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La familia residía en un séptimo piso en las Tres Mil Viviendas. /Javier Cuesta
Ocho años de prisión por abusar sexualmente de una de sus hijas y por someter a toda su prole «a una permanente situación de violencia y maltrato. Es el final de una terrible historia que para estos menores concluyó el 29 de noviembre de 2013, el día que la Policía Autonómica entró de madrugada en su vivienda del Polígono Sur para poder hacer efectiva la orden de desamparo dictada el 29 de mayo de 2013 por el Servicio de Protección de Menores.
Ese fue el fin de «noches con un ojo abierto» y de «despertares sobresaltados». Los menores tras ser retirados y pasar a vivir a centros tutelados y con familias de acogida comenzaron a contar un relato espeluznante, el de cuatro años sometidos a un «constante clima de violencia y permanente mancillamiento de la dignidad, integridad moral y libre desarrollo de la personalidad de los menores», según recoge la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia.
La Fiscalía de Sevilla y la acusación particular, ejercida por la Junta de Andalucía, solicitaban para Antonio M.U., de 34 años, más de 18 años de cárcel. Sin embargo, los magistrados le han impuesto solo ocho años de prisión, seis por el delito continuado de abuso sexual y otros dos por el de maltrato habitual, al considerar que con el testimonio de la menor «no está suficientemente acreditado» que sufriera agresiones sexuales. Los jueces dicen que el testimonio de la niña, que tenía 11 años cuando comenzaron los abusos, es contradictorio y no es lo suficientemente coherente como para acreditar «la existencia de violencia e intimidación relevante para cualificar los abusos en agresión sexual». La «duda razonable» del tribunal se ve «acrecentada» porque la exploración médica a la que fue sometida la menor cuando relató los abusos «no es en modo alguno concluyente», sobre si sufre lesiones provocadas por violaciones.
En cambio, los magistrados consideran que sí es posible «identificar verdad en los actos de abusos que relató desde un primer momento y ha mantenido después invariablemente», ya que su testimonio a este respecto ha sido siempre «coherente y continuo». Además, los jueces creen que «no existen motivos espurios en el testimonio de la menor» contra su padre, quien, según la sentencia, no está acreditado que cometiera todos estos hechos bajo los efectos del alcohol o las drogas. La hija incluso relata episodios estando sobrio.
Por ello, concluyen que «el padre pegaba constantemente a los hijos menores sin motivo o con cualquier pretexto, dirigió a su hija reiterados insultos y amenazas de muerte, le propuso consumir droga, la introdujo en la bañera del domicilio con agua fría como castigo y propició en la convivencia familiar un ambiente sexualizado al que expuso a sus hijos menores a sabienda de su inmadurez, obligando a su pareja, madre de los niños, a mantener relaciones sexuales incluso en el salón, despreciando conscientemente la posibilidad de ser vistos por los niños», como los menores relatan.
Además de la pena de prisión, donde permanece el padre de forma preventiva desde el 9 de marzo de 2016 por estos hechos, los jueces le imponen orden de alejamiento de 12 años para el caso de la menor y de seis años para el resto. Igualmente, le retiran la patria potestad de la niña, y de los otros hijos durante cinco años. También deberá indemnizarlos.
Una retirada compleja
Los siete menores fueron declarados en desamparo en mayo de 2013, pero hasta noviembre no pudieron ser retirados. La Policía Autonómica necesitó de un auto de entrada judicial para poder acudir al domicilio familiar, en las Tres Mil Viviendas, ante la falta de colaboración de los padres. Los agentes entraron en el piso, situado en una séptima planta, de madrugada y por la fuerza, apoyados por un fuerte dispositivo policial. El estado en el que se encontraron la vivienda era tal, que algunos agentes incluso salieron vomitando.