Segundo intento para que la Gavidia cuente con vigilancia

La antigua comisaría de la Gavidia busca vigilancia hasta final de año. Hasta ahí todo normal, si no fuera porque es la segunda tentativa por la que el Gobierno local de Juan Espadas trata de blindar el edificio, después de que el concurso para el servicio de seguridad convocado en noviembre para todo el año se declarara desierto ante la ausencia de aspirantes. Mientras se abría un nuevo proceso de adjudicación, el Ayuntamiento ha recurrido a un contrato menor de tres meses que ya habría expirado si se sigue, al pie de la letra, los pliegos de contratación, donde se asegura que la vigencia del contrato duraba «aproximadamente hasta el 30 de abril de 2017».

El anterior proceso se declaró desierto el pasado mes de enero una vez que las dos empresas que habían pujado por el servicio fueran excluidas por «no aportar la documentación requerida».

Aquel contrato se elevaba a 68.000 euros. En este segundo intento, de menor duración –hasta final de año–, cuenta con un presupuesto de licitación de 45.867 euros y cuenta con los mismos requisitos: un vigilante de seguridad durante diez horas diarias incluidos domingos y festivos, un servicio de coche de seguridad, un sistema de alarmas e instalación de cámaras, vídeo y monitor.

Así, se trata de proteger un edificio que lleva cerrado a cal y canto desde 2003 y sin un futuro definido. Es más, el último paso se ha dirigido más hacia concretar el estado en el que se encontraba el edificio. En esa línea, un informe técnico y arquitectónico encargado por Urbanismo determinó en mayo que la antigua comisaría, que data de 1962, se encuentra en mejores condiciones de conservación de las esperadas y que las patologías no revisten la gravedad que se temía, por lo que la posibilidad de derribarlo quedaba descartada. Pese a ese dictamen, Urbanismo sí que debía subsanar daños estructurales con un coste, cuantificado en su día por el Ayuntamiento, de algo más de un millón.

Antes, el pleno aprobó en 2015 una moción que paralizaba la modificación solicitada por el anterior gobierno del PP para cambiar la calificación de un inmueble, con la cual se frenaba la opción del centro comercial. Sin embargo, aún no se ha determinado ni su uso ni se atisban compradores del inmueble.