Seis atentados y once muertos

Sinrazón. La provincia de Sevilla ha sufrido media docena de atentados terroristas con víctimas mortales, el último fue en 2000, cuando tres etarras irrumpieron en la consulta del médico Antonio Muñoz Cariñanos

10 mar 2017 / 09:31 h - Actualizado: 21 nov 2016 / 18:31 h.
"Terrorismo","Víctimas del terrorismo","En pie contra la barbarie"
  • Centenares de personas se personaron en el lugar donde fue asesinado el doctor Antonio Muñoz Cariñanos. / Francisco Sánchez
    Centenares de personas se personaron en el lugar donde fue asesinado el doctor Antonio Muñoz Cariñanos. / Francisco Sánchez

Los atentados terroristas de ETA y de los Grapo han dejado un rastro sangriento en la provincia de Sevilla. Los ataques de estas organizaciones han causado la muerte de al menos 28 sevillanos, según los datos que maneja la Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo, que no descarta que pueda haber habido más víctimas mortales sevillanas. A estos 28 asesinados, se une la muerte de otro sevillano, un militar que pereció en un ataque yihadista mientras estaba realizando una misión militar fuera de España.

La barbarie terrorista también dejó heridas en otros 51 sevillanos, víctimas de la sinrazón que para curar sus lesiones tuvieron que andar un duro y largo camino.

La mayoría de estos sevillanos protagonistas involuntarios de atentados terroristas perdieron la vida o fueron heridos en ataques que tuvieron lugar fuera de Sevilla. En la capital hispalense se produjeron entre 1979 y 2000 seis atentados terroristas con víctimas mortales. En total fueron asesinadas 11 personas, cuatro por los Grapo y siete por ETA.

Los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (Grapo) fueron los primeros en matar. Fue el 9 mayo de 1979. Tres individuos descendieron de un coche junto al consulado de Francia y lanzaron ráfagas de metralleta contra la pareja de policías nacionales que custodiaba las instalaciones. Alcanzaron al agente Juan Manuel Torres León, que cayó en el suelo y fue rematado. El otro policía, Juan Torrebejano, pudo huir, pero también resultó herido, al igual que Carmelo Millán empleado de un tablao flamenco donde intentaron refugiarse los agentes.

Días después, el 25 de mayo, los Grapos volvieron a matar. En esta ocasión cuatro miembros de esta organización de extrema izquierda que viajaban en un vehículo levantaron sospechas a una patrulla policial. Dos de los terroristas huyeron y otros dos iniciaron un tiroteo matando al inspector de Policía Damián Seco Fernández y al transeúnte Antonio Cívico. El suceso tuvo lugar en el Polígono San Pablo. Uno de los terroristas resultó herido y otro fue detenido. Posteriormente, las fuerzas de seguridad descubrieron un piso franco en Santa María de Ordás, donde encontraron armas y explosivos. En él vivían tres hombres y una mujer que se dieron a la fuga.

Varios años más tarde, el 5 de septiembre de 1984, el objetivo de los Grapo fue el que era en ese momento presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), Rafael Padura. Dos miembros de los Grapo mataron a Padura en el interior de uno de sus establecimientos, un almacén de imprenta al que este empresario solía acudir a diario. Rafael Padura recibió dos disparos, uno de ellos en la nuca. Fue trasladado de urgencia al hospital Virgen del Rocío, pero no se pudo hacer nada por salvar su vida.

Los otros tres atentados terroristas mortales que sufrió la capital hispalense fueron realizados por ETA años después. El primero de ellos fue el 28 de junio de 1991 y fue el más sangriento de todos. La explosión de un paquete bomba introducido por ETA en la Cárcel Sevilla 1, también conocida como La Ranilla, causó la muerte de cuatro personas: el funcionario de prisiones Manuel Pérez Ortega, los reclusos Jesús Sánchez Lozano y Donato Calzado García y al ciudadano Raimundo Pérez Crespo que acudía a la antigua prisión de La Ranilla para visitar a un familiar. La detonación fue tan fuerte que también provocó heridas de diversa consideración a otros 30 ciudadanos.

El artefacto estalló sobre las 11.20 horas en una sala de paquetería de la cárcel, contigua a la sala de espera, donde se encontraban más de medio centenar de familiares, entre ellos muchos niños.

El paquete fue entregado por un empleado de la empresa de transportes Acha, procedía de Valladolid y su destinatario era el director de Sevilla 1, Javier Romero Pastor. La bomba explotó cuando estaba siendo revisada en el escáner de control. Su intensidad fue tan grande que destrozó la sala de seguridad, la de espera de familiares y la de comunicación. El despacho del director y las oficinas de administración también sufrieron importantes daños. El desconcierto y la falta de información llegó a provocar un pequeño motín por parte de un grupo de reclusos, que se amotinó en el tejado de la prisión para exigir información sobre sus familiares. Los reos nada más recibir datos sobre la situación depusieron su actitud.

Aunque el atentado de Sevilla 1 fue el más cruento, quizás el que más conmoción causó a la opinión publica sevillana fue el del concejal del PP Alberto Jiménez Becerril y el de su esposa, la procuradora Ascensión García Ortiz. Su asesinato se produjo el 30 de enero de 1998, en pleno centro de la capital hispalense, la calle Don Remondo, cuando la pareja se dirigía a su casa después de haber estado con unos amigos, tal y como hacían prácticamente todos los viernes. Dos terroristas dispararon a bocajarro a la pareja, sin que nadie viese nada.

El edil y su mujer, dos personas muy queridas en la ciudad por su cercanía y simpatía, dejaron huérfanos a tres niños de entre 3 y 8 años.

Pese a las amenazas de ETA, este matrimonio había seguido haciendo su vida normal. El nombre de Jiménez Becerril había aparecido tres años antes, junto al de otros concejales, en documentos incautados a un comando de ETA. Después del asesinato salió a la luz pública la hipótesis de que en el punto de mira de los terroristas podría haber estado la que por aquella época era alcaldesa de la ciudad, la popular Soledad Becerril, pero desistieron de su objetivo por la dificultad para poder atentar contra ella y entonces optaron por cambiar de víctima.

Estos asesinatos movieron los cimientos de la sociedad sevillana que se echó a la calle para protestar contra estos ataques terroristas. Por su capilla ardiente pasaron unas 45.000 personas y los funerales fueron presididos por la infanta Elena.

Además, pocos meses después y por unanimidad del plenario, el Ayuntamiento de Sevilla creó la Fundación contra el Terrorismo y la Violencia Alberto Jiménez-Becerril, una institución en defensa de la libertad, el respeto a la pluralidad, la convivencia y la tolerancia.

El último atentado terrorista mortal que tuvo lugar en Sevilla fue el 16 de octubre de 2000. ETA asesinó al coronel médico del Ejército del Aire Antonio Muñoz Cariñanos, de 58 años, casado y con tres hijos. Fueron tres los terroristas que irrumpieron en la consulta del doctor, en la entonces calle Padre Cañete –actualmente Coronel Médico Muñoz Cariñanos–, los que le tirotearon.

La colaboración ciudadana permitió la detención de dos de los etarras: Jon Igor Solana y Harriet Iragi.

La patrulla que los interceptó formaba parte del dispositivo de seguridad que se había montado una semana antes en Sevilla en una reunión que presidió el entonces director general de la Policía, Juan Cotino, con el objetivo de capturar al Comando Andalucía. Los terroristas no atendieron el alto que les dieron los agentes y se inició una persecución a pie, que finalizó con un tiroteo. Jon Igor se entregó, mientras que Harriet Iragi, herido en un hombro, huyó. Se refugió en un edificio en obras, donde la Policía encontró un jersey manchado de sangre, pero horas después fue capturado.

Solana e Iragi eran miembros del Comando Andalucía, que estuvo operativo entre los meses de julio y octubre del año 2000. Entre los atentados que perpetraron se encuentran los asesinatos del concejal del PP de Málaga José María Martín Carpena y el fiscal jefe de Granada, Luis Portero. Además, intentaron matar al dirigente socialista de Málaga José Asenjo, a dos suboficiales del Ejército y a un empleado civil del Ministerio de Defensa mediante la colocación de bombas-lapa en sus automóviles que no llegaron a estallar.