«De tres a cuatro años» es el tiempo que tarda el Servicio Andaluz de Salud (SAS) en resolver las reclamaciones patrimoniales por alguna negligencia médica, según denuncia tanto la asociación El Defensor del Paciente como abogados que tienen pendientes asuntos por resolver por la Administración sanitaria andaluza, cuando el plazo debería ser de tan solo seis meses. A esto, luego hay que sumar otros tantos años más si finalmente se opta por acudir a la vía judicial. Solo en 2016 el SAS recibió casi seis centenares de reclamaciones y se resolvieron 414.

«Siempre se producen dilaciones, pero tenemos muchos casos en los que llega a ser de tres y cuatro años, cuando deberían contestar a los seis meses», señala Damián Vázquez, abogado de la asociación El Defensor del Paciente. Las reclamaciones patrimoniales se plantean cuando ocurre una negligencia médica el afectado puede reclamar, si así lo considera, una indemnización por los daños sufridos.

Este recurso se presenta ante el SAS que lo deriva a su Servicio de Aseguramiento y Riesgos, que a su vez solicita al centro que prestó la asistencia toda la documentación relativa al paciente y los informes sobre lo ocurrido. Precisamente, es en este paso donde según denuncian algunos abogados es donde se produce el primer problema. «Tengo un par de casos que se presentaron hace ya casi cuatro años y aún estamos esperando que se dicte el preceptivo informe médico», señala un letrado que prefiere no dar su nombre, pero que tiene dos casos pendientes desde 2014, uno de ellos con consecuencias tan graves como un fallecimiento. «Es lamentable», añade.

Una vez que se elabora ese dictamen médico, se da trámite de audiencia al reclamante para que presente las alegaciones oportunas. El SAS realiza entonces una propuesta de resolución y si la reclamación supera los 60.101 euros se solicita también dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía. La Gerencia del SAS es la que emite la resolución definitiva.

Habitualmente, la respuesta «suele ser negativa», indica Vázquez, por lo que la opción que tiene el paciente es recurrir a la vía judicial. No obstante, por silencio administrativo, si no se ha obtenido una respuesta, también se puede acudir a esta vía. Según los datos del SAS de las 414 reclamaciones resueltas en vía administrativa en 2016, el «85 por ciento son desestimatoria y el 15 por ciento de las que se consideran estimatorias, en el 10 por ciento de los casos la estimación es parcial y solo en el cinco por ciento la estimación es total». La aceptación de estos errores médicos supuso para el SAS un coste de 1,7 millones de euros, a los que hay que sumar otros siete millones de euros en indemnizaciones de expedientes que se resolvieron en vía administrativa. Según explica Vázquez el baremo utilizado es el mismo que para los accidentes de tráfico, aunque en «2016 se ha revisado». En este sentido, la presidenta de la asociación Carmen Flores recuerda que la indemnización es «mayor según el tipo de secuelas que si se produce un fallecimiento».

El SAS, que asegura tender al «error cero» pese al «riesgo» que conlleva cualquier actuación, admite el retraso y explica que en 2018 «se pondrán en marcha líneas de actuación para agilizar y reducir los tiempos de resolución». Para ello, «se avanzará en mejorar la calidad de la documentación clínica y los informes que realizan las unidades asistenciales para responder de forma detallada a las reclamaciones, de modo que facilite la labor del Servicio de Aseguramiento y Riesgo». Para ello, cada centro sanitario debe nombrar «a un responsable de Responsabilidad Patrimonial que será el encargado de agilizar la tramitación de la documentación necesaria y tutorizarla», para lo que en enero recibirán «formación específica».