¿Y si al ruido que ya generan los veladores se añade también música? La Junta de Andalucía permite a los ayuntamientos modificar sus normativas y abrir la mano a los bares y otros establecimientos de ocio en cuanto a horarios, instalación de terrazas y reproducción de música tras la aprobación esta semana del decreto que regula las modalidades y condiciones de espectáculos públicos, actividades creativas y establecimientos públicos. La noticia ha puesto en alerta a los vecinos de Sevilla que vienen denunciando problemas de convivencia con la movida nocturna y la proliferación de veladores en las calles. En una primera reacción y a la espera de que el gobierno local de Espadas concrete cómo aplicará el nuevo decreto –tiene un plazo de 18 meses–, las asociaciones de vecinos de las zonas más sensibles coinciden en que esto «empeora» la situación y, a su juicio, «abre la puerta a una verbena continua y descontrolada».

La plataforma vecinal Alfalfa Degradada ha mostrado su rechazo al decreto porque «agrava aún más la situación de ruido y desamparo» de los ciudadanos de las zonas residenciales frente a «la espiral de turisficación, gentrificación y sometimiento a la hostelería de los centros urbanos». Sus asociados lo tildan de «una afrenta a los vecinos de cualquier lugar que se suponga que ha de ser habitable, sin exponer los motivos ni considerar palabras ni conceptos como convivencia, vecinos, ciudadanía, habitabilidad, ruido, descanso, derechos fundamentales...», según ha explicado la portavoz vecinal, Silvia de Carrión. Por lo que de aplicarse, De Carrión cree que supondría «un ataque a la protección real y efectiva de la calidad de vida y de los derechos constitucionales de la ciudadanía» que, como recuerda, quedan establecidos en los artículos 43 (derecho a la protección de la salud), 45 (a un medio ambiente adecuado) y 18 (a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del domicilio).

Otro de los puntos aquejados por los veladores, Los Remedios, también ha mostrado su «preocupación» ante un decreto que «da potestad a los ayuntamientos para que pueda haber música en vivo y en formato disco y similares en la hostelería». Su portavoz vecinal, José María Cañizares, explica además el temor que ha levantado dentro del barrio. «Nos han llamado vecinos de Sebastián Elcano y Montecarmelo por las consecuencias que estas autorizaciones podrían tener para ellos, habida cuenta de que son los más perjudicados por la música que ponen en los bares de copas situados en la orilla izquierda del Guadalquivir, frente a Labradores y Altadis». Igualmente asegura que también hay inquietud entre los residentes que viven frente al actual aparcamiento y futura zona de ocio, junto a las instalaciones deportivas del Círculo Mercantil. «Si en época de prohibición muchos hosteleros han hecho lo que han querido, ahora con permiso del Ayuntamiento, lo harán sin cortapisa alguna», concluye el presidente de la asociación de vecinos de Los Remedios, que entiende que «el alcalde debe hacer una declaración pública aclarando que antes de autorizar música en un local, el empresario debe aportar el permiso del vecindario que circunda dicho negocio». A lo que añade taxativamente: «No es de recibo que un hostelero gane dinero a costa de la salud de sus vecinos».

En esta misma línea, la asociación de vecinos de Santa Cruz señala que ha recibido «numerosos whatsapps» de vecinos preocupados por este cambio. «Empeora la situación que tenemos. Lo de terrazas con música, nos parece una barbaridad. No lo vemos factible de ninguna manera», ha expuesto la representante vecinal, María José del Rey. Precisamente esta entidad se ha reunido hace unas semanas con el gobierno de la ciudad para regularizar el problema de veladores que lastra esta zona del centro. «Estamos en negociaciones porque queremos que se cumpla la normativa a rajatabla. Esperemos que el Ayuntamiento no contemple adoptar este decreto». De igual manera, la portavoz vecinal de Estación de Córdoba de la Plaza de Armas, Lola Dávila, confía en que «el Ayuntamiento de haga una norma que no afecte a los vecinos» en el plazo de 18 meses marcado por el Gobierno andaluz. A todo ello hay que sumar que las asociaciones de consumidores y el propio Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ya han alertado del «riesgo» que supone la flexibilización de la legislación en la hostelería.