Moción del PSOE al pleno en demanda de la «rehabilitación del poder adquisitivo» de las pensiones
Los socialistas pedirán también reclama la eliminación del factor de sostenibilidad establecido por el PP en la Ley 23/2013, porque «reducirá las pensiones de jubilación en función de la esperanza de vida de la cohorte correspondiente a partir del 1 de enero de 2019».
El grupo socialista del Ayuntamiento de Sevilla defenderá en el próximo pleno ordinario una moción, que reclama al Gobierno central del popular Mariano Rajoy la rehabilitación del poder adquisitivo de las pensiones y la defensa del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que ha pasado de los 66.815 millones de euros que acumulaba en 2011, a los 8.085 millones de euros de la actualidad.
En un comunicado, el PSOE recuerda el préstamo contemplado en los Presupuestos Generales del Estado de 10.192 millones de euros del Estado a la Seguridad Social, apostando por «la derogación de todos los cambios legales introducidos a lo largo de la legislatura 2011-2015 en relación a la regulación de la jubilación anticipada y de la Ley reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones de la seguridad social, para facilitar la recuperación del poder adquisitivo de las pensiones a través de la actualización de las mismas conforme al IPC como sucedía hasta 2011».
En este sentido, el PSOE también reclama la eliminación del factor de sostenibilidad establecido por el PP en la Ley 23/2013, porque «reducirá las pensiones de jubilación en función de la esperanza de vida de la cohorte correspondiente a partir del 1 de enero de 2019».
En paralelo, el PSOE aboga por «la racionalización de los gastos del sistema público, desplazando a los Presupuestos Generales del Estado 2018 aquellos gastos que no corresponden a prestaciones».
Igualmente, «resulta imprescindible asegurar la permanencia del Sistema Público de Pensiones ampliando sus presupuestos a través de dos vías», como son el incremento de la financiación de la Seguridad Social a través de nuevos ingresos procedentes de impuestos extraordinarios a la banca y a las transacciones financieras, y la «intensificación de la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social».