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Las juezas Núñez y Alaya.
El enfrentamiento manifiesto entre las juezas Núñez y Alaya ha escrito otro capítulo más esta semana. La nueva titular del Juzgado de Instrucción número 6 ha arremetido duramente contra su antecesora esta vez por la causa de la formación, acusándola de elaborar «teorías sobre conspiración y tramas delictivas» junto a la UCO de la Guardia Civil y el PP. No es la primera vez que la política se mezcla en los reproches entre ambas, pues Alaya ya lo hizo al alegar la «amistad» de su sucesora con el consejero de Justicia, Emilio de Llera, como motivo para que fuera apartada de las macrocausas por corrupción. Una pelea que, desde luego, en poco beneficia a la Justicia.
La marcha de la jueza Alaya a la Audiencia Provincial de Sevilla y la llegada de su sustituta al Juzgado de Instrucción número 6 abrió una guerra que aún sigue abierta entre ambas. El archivo de la causa de la formación, macrocausa que Alaya dejó en una fase incipiente aún y que pretendía mantenerla mediante una comisión de servicio que demorara su incorporación a su nueva plaza, ha sido el detonante esta vez. María Núñez Bolaños contesta en su auto al recurso presentado por el PP-A a su decisión de archivar el caso tras la petición planteada por la Fiscalía. Si ya la semana pasada la magistrada arremetía contra las macrocausas que comienzan «la casa por el tejado» en una resolución por el caso de los avales de la Agencia IDEA, esta vez carga contra la investigación llevada a cargo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la que acusa de «elaborar teorías sobre la conspiración y tramas delictivas», lamentando que este «criterio operativo para iniciar causas penales», sea «avalado» por el PP-A, que ejercía la acusación popular.
Núñez no llega a citar en ningún momento a su antecesora, pero está claro que mientras estuvo al frente del Juzgado de Instrucción número 6, Alaya hizo suyas las conclusiones a las que fue llegando la UCO en sus diferentes atestados. Y sus críticas coinciden justo con el momento en el que la conocida jueza Alaya ha mostrado su malestar con la falta de independencia de la Justicia, alabando abiertamente la labor de las acusaciones populares en estas macrocausas contra la corrupción. «La única solución es que estos procedimientos se mantengan gracias a las acusaciones populares», dijo recientemente la magistrada en una conferencia impartida en Granada y en la que lamentó la injerencia de la política.
A Núñez no le ha temblado el pulso en acusarla veladamente de «conspirar» junto al PP y a la UCO, menos aún después de que fuera la propia Alaya la que recurriera a las posibles vinculaciones políticas de su compañera en un escrito remitido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en un intento desesperado por mantener bajo su paraguas las macrocausas que le han elevado a la categoría de azote de la corrupción y que hicieron temblar los cimientos de la política andaluza y española. En aquella ocasión, la magistrada hablaba sin tapujos de la «amistad» de Núñez con Emilio de Llera, quien antes de ser consejero de Justicia fue fiscal de la Audiencia Provincial de Sevilla.
Pero Alaya no solo se quedó en las posibles afinidades, sino que también acusó a Núñez de no tener la capacidad suficiente para hacerse cargo de estos procedimientos –ERE, Formación y los avales de la Agencia IDEA–, alegando que ella provenía de un juzgado de Familia, al frente del cual había estado once años y que, por tanto, carecía de la formación en el ámbito Penal necesaria. Ahora, parece que Núñez se ha tomado la revancha y en su auto también critica la falta de conocimientos adecuada de los que han estado al frente de la investigación del presunto fraude con los cursos de formación. «El examen y análisis en profundidad y con seriedad de los informes técnicos que se realiza por la Intervención General de la Junta de Andalucía o por la Cámara o Tribunal de Cuentas, requieren de un conocimiento especial y especifico en derecho administrativo en sus diferentes materias y ramas. Se requiere de una especial formación en derecho administrativo cuyo desconocimiento puede llevar a conclusiones erróneas». A lo que añade: «En el caso de los jueces tenemos una jurisdicción especializada para el conocimiento de esta materia variada, diversa y compleja».
La magistrada va más allá y no se queda solo en la crítica, sino que recuerda que estas causas «pueden causar un grave perjuicio a muchas familias, en este caso andaluzas, cuya fuente de ingreso y sustento se vio truncada, además de las personas que dejaron de recibir una formación necesaria y útil para su vida profesional. Pero lo más grave es el daño que se causa a personas cuya honorabilidad y profesionalidad se pone en cuestión viéndose abocadas a defenderse como presuntos delincuentes en el proceso. Los jueces no trabajamos con papel sino con personas, detrás de cada expediente o proceso hay familias y personas, por ello no es legítimo ni justificable utilizar maniobras para dilatar o mantener vivo un procedimiento». Después de esto, ¿habrá próximo capítulo?