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Imagen de la fachada. / El Correo
La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla ha dictado una “tercera multa coercitiva” por el uso de los corralones de la calle Castellar, unos antiguos garajes y talleres enclavados en pleno casco histórico, como “parking público”, según un acuerdo de la comisión ejecutiva celebrada por la Gerencia el pasado 21 de diciembre y recogido por Europa Press.
Recordemos que el pasado 21 de mayo de 2015, la comisión ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo acordaba ya imponer una “segunda multa coercitiva”, por el “incumplimiento del acuerdo de 16 de mayo de 2012, que ordenaba la erradicación del uso de parking público “en el interior de la parcela” en cuestión. Dado que persistiría el “incumplimiento” de dicha orden, el pasado 21 de diciembre se acordaba una “tercera multa coercitiva”.
Los corralones de la calle Castellar, en pleno casco histórico de Sevilla, son un antiguo conjunto de garajes y talleres posteriormente reconvertidos como espacio de ocio. Sus locales, muchos de ellos constituidos como asociaciones para poder funcionar, atrajeron durante 2012 y 2013 la atención del turismo juvenil que visita la ciudad de Sevilla, hasta que las denuncias vecinales por las molestias derivadas de esta actividad motivaron el precinto de buena parte de los locales a manos de la Policía Local.
En junio de 2013, además, trascendió que la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento había reclamado a los propietarios del conjunto de garajes y cocheras de la calle Castellar, ubicado entre los números 48, 50 y 52, la ejecución de una serie de “medidas de seguridad, salubridad y ornato público”. Y es que una inspección urbanística cursada en septiembre de 2012 señalaba ya la necesidad de que el recinto fuese objeto de obras “de seguridad y salubridad” de carácter “no urgente”. El recinto, por cierto, goza de una protección parcial de grado dos al estar catalogado en el nivel D del sector 8.2 del Conjunto Histórico Artístico de Sevilla, correspondiente al entorno urbano San Andrés-San Martín.
En definitiva, y según el acuerdo recogido por Europa Press, la Gerencia de Urbanismo ordenaba a los propietarios del conjunto arquitectónico obras en las estructuras y revestimientos, así como tareas de albañilería y carpintería, por valor de 7.513 euros. Dos meses después, trascendía otro acuerdo de la Gerencia de Urbanismo que ordenaba a estos mismos propietarios, directamente, la ejecución de medidas de “seguridad”, pero esta vez de carácter “urgente”, sobre todo para que el conjunto arquitectónico recupere “las debidas condiciones”.
Se trataba, en concreto, de tareas como la reparación de la red de saneamiento de dos patios traseros, la reparación de la instalación de electricidad de la finca, la “retirada de todos los escombros acumulados” o la reposición de “apeo” en un hueco de fachada, todo ello por un valor de 9.158,65 euros.