Los mercadillos, entre la regulación y la tradición

Resulta raro leer un texto sobre los mercadillos con el inconfundible estilo de la prosa oficial, pero lo cierto es que tienen su propia ordenanza reguladora, que los reconoce como «actividades de tradición histórica y cultural en Sevilla», nada menos. Por eso, y por el hecho de que se desarrollan en suelos de titularidad municipal y de dominio público, su regulación «constituye no sólo un mandato legal, sino un auténtico servicio de obligado cumplimiento que la Corporación debe asumir, al tener una idiosincracia propia, diversa a otras formas de comercio ambulante no sedentario».

Más allá de su encaje legal, el simple hecho de que sean 15 los mercadillos legales que existen en Sevilla refleja la importancia que este tipo de comercio tiene en la ciudad. Porque son poco menos que una legión los ciudadanos que realiza alguna compra en ellos. El actual equipo de Gobierno, de hecho, anda metido en plena regulación del sector, en el que trabajan alrededor de 1.400 comerciantes y que tradicionalmente no resulta sencillo de controlar.

El Ayuntamiento creó en julio la Comisión Municipal del Comercio Ambulante, con el objetivo declarado de «conferir un impulso a la regularización de los mercadillos». La mera enumeración de los implicados en la comisión ocupa su buen párrafo, lo que una vez más da cuenta de lo variopinto de esta actividad comercial ambulante y regulada. Es seguramente un caso único de comercio que permite comprar un kilo de tomates en un puesto, un par de zapatos en el de al lado y ropa interior en el de enfrente. Y todo eso tiene que estar ordenado.

En la mesa del comercio ambulante están representadas, según fuentes municipales, las cuatro asociaciones de vendedores ambulantes de Sevilla: la Asociación de Comerciantes Ambulantes (ACA), la Asociación de Vendedores Ambulantes Madre de Dios (AVAM), la asociación Las Torres y la asociación Las Monjas. Completan la mesa el alcalde, Juan Espadas, como presidente; la teniente de alcalde, Carmen Castreño, como vicepresidenta; vocales de las delegaciones de Seguridad, Educación, Bienestar Social y Hábitat Urbano; el delegado del Distrito Sur; los gerentes de Urbanismo y de Lipasam; un representante de cada grupo político del pleno municipal; la Confederación de Empresarios de Sevilla, la Cámara de Comercio, el Consejo Municipal de Consumo y el secretario general del Ayuntamiento.

Este afán regulador del gobierno local tiene además un –lógico– sentido económico. La Delegación de Economía, Comercio y Relaciones Institucionales tiene planteada una convocatoria de 170.000 euros dirigida a asociaciones regularizadas de venta ambulante. «El objetivo es contribuir a profesionalizar y ordenar el sector en el marco de todo el plan de regularización que se está llevando a cabo», apuntaba en septiembre el Ayuntamiento, que desvelaba que esta reordenación permitiría acceder también a un dinero procedente de la Junta de Andalucía al que se pudo optar en octubre. En el mismo acto de constitución de la Comisión Municipal del Comercio Ambulante, su vicepresidenta, Carmen Castreño, ya animó a las cuatro asociaciones del sector representadas a que aceleraran el proceso de regulación, puesto que la Administración autonómica preveía sacar –lo hizo en octubre– una línea de ayudas para mejoras en las infraestructuras en los mercadillos, y el Ayuntamiento sólo podría acogerse a esas subvenciones para aquellos que estuvieran plenamente regularizados. De momento, cumplen la normativa los mercadillos de la calle Estrella de Oriente, en Pino Montano, y el de la Ronda del Tamarguillo. Quedan otros 13. Al final, la provincia de Sevilla recibirá 65.168,45 euros: 48.876,34 en 2016 y 16.292,11 en 2017, según publicó el BOJA el 18 de este mes. No parece mucho si se compara con los 142.134,02 que acabarán en Cádiz o los 103.915,65 que irán a parar a Córdoba.

Lo cierto es que la regulación, el menos en la documentación, es estricta. Para empezar, está definido casi al milímetro todo lo que se puede vender en un mercadillo. A saber: productos alimenticios de temporada como frutas, verduras, aceitunas, caracoles y cabrillas...; artículos textiles y de confección; calzados, pieles y artículos de cuero; artículos de droguería y cosméticos; productos de artesanía y bisutería, y, por último, otra clase de mercancías, como objetos de regalos y ornato de pequeño tamaño. Las normas, como puede anticiparse –no es lo mismo vender una sandía que unos pendientes–, no son iguales para todos.

La duración de la autorización, se lee en la ordenanza municipal, «será por un período de 15 años que será prorrogado, a solicitud de la persona titular, por otro plazo idéntico, una sola vez, con el fin de permitir a sus titulares la amortización de las inversiones y una remuneración equitativa de los capitales invertidos». Todo muy pormenorizado, por ahora en los documentos legales. Falta todavía el salto a la realidad.