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El sanitario es un sector especialmente castigado por las agresiones, dentro o fuera del centro. / El Correo -
En las oficinas del SAE se viven puntualmente momentos de tensión que terminan en agresiones verbales o físicas. / José Luis Montero -
Las esperas para sacarse el DNI hacen que los usuarios la paguen con los funcionarios. / CCOO
«No podía esperar a que algún día me pegaran»
Trabajadores públicos relatan el infierno en forma de agresiones, verbales o físicas, que alguna vez han tenido que soportar en su puesto
En los centros de servicios sociales sevillanos «se dan muchas situaciones violentas porque la gente está desesperada y se altera», pero hasta hace unos meses no habían llegado a materializarse en agresión física. Ana (nombre ficticio) se llevó un puñetazo en el ojo después de que un usuario del edificio en el que trabaja perdiera los papeles. «Había un revuelo en la recepción y no teníamos personal de seguridad en ese momento, así que salimos para calmar los ánimos y, en un momento dado, la situación se descontroló y recibí un golpe», relata esta trabajadora. A su centro llegan diariamente muchas personas de escasas habilidades sociales, con problemas graves que el personal intenta resolver a pesar de sus condiciones precarias, las cuales provocan una atención más lenta –se han llegado a cerrar servicios por falta de personal– o cambios constantes de profesionales. Todo ello «contribuye a aumentar la tensión de los usuarios que se atienden», según denuncian desde Comisiones Obreras (CCOO).
Y aunque los trabajadores de este tipo de centros está especialmente sensibilizado para lidiar con la problemática que sufre quien acude a pedir ayuda, lo cierto es que «estos hechos más graves han empeorado en los últimos tres años, teniéndose que incrementar el número de centros que tienen seguridad», apunta CCOO.
Ana, no obstante, resta importancia a la agresión porque, efectivamente, es capaz de ponerse en la piel de su agresor, al que conoce personalmente por llevar «algún tiempo tratando con él». Por eso, lejos de achantarse –ni siquiera se dio de baja a pesar de que el puñetazo le provocó una «pequeña lesión en el ojo»–, aprovecha la ocasión para reiterar la petición de personal de seguridad, no solo para su centro, sino para el resto, «porque a todos nos gustaría poder hacer nuestro trabajo tranquilos», al igual que se queja de que ha recibido escaso «apoyo municipal» tras la agresión.
En el caso de Laura –de nuevo la trabajadora prefiere no identificarse–, no hubo ningún golpe, «pero no podía esperar a que sucediera cualquier día». Tras dos meses de insultos y vejaciones en su nuevo destino –un servicio concreto prestado en un centro cívico de un barrio desfavorecido de la capital–, no tuvo más remedio que darse de baja ante la «insoportable situación» que vivía diariamente. Un grupo de jóvenes se había hecho dueño de la sala en la que trabajaba, «armando jaleo constante», molestando al resto de usuarios y haciendo un mal uso de las herramientas que se ponían a su disposición. Y si Laura se atrevía a llamarles la atención, la respuesta eran amenazas o escupitajos.
Aunque al principio aguantaba el chaparrón, un conflicto con un usuario que había pasado un tiempo en la cárcel le llevó a solicitar la baja laboral: «No lo pude soportar más. Y eso que yo he trabajado en otros centros en los que había gente conflictiva, pero esta situación no hay sueldo que pueda pagarla», lamenta mientras manifiesta que está «psicológicamente machacada» ya que su titulación, en este centro, para lo máximo que le ha servido ha sido para «mandar a callar».
Un agravante del calvario sufrido, de nuevo, fue la falta de personal de seguridad, pues aunque su servicio tuvo durante algún tiempo un control de acceso vigilado, un cambio en la política de gestión del centro garantiza el «libre acceso» a su servicio, quitando al guardia y, con él, su hasta entonces relativa protección.
De insultos y de intentos de agresión física saben un rato los funcionarios de las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), quienes también aguantan la desesperación de determinados usuarios a la hora de solicitar la prestación. Javier, empleado de un centro de Algeciras, informaba a un expresidiario de que no le correspondía cobrar el subsidio por haber estado en la cárcel menos de seis meses –los presos tienen derecho a 24 meses de paro siempre y cuando hayan estado más de medio año encerrados– y, sin mediar palabra, «el hombre se levantó de la silla e hizo amago de coger la impresora grande con la que sacamos los documentos necesarios para los usuarios para tirármela encima». De la desgracia física le salvaron, por un lado, que el aparato estaba atornillado a la mesa y, por otro, que el vigilante se abalanzó sobre el agresor y lo expulsó de la oficina. «Me tuve que meter un rato en un despacho para relajarme, porque me había acojonado», recuerda Javier sobre un episodio que nunca podrá olvidar, pero que no le impidió seguir ejerciendo su trabajo con normalidad.
Ni las malas noticias ni las esperas son buenas compañeras para alguien que espera ser atendido en algún servicio, como en el caso de la expedición del DNI. En algunas provincias andaluzas, supone una auténtica odisea para el usuario, que acaba pagándolo con el trabajador de turno. Pasa en Cádiz, donde Patricia –nombre ficticio–, empleada de una comisaría, tiene que soportar casi a diario insultos como «‘vaga’, ‘maleducada’ o ‘floja, que solo te dedicas a dar paseos’, si me levanto para algo, ya sea hacer mi trabajo o si me paro a desayunar». Claro que ella entiende el malestar del ciudadano que, tras esperar dos meses para sacar el documento –es el tiempo medio de espera en la actualidad–, se encuentra con que hay dos funcionarios donde tendría que haber seis. La presión de esa carga de trabajo que tiene que soportar ha provocado que uno de sus compañeros sufriera un infarto mientras que otros han tenido ataques de ansiedad. Ella misma ha precisado de atención médica.
Precisamente un sector muy castigado por las agresiones es el sanitario. Sus profesionales también tienen que lidiar a menudo con situaciones de mucha tensión que acaban derivando en ataques por parte de usuarios, y pocos son los centros de salud o edificios hospitalarios que no han tenido que denunciar a algún paciente o familiar tras haber amenazado o golpeado a algún trabajador.
La más reciente se produjo en Córdoba, en el Hospital Reina Sofía, hace tan solo tres días, cuando una celadora del centro fue víctima de una paliza al alertar de que dos mujeres que repartían flores en las inmediaciones del hospital intentaban robarle el monedero a una señora con la que estaban hablando y, apenas una semana antes, un vigilante de seguridad del centro de salud del Polígono Norte, en Sevilla, resultó herido por arma blanca por una paciente que sufrió, al parecer, un brote psicótico, presentándose con un cuchillo en el centro para amenazar al personal.
Pero no necesariamente tiene que suceder cuando el paciente acude a recibir atención. Nicolás es enfermero en un centro de salud de un pueblo de Málaga y, en octubre, acudió a un aviso a domicilio, en concreto, en un cortijo «en el que supuestamente había un extranjero que estaba terminal». Al llegar y tomarle la tensión, el paciente se incorporó de manera agresiva «y me pegó tal hostia que me tiró al suelo». El agresor, que estaba borracho y drogado, intentó seguir pegándole, pero afortunadamente Nicolás pudo escapar junto al médico y al técnico de la ambulancia. No tardaron en acudir a poner una denuncia ante la Guardia Civil, pero cuando esta intentó localizar al individuo, fue imposible. Desde el pasado octubre, de hecho, aún nadie ha dado con él.
Ahora, tras un mes y medio de baja, Nicolás no acude a ningún aviso en el que se alerte de que el paciente muestra agresividad, «salvo que se me garantice que está allí la Policía». En el Servicio Andaluz de Salud (SAS) le ofrecieron apoyo psicológico tras la agresión, si bien no lo aceptó por contar con un seguro privado. «Aunque he pasado mucho miedo, poco a poco voy recobrando la normalidad en mi trabajo», asegura.