 concejales de la corporación de aquella época y 70 personas que trabajaban en las minas de Huelva. Los trabajos cuentan con un presupuesto de 18.000 euros.