El asbesto o amianto, un grupo de minerales que al ser manipulado desprende pequeñas fibras que entran en el cuerpo por vía inhalatoria y que se alojan en los pulmones, ha matado en España solo entre 1994 y 2008 a 3.943 personas. Se calcula, asimismo, que fallecen al año unos 700 trabajadores como consecuencia de su exposición al amianto.
Las enfermedades que puede llegar a provocar no son menores: mesotelioma –tumor–, asbestosis –una enfermedad crónica que puede llegar a requerir un trasplante e incluso causar la muerte por insuficiencia respiratoria–, cáncer de pulmón y laringe, estas son dolencias que están reconocidas como enfermedades profesionales. Pero estas patologías no son las únicas que pueden desarrollar las personas que han estado expuestas al amianto. También pueden sufrir placas pleurales, EPOC, atelectasia, enfermedades pleurales y cáncer de colón, entre otras. Unas dolencias que tardan en dar la cara entre 30 o 40 años. Por ello es muy difícil facilitar datos fiables sobre el número de víctimas a causa de este material.
Según expone el presidente de la Asociación de Víctimas de Amianto de Andalucía (Avida), Antonio Delgado, las cifras de las que disponen son muy dispersas, no hay una visión de conjunto. Recuerda que solo por la fábrica de uralita de Bellavista pasaron más de 2.000 trabajadores entre 1939 y 1999, cuando la empresa cerró. A ellos, avisa Delgado, hay que sumar las mujeres de estos operarios que han caído enfermas por lavar la ropa del trabajo y los vecinos de las empresas donde se manipulaba amianto. Remarca, asimismo, que también han estado expuestos al amianto trabajadores de otras empresas como los de «Astilleros y Renfe», por lo que insiste en que es complicadísimo facilitar el número de fallecidos o de enfermos por culpa de este material.
Todas estas personas han pasado verdaderos calvarios para poder ser indemnizadas, aunque después de décadas batallando, a primeros de mes recibieron una buena noticia: el Gobierno aprobó una proposición de ley para crear un fondo de compensación para ayudar a las familias de los fallecidos por el amianto y a las personas que estuvieron expuestas a él. La iniciativa contó con el respaldo del PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, PNV, Compromís, EH Bildu y Foro Asturias. El PP, sin embargo, se abstuvo.
Los afectados por este material han reaccionado de forma muy positiva, porque permitirá el acceso a las ayudas «a todas las personas afectadas por cualquier patología producida por el amianto, solucionando así el problema que tienen aquellos enfermos que no pueden reclamar judicialmente sus derechos al haber desaparecido ya las empresas en las que trabajaron, o de personas que han enfermado por vivir o trabajar cerca de los lugares con gran presencia de amianto en el ambiente». Este fondo, según Avida, también vendría a sustituir los largos procesos judiciales que habitualmente finalizan «cuando la persona ya ha fallecido».
Solo por poner algunos ejemplos, trabajadores de Uralita han interpuesto dos denuncias colectivas contra la empresa, que no han satisfecho sus peticiones y que además, según el juzgado en el que cayeron, las indemnizaciones que se impusieron a la firma fueron muy dispares. La de lo social número 8 fue más acorde con las demandas de los damnificados, mientras que el 5 redujo considerablemente las indemnizaciones que solicitaban los operarios. Las dos resoluciones fueron recurridas ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que falló más en la línea de las peticiones de los trabajadores, pero tanto la empresa como los operarios han vuelto a recurrir ante el Tribunal Supremo. Un periplo judicial que se inició hace un lustro y que todavía no ha acabado.
El caso de la empresa de Uralita en Sevilla es el más conocido en la provincia, aunque esta siempre ha sostenido que ha desarrollado su actividad cumpliendo estrictamente con toda la legislación en materia de amianto, pero eso no ha sido óbice para que buena parte de su plantilla, familiares de estos y vecinos de la planta de Bellavista hayan sido o sean víctimas del amianto.
A pesar del peligro que conllevaba construir viviendas sobre el solar en el que se levantaba la fábrica de Uralita, tras una limpieza a fondo en la que se eliminó el material, se edificó la urbanización Jardines de Hércules, con 1.700 pisos.
En las inmediaciones de la planta de Uralita, la zona conocida como Cortijo de Cuarto, un suelo propiedad de la Diputación que fue contaminado por amianto porque una de las tuberías de la antigua fábrica desaguaba en el arroyo que había allí, la Corporación provincial inició su limpieza en verano de 2015. La tarea, que ha concluido recientemente, consistió en la retirada de la tierra contaminada, su traslado a un centro de tratamiento de residuos, y el rellenado con tierra sin contaminar, para que la parcela volviese a su estado originario. Estas labores no han resultado fáciles, porque la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente llegó a dictaminar desfavorablemente sobre la culminación del proyecto de recuperación voluntaria del suelo, algo que al final ya ha concluido satisfactoriamente. Según fuentes de la Diputación, el solar cuenta con un certificado de limpieza que afirma que todo el solar está ya descontaminado.
Como el amianto fue muy utilizado en la construcción en los años 70 y 80, muchos colegios tienen elementos de este material. Para su eliminación, la Junta de Andalucía ha elaborado un plan que se desarrollará en varias fases que concluirán en 2022. Para 2018, Educación ha presupuestado 1,7 millones de euros para retirar amianto en 29 centros escolares de toda la provincia.
Otro espacio que contenía amianto es el Teatro de la Maestranza, donde incluso la Inspección de Trabajo llegó a poner una sanción grave por deficiencias en la retirada de este material, localizado en unas placas de fibrocemento que servían de aislante acústico en el arco del escenario.
Otro espacio que fue noticia recientemente es la antigua fábrica de lejías Los Tres Sietes de Camas. Ecologistas en Acción denunció en marzo de este año que las ruinas de esta empresa, que cerró hace seis años, suponían un peligro para el medio ambiente y los vecinos. Por ello, este colectivo ecologista reclamaba la limpieza de la zona. Meses después de esta alerta, la empresa que adquirió los terrenos procedió a retirar todos los restos de amianto.
Estos edificios son solo unos casos de la presencia del amianto en muchas construcciones, pero quizás ahora uno de los problemas más graves es la sustitución de los 40.000 kilómetros de tuberías para agua potable hechas de fibrocemento que todavía quedan en España y que contienen amianto.
La Comisión de Medio Ambiente del Congreso aprobó en marzo de este año, con el apoyo de todos los grupos salvo el PP, reemplazar estas conducciones por otras que no sean perjudiciales para la salud. El fibrocemento fue uno de los materiales más usados en España entre 1940 y finales del siglo pasado, especialmente en todo lo relacionado con aislamientos, tanto por lo barato que era como por su flexibilidad. Su comercialización se canceló en 2001.
