Los órganos sindicales de Universidad de Sevilla exigen responsabilidades ante la «deficiente» actuación en el caso del catedrático

La Junta de Personal Docente e Investigador (PDI) y el Comité de Empresa del PDI laboral de la Universidad de Sevilla (US) han suscrito una declaración conjunta a raíz del caso del catedrático Santiago Romero, condenado penalmente a siete años de cárcel y al pago de 110.000 euros de indemnizaciones --con la Hispalense como responsable civil subsidiaria-- por tres abusos sexuales continuados y un delito de daños psicológicos sobre dos profesoras y una becaria de investigación en Ciencias de la Educación.

En el texto de la declaración, a la que ha tenido acceso Europa Press, dichos órganos sindicales expresan su «unánime» apoyo a las tres víctimas, así como la condena más «enérgica» contra los hechos ocurridos y las disculpas por no haber podido evitar, «aunque desde la acción sindical y parte del PDI se intentó», el «sufrimiento y padecer» de estas docentes en los últimos años.

La Junta de Personal y el Comité de Empresa, que exigen responsabilidades a los gestores implicados ante lo que consideran una «deficiente» actuación de la sede académica en el asunto, ha resaltado la «valentía» de las víctimas al denunciar los abusos, «y la acción de la Justicia finalmente ha servido para condenar esta situación que nunca debió ocurrir en nuestra institución».

Desde que se denunciara a finales de 2010 la situación de acoso laboral y sexual que estaban sufriendo hasta el día de la notificación de la sentencia condenatoria, el 10 de enero de 2017, los tres equipos de gobierno sucesivos de la US han respondido, para los sindicatos, de manera «muy deficiente».

En primer lugar, «no se tomó ninguna medida hasta que se convocaron dos concentraciones y se hicieron públicos varios comunicados sindicales exigiendo medidas cautelares para evitar que continuaran los abusos en nuestra universidad, protegiendo así a las denunciantes y a otras personas que pudiesen estar padeciendo la misma situación».

«Después, cuando se tomaron medidas cautelares no fueron las adecuadas, ya que no se suspendió al abusador de empleo y sueldo –como se exigió reiteradamente desde las denunciantes y los sindicatos– y se trasladó a las valientes compañeras, víctimas de los abusos, a otras universidades. Además, se le concedió un año sabático al abusador y se dividió el Departamento de Educación Física y Deporte (donde se produjeron los abusos) en dos subdepartamentos (A y B), de manera que el abusador siguió manteniendo su posición de poder y campando a sus anchas por nuestra universidad», lamentan.

Y es que, según la Junta de Personal y el Comité de Empresa, «aunque separaron el horario de clases de la compañera víctima que siguió trabajando en nuestra universidad y el del acosador, en turno de mañana y tarde, esto no impedía, como sucedió en ocasiones, que pudieran encontrarse por los espacios comunes de la facultad».

Tras la sentencia condenatoria, y «a la vista de los daños ya causados a las víctimas», entienden las centrales sindicales que es necesario que Romero sea expulsado de la plantilla de PDI de la US.

Piden una comisión independiente

Desde los órganos sindicales de representación de la plantilla se exige además que la Hispalense abra una investigación interna y que realice una comisión independiente «para averiguar qué falló a la hora de responder a la denuncia y por qué se produjeron los fallos, para que una vez que se conozca exactamente lo que pasó, se depuren las responsabilidades políticas pertinentes y se tomen las medidas de control interno necesarias para que no vuelva a suceder algo así en nuestra universidad».

Además, el actual rector, Miguel Ángel Castro, «debe reconocer públicamente que los anteriores rectores entre 2010 y 2016 y sus equipos de gobierno se equivocaron y no actuaron con la debida diligencia y contundencia». También piden la dimisión del decano de Ciencias de la Educación y de la dirección del Departamento de Educación Física y Deporte, por no ofrecer el apoyo necesario a las víctimas e incluso «promover la defensa» del catedrático.

«Lamentamos, igualmente, el encubrimiento, el silencio y el apoyo que el abusador ha estado recibiendo durante años de algún PDI de su facultad, cuando se era consciente de sus prácticas despóticas y abusivas», añaden.

Por último, se reclama realizar un homenaje oficial a las tres denunciantes «por su contribución a la igualdad y la lucha contra los abusos y por una universidad más democrática y justa»; la modificación y mejora del protocolo antiacoso y el mecanismo de su aplicación «para evitar, en el futuro, una indebida respuesta ante casos de abuso y acoso laboral y sexual»; y reintegrar a la carrera de funcionaria en la US a la profesora Encarnación Santamaría, profesora de la Facultad de Medicina, que fue expulsada de la universidad y de su plaza de funcionaria «de forma totalmente irregular, hace ahora más de nueve años, cuando la profesora se encontraba afectada por una crisis de ansiedad y estrés, resultado del ambiente en su puesto de trabajo».

«A esta profesora no se tardó en expulsarla de la institución y de su condición de funcionaria por una resolución rectoral firmada de forma precipitada, 72 horas después de que la profesora pidiese un cambio de plaza, y sin razón fundada alguna, como así se ha demostrado en la información jurídica que la afectada, con el apoyo de la Junta de Personal, ha presentado al actual rector», apostillan.