“Irregular y fraudulento”. Así ha calificado la abogada del exprimer teniente de alcalde y exportavoz de IU Antonio Rodrigo Torrijos el “nacimiento” de la causa abierta por la supuesta “venta ilegal” de los suelos de Mercasevilla, que ha llevado al exconcejal a sentarse en el banquillo junto a nueve acusados más. En la primera sesión del juicio, la letrada Encarnación Molino ha solicitado la nulidad de la causa porque “los mismos hechos ya fueron enjuiciados por otro juzgado y existe una resolución firme que fue confirmada por la Audiencia Provincial de Sevilla” y ha recordado que nuestro ordenamiento jurídico sólo permite “un único procedimiento y un único juzgado”. Una causa que fue investigada por la jueza Mercedes Alaya, contra la que arremetió el abogado del exdirector de la loja Fernando Mellet, quien ha recordado la “ausencia de imparcialidad” de la magistrada.
Ocho años después de que se iniciara la investigación por el supuesto “amaño” del concurso público convocado para vender los suelos de Mercasevilla, el juicio ha comenzado con las cuestiones previas de los abogados de los diez acusados, entre los que, además de Torrijos, se encuentra el exconcejal socialista Gonzalo Crespo. La abogada de Torrijos alegó “vulneración del principio de legalidad” para solicitar la nulidad de las actuaciones. Así explicó que dos años antes de que el Juzgado de Instrucción número 6, entonces con Mercedes Alaya al frente, abriera diligencias ya el Juzgado de Instrucción número 10 estaba investigando “los mismos hechos”. Aquella causa acabó archivándose tal y como “reclamó el Ministerio Fiscal”, una decisión que fue refrendada por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial. Un auto que ya se dictó “cuando estaban abierta la investigación” en el juzgado de Alaya.
La letrada ha recordado que la jueza “hizo una consulta al juez decano” planteando “una cuestión de competencia”, pero la resolución fue que eran “hechos distintos” y por tanto “ningún juzgado se inhibió a favor del otro”. Esto a su juicio supone “un nacimiento irregular y fraudulento” de un segundo procedimiento, que vino “a modificar el contenido de la anterior resolución judicial”. Asimismo, Molino ha solicitado la prescripción del delito societario que le imputa la acusación ejercida por los mayoristas de frutas, pues cuando ellos denunciaron estos hechos ya estaba prescrito, pues habían transcurrido más de cinco años. Por ello, ha reclamado que se condene en costas a los mayoristas “por acusación temeraria” y dada la elevada indemnización que reclaman a Torrijos, que supera los 25 millones de euros.
Por su parte, el abogado de Mellet, José Manuel Carrión, ha cuestionado a la jueza Mercedes Alaya al recordar que su marido trabajó como auditor para Mercasevilla, motivo por el que cree que debió abstenerse. “Mellet tuvo que despedir a su marido por irregularidades muy graves”, ha dicho el defensor que ha recalcado “la ausencia de imparcialidad de Alaya” a quien recusó “con el apoyo de la Fiscalía”. El abogado también ha insistido en que Mellet no puede ser considerado como funcionario público y, por tanto, no puede ser juzgado por prevaricación porque “Mercasevilla no es una administración pública”. “Esta falta de imparcialidad de Alaya ha hecho que extienda el concepto de funcionario público”, ha dicho. En este sentido, ha destacado que este caso “no cabe un juicio penal”, sino que es una cuestión “civil, ni siquiera contenciosa”. “No puede ser sujeto activo del delito de prevaricación, nunca”, ha añadido.
Asimismo, Carrión ha alegado “dilaciones indebidas” en el procedimiento recordando que hace ocho años que se inició la investigación, con el consecuente “sufrimiento” que viene padeciendo su defendido desde entonces. Una de los motivos por los que se demoró el caso fue por la “investigación paralela” abierta por la UCO después de que la dirección de Mercasevilla aportara una documentación, que “no pudo ser objeto de contradicción” por parte de las defensas. Una solicitud a la que se han sumado varios abogados.
Por su parte, el abogado del exconcejal socialista y expresidente del consejo de administración de Mercasevilla Gonzalo Crespo ha lamentado la falta de “concreción” de los hechos por los que está acusado su cliente, alegando por ello “vulnerabilidad de la tutela judicial efectiva”. “No concreta en qué acto intervino”, ha señalado el letrado sobre la acusación del Ministerio Fiscal, a lo que ha añadido que ninguna acusación ha propuesto la más mínima diligencia para probar” los delitos que se le imputan.
La jornada continuó con las alegaciones del resto de acusados, entre ellos, la del exasesor socialista Domingo Enrique Castaño, José Manuel García-Quílez, quien se ha adherido a las peticiones de sus compañeros. Junto con ellos se sientan como acusados la exjefa de Vía Pública de Urbanismo María Victoria Bustamante; el exasesor de Mercasevilla Jorge Piñero; el economista José Antonio Ripollés; el presidente de Sando, José Luis Sánchez Domínguez; el vicepresidente y consejero delegado de Sando, Luis Sánchez Manzano, y el exvicepresidente del rea inmobiliaria de Sando José Luis Miró.
A todos ellos el fiscal les atribuye un delito de fraude y exacciones ilegales, por el que solicita una condena de dos años de prisión, aunque también atribuye un delito de prevaricación a Mellet y al vicepresidente de Sando por el que les pide una pena de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.