Como ya ocurrió en las vísperas de la Semana Santa, la Policía Local de Sevilla trabaja durante estos días en desmantelar apartamentos ilegales. Si hace un par de semanas el centro de actuación era el centro de la ciudad, ahora se ha trasladado al entorno del recinto ferial de Los Remedios. Ayer se informó de la localización y la denuncia correspondiente a los propietarios de dos viviendas localizadas en la Avenida Adolfo Suárez, junto a la portada de la Feria de Abril, y la calle Vergara, que pretendían ofertar estos espacios de forma irregular como apartamentos turísticos.
La primera de estas viviendas se encontraba ya reservada para cuatro personas durante la semana de feria por 150 euros al día. Las otras dos viviendas habían comercializado un precio de 200 euros al día para un número similar de ocupantes. Además, los agentes localizaron una cuarta vivienda en las proximidades que había presentado la documentación en regla.
Los últimos informes que maneja el Ayuntamiento de Sevilla cifran la oferta ilegal en la ciudad en unas 18.000 camas. «Nos jode la existencia. Ahora mismo yo estoy barriendo mi casa para entregarle esta tarde a unos turistas. Trabajo, pago mis impuestos, unos 4.500 euros al año y tengo mi licencia de apartamento turístico», cuenta Juan Cortina, propietario de una estas viviendas legales que existen en la ciudad.
Todos estos alquileres se denuncian al no estar declarados en el Registro de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía que regula esta actividad, por lo que no garantiza los derechos de los consumidores, suponen una competencia desleal a la oferta reglada y un fraude fiscal por parte de sus comercializadores. «Nos hemos adaptado a las nuevas fórmulas de comercio que se desarrollan a través de internet. De este modo conseguimos paliar el efecto negativo que este tipo de transacciones provocan en la economía, el turismo y en la convivencia de los vecinos», apuntó ayer el delegado de Movilidad, Seguridad y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera.
El consistorio aprobó a comienzos de mes una serie de m medidas para combatir esta modalidad de negocio ilegal. Por una parte se ha encargado un estudio jurídico a la Gerencia de Urbanismo y la Agencia Tributaria sobre medidas que se puedan poner en marcha para limitar el uso de estas viviendas como uso turístico. Otra opción podría ser la de gravar en las nuevas ordenanzas fiscales la actividad de este tipo de viviendas.
«Está muy bien que se tomen medidas contra estas viviendas, pero los controles deberían de ser igual de rigurosos que lo que lo son con los que tenemos todo en regla. Tenemos que pasar cientos de requisitos, algunos que incluso no están incluidos en el decreto de al Junta sobre viviendas turísticas», se queja Juan Cortina. Además, cree que había que poner el acento en las 2.000 viviendas legales que hacen su trabajo en la ciudad. «Muchas veces nos incluyen en el mismo saco y no nos parece justo. Fíjese como es la cosa que entre los propietarios tenemos creados un grupo de Whatsapp que tiene el nombre de Los Delincuentes, y como comprenderá no lo somos», apunta.
El equipo de gobierno de Juan Espadas maneja también otras opciones para atajar esta modalidad de turismo en negro. Como ya sucede en otras ciudades como Barcelona o Madrid, Sevilla podría adoptar una limitación por barrios del uso de viviendas privadas como alojamientos turísticos a partir de la creación de un coeficiente por cada bloque de vivienda.
Cortina también hace de abogado del diablo y señala la ambigüedad del decreto sobre viviendas turísticas que aprobó la Junta de Andalucía: «No está muy claro que sea ilegal que se pongan anuncios en portales que no sean turísticos. Es ilegal poner un anuncio en un balcón, pues no lo sé». Una de las cosas que considera clave para combatir este negocio alternativo es que las plataformas y portales de internet obliguen a cada una de las viviendas que se anuncian a ella a que justifiquen su oferta con el número de licencia de vivienda turística: «De momento, sí que Booking lo hace y lo exige siempre, pero estaría bien que otras también adoptaran esta medida. Sería una buena medida de prevención», asegura
