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Manuel Blanco, José Enrique Rodríguez y Julio Latorre afrontan el lunes su cita en Grecia. / El Correo
Una delegación de la Junta de Andalucía se desplazará a la isla griega de Lesbos para acompañar en el juicio a los tres bomberos sevillanos de la ONG Proem Aid que juzgarán allí por haber rescatado a refugiados en el mar, acusados de tráfico de personas, aunque la versión de los voluntarios humanitarios y la que cree la sociedad y las instituciones andaluzas es que les salvaron la vida. Ayer tocó el turno de manifestar este apoyo a la Junta de Andalucía: la consejera de Justicia, Rosa Aguilar, compareció en la comisión de Justicia e Interior a propuesta de Podemos, para informar de las medidas de apoyo a los bomberos sevillanos: Manuel Blanco, Julio Latorre y José Enrique Rodríguez.
En la comparecencia destacó que una delegación de la Junta «acompañará» durante el juicio a los encartados, que comenzará el lunes a las 9.00 horas en la ciudad griega de Mitilene, tras haber estado «desde el primer momento» con ellos, aunque los contactos se han «incrementado» al acercarse el juicio. Desde el entorno de la consejera explicaron que la delegación autonómica estará encabezada por la propia Aguilar.
Entre las gestiones pasadas, Aguilar destacó la «mediación» con el Ministerio de Asuntos Exteriores para que los recibiera el ministro Alfonso Dastis, quien les concedió «toda la ayuda consular». El Parlamento andaluz, recordó la titular de Justicia, ya los apoyó mediante una declaración institucional «y un aplauso» el 22 de marzo.
Y numerosas instituciones se han unido a apoyarlos: desde los ayuntamientos de Sevilla y Madrid a los sindicatos, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, la Asociación ProDerechos Humanos de Andalucía a artistas, personalidades de la cultura y numerosos particulares.
La diputada de Podemos Begoña Gutiérrez expuso que el entorno de los bomberos siente «miedo» porque las acusaciones son muy graves y con penas muy altas, de hasta 10 años. «Están sometidos a un juicio sin pruebas coherentes, cuando nos han dado una lección de humanidad. Lo que debería estar penado es dejar morir a los niños en el mar, no el salvarles la vida».
Aguilar, a menudo una oradora rigurosa, capaz de acorralar al adversario más correoso, le contestó hasta con cierta ternura: «Los conocemos, creemos en ellos y los apoyamos. Sabemos que son inocentes y actuaron en la plena legalidad. Estaremos con ellos y ojalá contribuyamos a que vengan de vuelta con una sonrisa».
Antes, en su exposición, recordó la peor crisis de refugiados que ha vivido Europa desde la II Guerra Mundial, en el mar Egeo entre 2015 y 2016, donde 8.800 personas, calcula el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) perecieron ahogados o desaparecieron. Entre ellos, el niño kurdo Aylan, icono que sacudió conciencias y espoleó a miles de voluntarios mientras la UE «ni tuvo una respuesta urgente, ni eficaz ni coordinada», rememoró Aguilar. Y después vinieron las concertinas en Hungría, el pacto con Turquía para que frenara a quienes huían de la guerra y el incumplimiento de los cupos de refugiados que se autoimpusieron países como España.