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Antonia Vicente, en plena reivindicación de su derecho a la vivienda. / El Correo
La mujer que habita sin título alguno un piso de Emvisesa junto a su pareja y sus tres hijas, dos de ellas menores, ha protestado este viernes ante el Ayuntamiento hispalense en demanda de una «solución» a su caso.
Mientras Antonia Vicente reconoce la «ocupación» ilegal del piso y asegura que las propuestas de solución ofertadas por el Ayuntamiento no son asumibles, el Consistorio defiende su «alternativa transitoria» y señala que los servicios sociales no han apreciado que esta familia se encuadre en las excepcionalidades gracias a las cuales podría acceder a una vivienda social por el trámite de urgencia.
A las puertas del Ayuntamiento, donde protagonizaba una sonora protesta, esta mujer ha dicho a Europa Press que desde el pasado 22 de junio, pesa sobre ella y su familia una «orden de desalojo inmediato», respecto a la vivienda protegida que desde hace meses ocupa ilegalmente en Sevilla Este. «No podía pagar mi casa, así que la tuve que entregar al banco y me vi obligada a ocupar una vivienda de Emvisesa», ha defendido, asegurando que la unidad familiar sólo cuenta con «la ayuda de 426 euros».
Mientras, el Ayuntamiento expone, según las fuentes municipales consultadas por Europa Press, que el procedimiento judicial ha sido promovido a cuenta de la «usurpación» de la vivienda cuando estaba en trámites de ser adjudicada y después de que los servicios sociales considerasen que estas personas no reúnen los requisitos para acceder por vía de urgencia a una vivienda social.
Según el Ayuntamiento, en los últimos meses esta familia ha contado con «alternativas habitacionales transitorias» para su situación, pero no las ha aceptado. La mujer, de su lado, expone que tales opciones se reducirían a «un hostal por las noches», sin solución para sus «muebles», o ayudas al alquiler. «Pero si nos quedan siete meses de ayuda familiar», ha enfatizado, defendiendo que su familia sufre una situación de «emergencia social» al contar sólo con ingresos de 426 euros y que acaba de sufrir una interrupción del embarazo de dos meses que tenía.
El concejal de Participa Julián Moreno, de su lado, ha manifestado que su formación no apoya la ocupación ilegal de viviendas públicas, pero reclama soluciones por la vía del «diálogo» y no mediante la «criminalización» de las familias.
El Ayuntamiento, en cualquier caso, insiste en ofrecer sus alternativas «transitorias», según el criterio marcado por los servicios sociales.