Más de la mitad de los sevillanos pide una ordenanza para los pisos turísticos

En este sondeo, que ha estado activo durante 45 días y es requisito indispensable para iniciar cualquier normativa municipal, han participado unas 500 personas de las que más de la mitad, 61,59 por ciento, reclama la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que planteó el gobierno local para crear una calificación distinta para estos alojamientos, que actualmente están dentro de la misma categoría que los domicilios particulares, cuando realmente es una actividad económica y turística. Y es que cuando se elaboró esta norma urbanística, que es la hoja de ruta del desarrollo de la ciudad –de 2006– no se había desarrollado este modelo de negocio. Esta diferenciación facilitaría su control, la imposición de impuestos y tasas específicas, además de ser el paso previo a la elaboración de una ordenanza específica para regular y limitar los apartamentos con fines turísticos. Una iniciativa que igualmente ha contado con una cifra alta de apoyos, 70,36 por ciento.

Así, las dos propuestas clave que planteaba el Consistorio hispalense para tratar de poner coto a este fenómeno que se ha ido incrementando exponencialmente en los últimos siete años, son bien acogidas por los sevillanos que consideran igualmente que la norma, en el caso de la ordenanza, debe aplicarse para el conjunto de la ciudad y no limitarse a las zonas más turísticas de la capital hispalense, que son las que más presión de estos alojamientos soportan. En concreto, y según el índice de presión turística, en el Casco Antiguo se sitúa en el 19,76 por ciento y en Triana en el 4,6 por ciento.

De hecho, es significativo que son los vecinos de estos dos distritos los que más han participado. El 41,75 por ciento en el caso del centro –200 personas– y el 9,60 por ciento en Triana –46 personas–. Por edades, los sevillanos de entre 30 y 65 años han sido los que más se han implicado –el 80,7 por ciento–.

La primera conclusión es que las viviendas turísticas deben ser equiparadas a los establecimientos hoteleros. En cuanto a las limitaciones, se propone que se permitan solo en las plantas bajas o primera, con accesos independientes o en edificios exclusivos. En este sentido, se plantean incluso la posibilidad de establecer unos ratios por manzana o barrios. Es decir, definir zonas saturadas de estos alojamientos al igual que sucede con el ruido en determinados puntos de la ciudad. Estas medidas estarían especialmente dirigidas a los distritos donde ya hay una mayor presencia de estos negocios.

Igualmente, consideran que las comunidades deberían dar permiso para la apertura de estas viviendas turísticas, limitar el acceso de los inquilinos de estos pisos a las zonas comunes y establecer unas normas de convivencia. Así, plantean especialmente los problemas vinculados al ruido proponiendo condiciones de insonorización así como la retirada de las licencias en caso de incumplimiento reiterado. Para ello, piden el establecimiento de inspecciones periódicas, más control de las viviendas turísticas ilegales, la creación de un cuerpo específico de la Policía Local encargado de su seguimiento e inspección y aplicar medidas que permitan una rápida respuesta municipal ante posibles denuncias.

En materia fiscal, piden adecuar los impuestos y tasas al uso real que tienen estos alojamientos además de un incremento del IBI y la equiparación con los establecimientos hoteleros.

Finalmente, los sevillanos han propuesto la posibilidad de establecer distintos criterios a la hora de la limitación en función de la situación o el precio de los alquileres, el número de pisos disponibles para el uso residencial, fijar un número de viviendas turísticas por propietario así como acotarlos en el tiempo (entre 60 o 90 días al año).