Sevilla cuenta con un sistema de cobertura y sostén social que garantiza a aquellas personas que pasan por serias dificultades económicas que no se quedarán sin vivienda y que podrán afrontar los recibos de los suministros básicos. Así lo aseguró ayer el delegado de Bienestar Social y Empleo, Juan Manuel Flores, que hizo un balance de estos dos años y medio de mandato en materia de servicios sociales. «Hemos hecho los deberes y ahora la ciudad cuenta con un sistema bien encauzado», resumió.
Desde el comienzo del mandato, en junio de 2015, hasta ahora el gobierno local ha establecido un protocolo para evitar que se le corte la luz o el gas a los hogares sevillanos así como aportar cuantías para ayudar al pago de los recibos de alquiler o de la comunidad. Unas líneas de financiación que han contado este año con un presupuesto de casi cuatro millones y medio, de los que el 75 por ciento se han destinado a la lucha contra la pobreza energética.
En este sentido, el Ayuntamiento ha suscrito en este tiempo convenios con Endesa, Gas Natural, Unión Fenosa e Iberdrola desde el arranque del mandato. Un acuerdo con las grandes suministradores con los que evitar los cortes por motivos económicos a familias, que cuenten con informes de los Servicios Sociales, a los que se le suma una línea de ayudas directas a los hogares para afrontar el pago de recibos. Para lograr este objetivo, se han destinado este año 990.000 euros que han permitido el abono de 3.584 recibos. Una cifra que supone un incremento superior al 300 por ciento respecto a la cuantía con la que se contaba en 2015, cuando las ayudas llegaron a 1.237 familias –un 190 por ciento menos que este año–.
El delegado quiso destacar, dentro de este balance, que la concesión de las ayudas depende de los servicios sociales, con lo que es «un sistema garantista» pues «el color político de quienes estén en el gobierno no condiciona la decisión». Flores sacó pecho del trabajo hecho por su delegación para configurar esta estructura que garantiza los recursos básicos a los hogares. «Es para felicitarse. De no tener nada en 2015 contamos con un buen sistema, en el que hay que mejorar cosas, pero que funciona».
Esta línea de ayudas, con las que se da cumplimiento a los acuerdos de investidura alcanzados con IU y Participa Sevilla, se complementa con la financiación que el Ayuntamiento destina a resolver los problemas de vivienda. En este sentido, el delegado avanzó que las partidas también han ido creciendo en este tiempo. «En 2015, cuando no llevaba ni 24 horas en el cargo me vi en la Oliva buscando una solución para una familia con dos niños que tenía los muebles en la calle, por suerte ahora tenemos mecanismos para evitar que esto no suceda».
Flores explicó que estas ayudas, que se conceden a través del Programa de Prestaciones Públicas Complementarias también se han reforzado durante este ejercicio cuando se han alcanzado los dos millones de euros en 1.430 ayudas concedidas para el pago de cuotas de vivienda en cumplimiento de los acuerdos plenarios y los compromisos del gobierno. Esto supone prácticamente el doble de las que se gestionaron en el año 2015 cuando se invirtieron 935.821 euros –un 114 por ciento menos que actualmente– para conceder 955 prestaciones.
Igualmente, este año se han concedido 1.052 ayudas para el pago del recibo de la comunidad, gracias a una partida de más de 660.000 euros, así como 96 recibos de hipotecas con un presupuesto de 78.858 euros.
Casi 850.000 euros más para afrontar 12.000 recibos
A toda la línea de ayudas de los suministros básicos se le suman las partidas que se destinan a pagar los recibos de Emasesa con los que se garantiza que en los hogares sevillanos no falte el agua, en cumplimiento de los acuerdos plenarios. En coordinación con los servicios sociales y los distritos se generó una red de apoyo a las familias que ha permitido este año que se abonen 12.000 recibos por un importe de 840.000 euros. Respecto al año 2015, inicio del mandato, esto supone un incremento superior al 2.000 por ciento puesto que en aquel ejercicio sólo se abonaron 481 recibos por un importe de 37.000 euros.