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La investigación por las presuntas irregularidades en Mercasevilla comenzó hace ocho años y ha derivado en tres ramas distintas y dos macrocausas más por corrupción política. / Manuel Gómez -
Torrijos mira hacia atrás durante la primera sesión del juicio. / El Correo
«Irregular y fraudulento». Así calificó la abogada del exprimer teniente de alcalde y exportavoz de IU Antonio Rodrigo Torrijos el «nacimiento» de la causa abierta por la supuesta «venta ilegal» de los suelos de Mercasevilla, que ha llevado al exconcejal a sentarse en el banquillo junto a nueve acusados más.
En la primera sesión del juicio, la letrada Encarnación Molino solicitó la nulidad de la causa porque «los mismos hechos ya fueron enjuiciados por otro juzgado y existe una resolución firme que fue confirmada por la Audiencia Provincial de Sevilla» y recordó que nuestro ordenamiento jurídico solo permite «un único procedimiento y un único juzgado».
Una causa que fue investigada por la jueza Mercedes Alaya, contra la que arremetió el abogado del exdirector de la loja Fernando Mellet, quien recordó la «ausencia de imparcialidad» de la magistrada durante la instrucción del caso.
Ocho años después de que se iniciara la investigación por el supuesto «amaño» del concurso público convocado para vender los suelos de Mercasevilla, el juicio comenzó ayer con las cuestiones previas de los abogados de los diez acusados, entre los que, además de Torrijos, se encuentra el exconcejal socialista Gonzalo Crespo. La abogada de Torrijos alegó «vulneración del principio de legalidad» para solicitar la nulidad de las actuaciones. Así explicó que dos años antes de que el Juzgado de Instrucción número 6, entonces con Mercedes Alaya al frente, abriera diligencias ya el Juzgado de Instrucción número 10 estaba investigando «los mismos hechos», tras una denuncia interpuesta en 2007 por la empresa Larena 98. Aquella causa acabó archivándose tal y como «reclamó el Ministerio Fiscal», una decisión que fue refrendada por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial. Un auto que ya se dictó «cuando estaban abierta la investigación» en el juzgado de Alaya.
La letrada recordó que la jueza «hizo una consulta al juez decano» planteando «una cuestión de competencia», pero la resolución fue que eran «hechos distintos» y por tanto «ningún juzgado se inhibió a favor del otro». Esto a su juicio supone «un nacimiento irregular y fraudulento» de un segundo procedimiento, que vino «a modificar el contenido de la anterior resolución judicial».
Asimismo, Molino solicitó la prescripción del delito societario que le imputa la acusación ejercida por los mayoristas de frutas de la lonja, ya que cuando ellos denunciaron estos hechos «ya estaban prescritos», pues habían transcurrido más de cinco años. Por ello, reclamó que se condene en costas a los mayoristas «por acusación temeraria» y dada la elevada indemnización que reclaman a Torrijos por los perjuicios causados a la entidad, que supera los 25 millones de euros.
Por su parte, el abogado de Mellet, José Manuel Carrión, cuestionó a la jueza Mercedes Alaya al recordar que su marido trabajó como auditor para Mercasevilla, motivo por el que cree que debió abstenerse. «Mellet tuvo que despedir a su marido por irregularidades muy graves», dijo el defensor que recalcó «la ausencia de imparcialidad de Alaya». El abogado solicitó entonces la recusación de la magistrada «con el apoyo de la Fiscalía». El abogado también insistió en que Mellet no puede ser considerado y juzgado como funcionario público y, por tanto, no puede ser acusado por un delito de prevaricación porque «Mercasevilla no es una administración pública». «Esta falta de imparcialidad de Alaya ha hecho que extienda el concepto de funcionario público», dijo. En este sentido, destacó que este caso «no cabe un juicio penal», sino que es una cuestión «civil, ni siquiera contenciosa». «No puede ser sujeto activo del delito de prevaricación, nunca», añadió.
Asimismo, Carrión alegó «dilaciones indebidas» en el procedimiento recordando que hace ocho años que se inició la investigación, con el consecuente «sufrimiento» que viene padeciendo su defendido desde entonces. Una de los motivos por los que se demoró el caso, a su juicio, fue por la «investigación paralela» abierta por la Guardia Civil después de que la dirección de Mercasevilla aportara una documentación, que «no pudo ser objeto de contradicción» por parte de las defensas. Una solicitud a la que se sumaron varios abogados.
Por su parte, el letrado del exconcejal socialista y expresidente del consejo de administración de Mercasevilla Gonzalo Crespo lamentó la falta de «concreción» de los hechos por los que está acusado su cliente, alegando por ello «vulnerabilidad de la tutela judicial efectiva». «No concreta en qué acto intervino», señaló el letrado sobre la acusación del Ministerio Fiscal, a lo que añadió que «ninguna acusación propuso la más mínima diligencia para probar» los delitos que se le imputan. El hecho de que el exconcejal esté en el banquillo es «sorprendente, doloroso e indignante». «En los 15.000 folios del sumario solo hay una referencia a Crespo y de rondón», señaló.
La jornada continuó con las alegaciones del resto de acusados, entre ellos, la del exasesor socialista Domingo Enrique Castaño, José Manuel García-Quílez, quien se adhirió a las peticiones de sus compañeros. Junto con ellos se sientan como acusados la exjefa de Vía Pública de Urbanismo María Victoria Bustamante; el exasesor de Mercasevilla Jorge Piñero; el economista José Antonio Ripollés; el presidente de Sando, José Luis Sánchez Domínguez; el vicepresidente y consejero delegado de Sando, Luis Sánchez Manzano, y el exvicepresidente del rea inmobiliaria de Sando José Luis Miró.
A todos ellos el fiscal les atribuye un delito de fraude y exacciones ilegales, por el que solicita una condena de dos años de prisión, aunque también atribuye un delito de prevaricación a Mellet y al vicepresidente de Sando por el que les pide una pena de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Para el Ministerio Público el concurso convocado para la venta de suelos de Mercasevilla fue «fraudulento», pues la adjudicataria resultó ser la constructora Sando cuya oferta era de 106 millones de euros frente a los 158 millones que ofreció su competidor.
Decisión de la jueza
El juicio continuará mañana para que la Fiscalía y las acusaciones respondan a los argumentos de las defensas. Tras oír a todas las partes, la titular del Juzgado de lo penal 13 de Sevilla, Yolanda Sánchez, tiene que resolver todas las peticiones expuestas. Será el próximo 24 de enero cuando anuncie su decisión.
La primera jornada de las 28 previstas para el juicio de Mercasevilla dejó las primeras anécdotas en la sala. Ya en la puerta, la casualidad quiso que la llegada de Antonio Rodrigo Torrijos coincidiera con la de la jueza Mercedes Alaya. No sabemos si conversaron en el ascensor, en el que llegaron a subir juntos, pero lo cierto es que la situación sería tensa pues Alaya comenzó a señalar pronto a Torrijos en su instrucción y este siempre ha defendido su inocencia, tanto fuera como dentro de los juzgados.
Ya en la sala, una mirada al estrado dejaba en evidencia una clara presencia masculina, pues de los 13 abogados personados (14 si contamos al fiscal) solo una era mujer, la abogada de Antonio Rodrigo Torrijos, Encarnación Molino. Ella solo estaba acompañada en cuanto a presencia femenina por la magistrada y la funcionara del juzgado que ejerce de agente. La presencia masculina también es predominante entre los acusados, pues de los diez solo uno es mujer. En cuanto a la disposición en el banquillo (formado por tres bancos), esta nos dejó la imagen de Torrijos sentado junto a Mellet y el exconcejal Crespo; mientras a su espalda se sentaban Domingo Enrique Castaño y uno de los directivos de Sando.
Otra de las curiosidades del juicio, la encontramos de nuevo en las posiciones de los abogados. Dos hermanos tendrán que enfrentarse durante estos días; pues mientras José Manuel García-Quílez ejerce la defensa de Castaño su hermano Jaime García-Quílez lleva la acusación en representación de Mercasevilla. Asimismo, entre los abogados estaba sentado uno de los acusados, Jorge Piñero, quien por su condición de letrado ha optado por llevar su defensa, pese a que le asiste el decano de los abogados.