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Representantes de los grupos municipales y el autor del estudio, ayer en la Casa Consistorial. / José Luis Montero
El Ayuntamiento de Sevilla solicitará una compensación económica al Estado y a la Junta de Andalucía por los suelos de origen ferroviario que no han sido revertidos a la ciudad tras la modernización de las vías y la consiguiente liberación del terreno. El primer paso se da este viernes con la aprobación de una moción en el pleno municipal para iniciar «una reclamación extrajudicial» con la que se exige una indemnización por perjuicio patrimonial valorada en 443 millones de euros. La propuesta tiene el respaldo unánime de todos los grupos políticos.
Todo surge a raíz de la investigación realizada por Antonio Martín y recogida el año pasado en el libro Los suelos ferroviarios de Sevilla: saqueo de la ciudad. En ella, Martín demuestra «la relación desigual y asimétrica del ferrocarril con Sevilla», lo que, según constata, se ha traducido históricamente en «un notable perjuicio patrimonial y económico con la ciudad». En este sentido, el autor de la obra recuerda que entre 1856 y 1913, «Sevilla cede, vende y/o expropia un total de 359.989,71 metros cuadrados», suelos de titularidad municipal que «con la modernización del trazado de la red ferroviaria» no han sido devueltos a la ciudad «a causa de la errónea distribución de los porcentajes fijados en los convenios urbanísticos». Así, por ejemplo, en el de 1990 se reservaba «un 60 por ciento para Renfe, un 25 para la Junta de Andalucía y un 15 para el Ayuntamiento», cuando «la certeza es que Sevilla es la propietaria, no del citado 15 sino del 71,24 por ciento de los suelos lucrativos liberados». Es por ello, que la moción que se presenta este viernes en el pleno, «entiende procedente una compensación justa a la ciudad». Una cuantía que, en base al citado 71,24 por ciento y su actualización económica a precios de mercado del año 2014, ha quedado valorada en 443 millones de euros.
Un primer plazo para abril
Uno de los acuerdos que adoptará el Consistorio será constituir una comisión «para poner en marcha una negociación extrajudicial con el Ministerio de Fomento y sus organismos Renfe y Adif y a la Junta de Andalucía». Como plazo se fija «abril de 2016». Si llegados a esta fecha no se ha alcanzado un acuerdo, «se iniciará en septiembre de 2016 las acciones judiciales necesarias», según recoge el escrito de la moción que se ha dado a conocer este jueves en la Casa Consistorial. En dicho documento se detalla que los suelos afectados se reparten entre «Plaza de Armas, Patín de las Damas/Macarena, San Bernardo y Prado de Santa Justa». Terrenos sobre los que, dice Martín, aún existe la opción de pedir «una reparación económica indemnizatoria» antes de que prescriba dentro de dos años.