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El autobús al aeropuerto es una de las alternativas al taxi para llegar a San Pablo. / El Correo
La conflictividad del taxi se ha convertido en pocos meses en un asunto prioritario en la agenda municipal tras años de olvido. Los altercados que han tenido al sector como protagonista no son algo nuevo. Las agresiones entre los propios taxistas o con el autobús del aeropuerto forman parte de la historia reciente de la ciudad. La llegada de nuevas fórmulas como los vehículos con conductor, Cabify, Blablacar o Uber han traído consigo un rebrote de los incidentes.
El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado un paquete de medidas para solventar esta situación y evitar que el conflicto no solo siga sino que se termine enquistando, sobre todo de cara a las próximas fiestas de la primavera en las que la ciudad recibe un importante volumen de visitantes y, por lo tanto, se juega que su imagen salga mal parada.
Por ello, el delegado de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores del Ayuntamiento, Juan Carlos Cabrera, mantuvo una reunión de trabajo con las dos asociaciones mayoritarias con representación en el Consejo de Gobierno del Instituto Municipal del Taxi (Unión Sevillana del Taxi e Hispalense Solidaridad del Taxi) y responsables de la compañía de prestación de servicios de alquiler de vehículos con conductor incluido Cabify para abordar los últimos problemas de competencia surgidos entre ambas partes y garantizar, así, «el buen funcionamiento del servicio público» por parte de sus profesionales.
Para enterrar el hacha de guerra, el Ayuntamiento venía anunciando la posibilidad de aumentar el número de agentes en los dos focos de conflicto por excelencia y la instalación de una parada con barrera para los taxis concertados, unas decisiones que no terminaban de adoptarse. Tras la reunión con el sector la pasada semana, Cabrera asumió las reclamaciones de las asociaciones mayoritarias de taxistas y anunció que se establecería a partir del día de hoy un servicio nuevo y fijo de la Policía Local en el aeropuerto de San Pablo y en la estación de trenes de Santa Justa, que estará formado por 12 agentes. Esta nueva unidad es una antigua propuesta municipal. Hace años la ciudad ya contaba con un grupo de policías destinados a ambos lugares aunque la unidad terminó por desaparecer debido a que los agentes fueron jubilándose y sus puestos no se volvieron a cubrir. De esta manera, la unidad se verá reforzada para «vigilar los conflictos que sufre el sector» y «evitar conductas irregulares». Y es que en la actualidad, la Policía Local mantiene desplegados a una pareja de agentes por turno en el aeródromo de San Pablo, una dotación mínima que no puede hacer frente a la situación ya que ni siquiera están durante toda la jornada pues dependen de las necesidades del servicio y del número de agentes disponibles en la calle cada día.
A esto se le sumarán otros ocho agentes que, desde el 24 de febrero, compondrán la plantilla del servicio que investigará el intrusismo y las conductas irregulares en el conjunto del sector del transporte –son cuatro agentes en la actualidad–. Se establecerá, además, una mayor coordinación con la Policía Nacional en aquellas conductas que pudieran ser constitutivas de delito.
El calendario de medidas se completará el próximo 6 de marzo cuando está previsto que el delegado mantenga una reunión con la dirección del aeródromo de San Pablo para tratar modificaciones en el interior del recinto aeroportuario para habilitar una zona específica para servicios previamente concertados, acotada y controlada por la Policía Local para reforzar la vigilancia contra el intrusismo y asegurar que toda la documentación de los vehículos con conductor esté en regla y que los servicios se realizan en condiciones de seguridad. Por último, el gobierno municipal elevará a la Junta de Andalucía una solicitud para que se concreten «los términos exactos» que cabría entender por concertación de servicios, entre ellos la duración.
Cabrera, al igual que ha hecho en repetidas ocasiones el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, llamó a todas las partes a poner todo lo que esté en sus manos para atajar de una vez el conflicto que empaña la imagen del taxi y de la propia ciudad de Sevilla. «Se van a intentar poner las condiciones para que se produzca el trabajo con normalidad».
Los representantes de la mesa de los vehículos con conductor y de Cabify, que también estuvieron presentes en la reunión, se comprometieron en la reunión a no realizar la captación de clientes en el área de influencia del servicio de taxi. En un mes, si persisten estos problemas, las partes se han comprometido a mantener una nueva reunión.
«Este equipo de gobierno está realizando un gran esfuerzo para ajustar la oferta y la demanda en el taxi y contribuir, así, a la rentabilidad de sus profesionales. Y quiero lavar la imagen de estos profesionales, que los hay magníficos. Por eso no podemos permitir que se interfiera en esa estrategia con servicios que, aunque legales, están cruzando ya líneas rojas, ni tampoco actuaciones delictivas que comprometan la imagen de todos los profesionales y de la ciudad e incluso del servicio público en sí para todos los sevillanos», dijo el delegado a quien los dirigentes de las asociaciones del taxi ya han advertido que, si las medidas no se ponen en marcha, proseguirán las movilizaciones.
Más rotundidad
Las medidas adoptadas por el gobierno local han encontrado réplica en los partidos de la oposición y la sociedad sevillana. Los empresarios de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), que tildan de «lamentable» la imagen que se da de la ciudad, defienden el derecho de las empresas de alquiler de vehículos con conductor al «libre ejercicio de su actividad», respaldando así a compañías como Cabify. La patronal, que mostró su «total apoyo» al Consistorio en las medidas que está poniendo en marcha, consideró fundamental la conexión ferroviaria del aeropuerto con Santa Justa, al igual que sucede en ciudades cercanas como Jerez o Málaga, y para lo que reclamó la cooperación de la delegación del Gobierno y el consistorio.
Precisamente la puesta en marcha del cercanías es una de las propuestas de Ciudadanos. Su portavoz, Javier Millán, vio positiva la implantación de «una específica y mayor dotación policial para vigilar el conflicto» pero lamentó que «siga sin hablarse claramente y con medidas específicas de la libre competencia de todos los taxistas sevillanos en el aeropuerto, como la implantación del turno rotatorio avalado por la Justicia».
El líder de la formación naranja en el Ayuntamiento hispalense se refiere así a una sentencia que data de 2002 que avala que se repartan en turnos los taxis en el aeródromo sevillano, una petición histórica de la asociación minoritaria Foro Taxi Libre, que desde entonces nunca ha llegado a aplicarse. Millán consideró además que «el gobierno sigue sin mostrarse rotundo contra el monopolio existente y contra los violentos» y exigió «valentía y una solución definitiva».
Por su parte, el portavoz del PP, Alberto Díaz, hizo un llamamiento al diálogo para mejorar la prestación pública del servicio del taxi. El PP tiene previsto mantener reuniones con todos los implicados, con todas y cada una de las asociaciones para escuchar de primera mano los problemas que plantean cada uno. «Con diálogo y consenso se pueden llegar a acuerdos para acabar con la mala praxis e intrusismo en el sector del taxi». Díaz insistió en que «por el bien de la ciudad, para dar una buena imagen al turista es necesario dialogar y llegar a un acuerdo. Acuerdos que deben cumplirse».
Desde IU se han exigido distintas medidas encaminadas a mejorar el sector y que vienen reclamando desde el inicio del mandato. Se trata de propuestas como la puesta en marcha de una emisora pública del taxi. Una «demanda histórica del sector que vendría a cubrir las carencias actuales y a mejorar la calidad de este servicio». A esto se le suma el rescate de licencias o la mejora de algunas paradas.
Por último, Participa Sevilla también ha reclamado que se vigile estrechamente el uso del carril taxi, así como que la Policía Local haga cumplir la normativa municipal y sea muy estricta si realizan servicios que puedan ser considerados como competencia desleal. «El Ayuntamiento debe formar a sus propios agentes para que actúen correctamente y aborden esta complicada situación de la mejor forma posible, antes de que los enfrentamientos llegue a más».