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Jueces, abogados y procuradores mostraron su rechazo al plan de choque del Poder Judicial. / Jesús Barrera
Desde el primer momento el mundo judicial lo advirtió: el plan para afrontar el aluvión de demandas contra las cláusulas abusivas de las hipotecas no va a funcionar. La prueba evidente son las cifras, pues el juzgado que desde el 1 de junio se encarga de recibir todas las que se vayan presentando en la provincia acumula ya 2.946. Es la tercera provincia española que más ha registrado en este tiempo, tras Madrid y Barcelona. Es la primera provincia andaluza.
Según las cifras del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), desde el 1 de junio hasta el 8 de septiembre los juzgados especializados de todo el país han registrado 57.068 demandas. En el caso del Juzgado de Primera Instancia número 10 Bis han sido casi tres mil demandas, mientras que en Barcelona han llegado 4.644; y en Madrid, 13.064 demandas. Esta cifra supone una media de casi mil litigios mensuales, lo que da idea del número inasumible de casos para un solo juzgado. A esto se une el que ni siquiera se haya podido celebrar aún ni una sola vista, ya que se trata de procedimientos complejos que requieren su tramitación previa y a que cuando se puso en marcha el plan del Consejo, el juzgado estaba hasta sin crear. De hecho, en 14 días y sin estar aún operativo ya tenía sobre la mesa 330 demandas, según los datos que ofreció en ese momento el juez decano de Sevilla, Francisco Guerrero. Las primeras audiencias preliminares no se podrán celebrar al menos hasta octubre o noviembre.
Este plan fue diseñado por el CGPJ después de que el Tribunal Europeo de Justicia acordó que los bancos debían devolver la totalidad de las cuantías pagadas indebidamente cuando las cláusulas suelo se considerasen abusivas. A esto se unió la sentencia del Tribunal Supremo que fija la devolución de los gastos de formalización de las hipotecas. Ante la previsible avalancha de asuntos se optó por un plan que consiste en especializar un juzgado por provincia, creando un refuerzo. En el caso de Sevilla es el de Primera Instancia 10. El criterio para la selección fue elegir el órgano que menos retraso tenía acumulado. El plan puso en pie de guerra no solo a los jueces de Sevilla, sino también a abogados, procuradores y funcionarios, que han solicitado su retirada. El sector judicial insiste en que es imposible «garantizar la tutela judicial efectiva» y que es un plan que solo beneficia a la banca.
Antes de la entrada en vigor de este plan de choque estos asuntos se repartían entre los 22 juzgados de Primera Instancia de la capital y los de provincia. Desde el 1 de junio todo lo aglutina un solo órgano, de ahí las reticencias del mundo judicial, por el atasco que se puede crear. De hecho, antes que los juzgados de Primera Instancia esta competencia la tenían los juzgados de lo Mercantil, que a día de hoy tienen aún asuntos de este tipo atrasados y con fechas de juicios para varios años vista.
El Juzgado de Primera Instancia número 10 cuenta con una jueza en práctica y un secretario judicial, ahora denominados letrados de la Administración de Justicia, nombrado por el Ministerio de Justicia. Por su parte, la Consejería de Justicia, además de darle ubicación en el edificio Viapol, lo dotó de mobiliario y personal. Así, nombró a siete funcionarios interinos que se están incorporando de forma gradual, comenzando por los cuatro que inicialmente se incorporaron en el mes de junio.
Asimismo, la Consejería de Justicia tuvo que adaptar el sistema informático para que el Decanato de los juzgados pudiera asignar las demandas que se van registrando a este nuevo juzgado.