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El abogado de la sargento, Fermín Vázquez, muestra la sentencia en su despacho. / Manuel Gómez
«Declaro el derecho a la recurrente a que la Administración demandada le confiera destino en el Seprona». Es la decisión adoptada por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 11 tras la demanda presentada por una sargento de la Guardia Civil, que denunció irregularidades en su unidad, y que desde entonces ha llegado a tener abiertos 12 procedimientos contenciosos y otros tres penales. María Teresa Serrano fue cesada y cuando intentó optar por concurso a su puesto fue apartada, quedando la plaza desierta. Ahora, una jueza dice que la decisión «no estaba suficientemente motivada, ni justificada» e incluso habla de «imparcialidad».
La sentencia, que aún no es firme, supone que «en uno de los numerosos expedientes que se han dictado contra María nos viene a dar la razón en que hay unos motivos espurios, no hay motivos objetivos que sean de peso para justificar que no sea una persona apta o adecuada para desarrollar la labor que hacía en el Seprona», señala el abogado de la agente, Fermín Vázquez. Además, «incluso deja caer cierta actuación arbitraria de la Dirección General de la Guardia Civil y, en concreto, de la Comandancia de Sevilla», añade el letrado.
Todo arranca después de que la sargento denunciara presuntas irregularidades cometidas por un subordinado de su equipo de las que ella dio traslado a sus superiores y que acabaron en una investigación abierta por el Juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla. Supuestamente, el cabo elaboraba las alegaciones a las empresas que previamente habían sido denunciadas por el Seprona, pero el caso se archivó porque los delitos habían prescrito. «El juez calificó los hechos de delictivos pero por haber habido dilación por las personas que tenían que haber puesto el dedo en la llaga en aquello. Se ha dejado prescribir y ahora resulta que la víctima se convierte en agresor», dice Vázquez.
A partir de entonces la convivencia con este cabo «se hace insoportable», una situación de la que ella informa a sus superiores, «que no hacen nada, solo le dicen que eduque a sus subordinados». Por entonces ya estaba al frente de la Guardia Civil en Sevilla el coronel jefe Fernando Mora Moret. El 6 de marzo de 2015 se produjo una reunión en su despacho, a la que también asistieron dos de sus superiores más inmediatos, que para la sargento «fue un varapalo porque en lugar de apoyarla, fue tratada con una actitud agresiva, a voces, hasta el punto de que salió llorando». En cambio, fuentes de la Guardia Civil aseguran que la situación fue justo la contraria, «fue ella la que llegó dando voces».
Tras esta reunión a la suboficial se le han abierto dos expedientes disciplinarios que han caducado. Posteriormente, ella interpuso una denuncia contra los tres asistentes a la reunión por trato humillante y vejatorio, abuso de autoridad, deslealtad e incumplimiento de deberes inherentes al cargo, que finalmente fue archivada por el Tribunal Togado que calificó los hechos «una riña paternal». La suboficial fue cesada en febrero de 2016 por «rendimiento insatisfactorio», «total falta de aptitud» o «falta de capacidad para lograr el respeto de sus subordinados», entre otros motivos, y en abril su plaza salió a concurso. La sargento concurso pero quedó desierta porque adjudicarle la plaza «sería ir contra los propios actos». Además, perdió su especialidad y fue trasladada «de forma forzosa» a Madrid a la unidad de traslado de presos.
Ahora la magistrada, señala que esta decisión «no estaba suficientemente motivada ni justificada» y que la situación de «conflicto no puede considerarse provocada por la actitud de la sargento, que cuenta con numerosas felicitaciones» y añade que la «conflictividad laboral existente no puede resolverse apartando a la sargento y si se hace así», impidiendo que un concurso de méritos prevalezcan sobre tales méritos razones de necesidades del servicio, deberán ser estas cumplidamente acreditadas y justificadas». La jueza también pone en «duda la imparcialidad» de Mora, pues fue quien realizó la propuesta de no adjudicación del puesto.
Fuentes del Instituto Armado recuerdan que la denuncias presentadas por la sargento «han acabado archivadas» y lamentan que la magistrada «se haya extralimitado, pues no se ha ceñido a la cuestión que se planteaba en la demanda que era el concurso, cuando además sobre la situación de conflictividad ya se han pronunciado otros juzgados, que han acabado archivando las denuncias de la sargento». Además, recuerdan que esta sentencia, que va a recurrir el Ministerio del Interior, «es una cuestión administrativa» y que aún está pendiente que otro juzgado se pronuncie sobre el cese.
El abogado de la sargento defendió, en cambio, que «si esto no es una situación de acoso que baje Dios y lo vea», pues afirma que «nunca había visto más inseguridad jurídica y más atropello a los derechos de una persona». «La situación de María es tan injusta que yo como letrado me he atrevido sin su consentimiento a solicitar incluso una entrevista con la ministra de Defensa y con el ministro del Interior», concluyó.