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Presión policial a un piquete durante la huelga general de 2010 en Sevilla. / Paco Cazalla -
Trabajadores amenazados de muerte y silenciados por reclamar mejores condiciones laborales, apaleados y en muchas ocasiones asesinados. El mundo del siglo XXI se parece demasiado al de los Mártires de Chicago, asesinados en 1886 por reclamar la jornada de ocho horas y que es el origen del Primero de Mayo. Países desarrollados como EEUU incumplen de manera sistemática los derechos laborales y otros, como España, retroceden décadas. Es lo que expone el informe anual de la Confederación Sindical Internacional, a la que están afiliados los sindicatos españoles CCOO, UGT, ELA y USO.
España está situada en una escala de 3 en una escala de calificación de 5: violaciones regulares de los derechos laborales. Al mismo nivel que Marruecos, Angola o Etiopía. Hace menos de 10 años estaba en el nivel 2 (violaciones repetidas de los derechos), donde siguen Portugal, Brasil o Canadá. En el nivel 1 (violaciones irregulares de derechos) están Francia, Alemania y los países nórdicos.
Y hay peores países: EEUU se sitúa en el nivel 4: violaciones sistemáticas de los derechos. Ucrania y Grecia en el 5: derechos no garantizados. Y luego están los estados fallidos: Libia, Siria... (nivel 5+).
La última amenaza a los derechos de los trabajadores en España es la Ley de Seguridad Ciudadana, que entró en vigor en julio de 2015. Para la Confederación Sindical Internacional (sí, las siglas son CSI) la llamada Ley Mordaza incluye «polémicas modificaciones que afectan gravemente el derecho a la libertad de reunión y de expresión» como multas de hasta 600 euros por no notificar a las autoridades toda manifestación en zonas públicas, incluso en el caso de protestas pacíficas. Asimismo, las autoridades pueden imponer multas de hasta 30.000 euros en caso de protestas que resulten en una perturbación grave de la seguridad ciudadana, en las inmediaciones del Congreso de los Diputados, el Senado y los edificios donde tengan lugar las asambleas autonómicas.
Por otra parte, las manifestaciones no comunicadas o no autorizadas cerca de infraestructuras críticas pueden conllevar multas de hasta 600.000 euros.
Pero además, sigue la CSI, cerca de 300 sindicalistas se enfrentan en España a procedimientos administrativos y penales. «Si se suman las peticiones de penas de prisión en su contra, superan los 120 años de cárcel», reza el informe. La Fiscalía empezó a remitirse al artículo 315.3 del Código Penal, que contempla penas de tres a cuatro años y medio de prisión.
Los incidentes se acumulan: El 29 de septiembre de 2010 CCOO y UGT convocaron una huelga general para expresar su rechazo a las medidas que había adoptado el Gobierno –todavía, Zapatero– en materia laboral y que suponían un fuerte retroceso en los derechos de los trabajadores. «El comportamiento de la policía no contribuyó al normal desarrollo de la huelga [en la factoría de EADS-CASA], sino que propició que se produjeran diversos incidentes que culminaron con el uso por parte de los agentes antidisturbios de sus armas, realizando al menos siete disparos. Ocho sindicalistas fueron detenidos. Finalmente fueron absueltos en 2016.
El 29 de marzo de 2012, las dos principales centrales sindicales españolas, UGT y CCOO, convocaron una nueva huelga general contra las reformas de la legislación laboral, que haría más barato a los empleadores contratar y despedir trabajadores. Según cifras oficiales, la policía procedió a 176 detenciones y se registraron 104 heridos. Otras recientes reformas de la legislación laboral incluyen la reducción de las prestaciones por jubilación anticipada y desempleo parcial.
El 18 de febrero de 2013, la policía utilizó porras para dispersar a los manifestantes en el aeropuerto de Barajas. Era el primer día de una huelga contra los planes de Iberia de eliminar 3.800 puestos de trabajo y reducir salarios.