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El centro de salud del Polígono Sur es uno de los que más número de agresiones lleva registrados. / Antonio Acedo
El pasado mes de diciembre, el sindicato CCOO despedía el año reclamando a las instituciones un plan integral que frenara la «pandemia» de agresiones sufridas en 2016 por los funcionarios de prisiones; algo que vaya «más allá de una mera declaración de intenciones». Por las mismas fechas el sindicato Anpe para la asistencia jurídica y psicológica a los profesores víctimas de la conflictividad escolar –ante las 146 denuncias de agresiones del pasado curso– exigía a la Junta que dote al profesorado de autoridad pública en el ejercicio de su función a través de una norma con rango de Ley, tal y como ocurre en otras comunidades autónomas. Sin embargo, ninguno de los colectivos profesionales afectados por este tipo de conflictividad cree que el problema se vaya a atajar de manera contundente. El catálogo de posibles soluciones es más bien una retahíla de peticiones. Otro sindicato, Csif solicitó con urgencia hace un par de semanas que Instituciones Penitenciarias adopte medidas «urgentes» que impidan la repetición de agresiones físicas.
Entre 2014 y 2016 se registraron más de 1.000 situaciones violentas hacia funcionarios, según los últimos datos de la Dirección General de Función Pública. Ante esta grave situación, la Administración ha anunciado que de, forma inminente, pondrá en marcha un Plan de Prevención y Actuación ante la Violencia Laboral, en la que se divulgará los recursos existentes (protocolo de actuación y póliza de seguro de defensa jurídica para empleados del Servicio Público de Empleo Estatal).
El plan anunciado incluye la instalación en los ordenadores de las oficinas de empleo de un ‘botón SOS antipánico’, un programa informático con la finalidad de lanzar un aviso a los compañeros indicando una posible situación delicada. La Dirección General del Sepe comenzó a instalarlo en junio de 2016 en el marco de un proyecto piloto. El aviso se activa pulsando la combinación de teclas Ctrl+F9. Por otra parte, también se ha preparado una guía con indicaciones sobre los tipos de agresiones que no se deben permitir bajo ningún concepto, consejos para identificar los indicios de agresividad en el usuario, gestionar los conflictos, protegerse si la violencia va en aumento, tácticas verbales o no verbales y consejos jurídicos para los casos en los que lamentablemente resulte agredido. La Administración ya ha instalado carteles específicos situados a la vista de los usuarios en las oficinas, donde de manera explícita se recuerda la prohibición de agredir a los empleados públicos, avisando de las consecuencias legales de estas acciones. Asimismo, los carteles piden respeto a los trabajadores y prohiben el uso de cámaras o dispositivos móviles para amenazar o posteriormente atentar contra la intimidad del empleado público en redes sociales. En las cárceles, según el CSIF, «la Administración todavía se sigue negando a extender un protocolo específico, pese a que así lo acordó con los sindicatos en 2015».
Si las agresiones a funcionarios dibujan una línea creciente, las que atañen a los médicos descienden muy moderadamente desde 2014. En Sevilla, en 2015 (no se tiene todavía el dato de 2016), fueron 15 las agresiones denunciadas en el Colegio de Médicos, frente a las 27 del año anterior. Sin embargo, esta asociación de profesionales juzga la protección institucional y critica «escasas o nulas medidas que implanta el Servicio Andaluz de Salud (Sas)». Basan su principal rechazo en no estar tipificadas las faltas leves, con lo que «se deja fuera del ámbito punitivo gran parte de los comportamientos agresivos más frecuentes como por ejemplo, las coacciones y los insultos».
Sí que, a cambio, se han auspiciado convenios firmados con Fiscalías y Administraciones autonómicas en diversas comunidades autónomas que han servido para avanzar en «procedimientos judiciales rápidos, expeditivos y ejemplarizantes, en los que la consideración como delito de atentado contra la autoridad pública ha sido esencial», según el Colegio de Médicos hispalense. Por su parte, el Sindicato de Enfermería, Satse, demandó el pasado año con motivo del Día Nacional contra las Agresiones en el Ámbito Sanitario, que el Gobierno trabaje en la elaboración de una normativa específica que proteja a los profesionales de todo tipo de agresiones, tanto físicas como verbales.
Otro de los colectivos sensibles es el del profesorado. Tanto el Sindicato Anpe Andalucía como el Defensor del Profesor, entienden que para avanzar en la reducción de los problemas de convivencia en las aulas andaluzas «es necesaria una mayor dotación de recursos, especialmente en la atención al alumnado con mayores necesidades educativas», según la coordinadora autonómica del Defensor del Profesor, Charo Siguero, y el secretario de comunicación de Anpe-Andalucía, Antonio Brea. «Es fundamental que la Junta de Andalucía dote al profesorado de autoridad pública en el ejercicio de su función a través de una norma con rango de Ley, tal y como ocurre en otras comunidades autónomas».