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Varias patronales de escuelas infantiles y los sindicatos han convocado movilizaciones. / El Correo
El nuevo decreto-ley que regula las escuelas infantiles pasó el trámite de su convalidación en el Parlamento con los votos de PSOE y C’s y el rechazo de PP, Podemos e IU que critican la «mercantilización» de la educación de 0 a 3 años y la «guerra de precios» que permite al abrir la puerta a que cualquier centro privado tenga plazas subvencionadas y dejar que rebaje hasta un 15 por ciento el precio público de la plaza fijado por la Junta (209,16 euros mensuales). En Sevilla, 462 guarderías privadas se han adherido al nuevo modelo y de ellas 58 han utilizado el margen para rebajar el precio que permite la Junta. Supone el 12,5 por ciento, muy por encima de la media de la comunidad.
En total son 1.729 centros privados los que se han adherido al sistema (300 por primera vez y el resto guarderías de titularidad municipal o que en los últimos cuatro años estaban conveniados con la Junta) y 110 los que ofertan la plaza a un precio inferior al máximo fijado por la Junta, lo que supone un 6,3 por ciento. Sevilla duplica ese porcentaje y copa la mitad de las escuelas infantiles que han optado por esa rebaja.
El nuevo sistema de financiación de la educación infantil fue aprobado por decreto por el Gobierno andaluz entre críticas de la oposición, los sindicatos y las patronales que representan a los centros conveniados hasta ahora como Aeiou y CEI. Antes de la reforma, la Junta firmaba convenios por cuatro años con centros privados cuyas plazas estaban subvencionadas mediante bonificaciones a las familias de entre el 25 y el 100 por cien del precio público fijado por la Junta, que desde 2009 mantiene congelado en 209,16 euros mensuales (más 69,72 euros al mes por el comedor). El sector lleva años reivindicación el aumento de ese precio público al considerar que no cubre el coste real del servicio que en este tiempo ha ido aumentando.
Este año expiraban los convenios con los centros privados y la Consejería de Educación anunció un cambio en el modelo de financiación del primer ciclo de educación infantil, que no es obligatorio ni gratuito, a las puertas de comenzar el proceso de solicitudes de plazas. Ello provocó las críticas del sector, que denunció además la falta de diálogo y que ha protagonizado movilizaciones y dos jornadas de huelga convocadas por CCOO el miércoles y ayer (con un seguimiento del 80 por ciento según los organizadores y del 8 por ciento según la Junta).
La Junta defiende que el nuevo modelo incorpora 15.016 plazas más a la oferta de puestos escolares subvencionados hasta alcanzar las 113.010 plazas para niños de 0 a 3 años el próximo curso. Alega que abre además la posibilidad a más centros privados de colaborar con la Junta en «concurrencia competitiva» en vez de restringirlo a un número limitado que no se podía renovar hasta expirar los convenios cada cuatro años. Ese espíritu de «concurrencia competitiva» es el que critica la oposición, que ve una «mercantilización» de esta etapa educativa agravada por la posibilidad de ofrecer varios precios.
Antes, los centros conveniados tenían que cobrar el precio público fijado. Inicialmente la Junta estableció el mismo precio, 209,16 euros, pero como máximo y sin límite para rebajarlo, si bien ante la presión del sector y la oposición el decreto señaló que los centros sólo podrían rebajar ese precio máximo hasta un 15 por ciento, es decir, 177,79 euros mensuales. En Sevilla, una veintena de escuelas infantiles han apurado al máximo ese margen de rebaja.
No es el único aspecto polémico del decreto, en el que la Junta se ha visto obligada a hacer modificaciones para lograr el apoyo de C’s. Así, las bonificaciones del 25, 50, 75 o 100 por ciento del precio de la plaza a las familias se sustituyen por un sistema de becas con un presupuesto cerrado de 175 millones de euros y con más tramos (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100 por cien del precio). Para la Junta ello permite que más familias se beneficien de ayudas pero la oposición critica que el presupuesto sea casi el mismo que otros cursos y además cerrado, con lo que se reducirá la cuantía de ayudas que recibirán las familias de rentas medias. El Gobierno se ha comprometido con C’s ha corregir errores de salto en los límites de renta establecidos para algunos tramos.
Además, inicialmente, sólo se podía solicitar estas ayudas en un plazo cerrado, lo que impedía acceder a ellas a las familias que escolarizaran a sus hijos a mitad de curso incluso en aquellos casos en los que el 1 de septiembre el niño no tuviera aún los cuatro meses, la edad mínima a la que son admitidos. De nuevo la presión obligó a la Junta a permitir que durante el curso también se puedan pedir las becas. Los cambios permitieron que C’s apoyara al PSOE para sacar adelante el decreto y rechazar la petición de PP y Podemos para tramitarlo como proyecto de ley y poder hacer enmiendas.