Cuatro exconcejales imputados citados y solo uno fue capaz de dar explicaciones: el popular Joaquín Peña. La comisión de Fitonovo se enfrentaba ayer a una de sus sesiones más esperadas, en la que estaban llamados a declarar el exresponsable socialista de Vía Pública, Manuel Gómez Lobo, y los ediles de Izquierda Unida en los años que abarca la investigación, Antonio Rodrigo Torrijos y José Manuel García. Ninguno apareció por el Salón Colón y solo éstos últimos justificaron por medio de un escrito una ausencia que fue poco entendida.
El más crítico con Torrijos y García fue el representante de Ciudadanos en la mesa de investigación. El concejal Javier Moyano mostró su rechazo a su plantón en una comisión «que ellos mismos impulsaron» durante el gobierno de Juan Ignacio Zoido. Pero para los ausentes esta no comparecencia estuvo más que justificada. Ambos lo hicieron por carta, alegando el hecho de ser investigados por la Audiencia Nacional como motivo suficiente para declinar la cita.
El documento presentado por Torrijos, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento en el último mandato de Alfredo Sánchez Monteseirín, argumentaba como motivo su «situación personal», al no haber prestado aún declaración en el procedimiento judicial que investiga la causa de Fitonovo. Aún así, el exedil de IU anunció que quedará «a entera disposición» de esta comisión una vez que se haya producido su declaración judicial.
En términos muy similares se expresaba el escrito remitido por el que fuera delegado municipal de Deportes, José Manuel García, que se vio obligado a renunciar a su acta como concejal tras su imputación por el reparto de dádivas y comisiones a cambio de contratos públicos. En la carta dejó claro que su ausencia se debía al «consejo de su abogado», que le había recomendado que «aplazara» su comparencia «hasta que no tenga lugar» su declaración judicial.
Una mañana de sillas vacías que viró su rumbo con la llegada del último compareciente. El que fuera director de Medio Ambiente durante el mandato de Juan Ignacio Zoido, Joaquín Peña, sí acudió a la llamada de la comisión. Sin medias tintas, atribuyó su imputación a las «calumnias» del exjefe de Parques y Jardines, Francisco Amores, que le tenía una «enemistad visceral» y que esperaba que la acusación motivara se cese del cargo.
El popular echó balones fuera para dejar a las claras que nada tuvo que ver con la inclusión de la empresa Albaba –relacionada con Fitonovo– en la UTE Conversa/Aldilop, a la que se le adjudicó en 2012 el contrato del segundo lote de servicios de conservación de zonas verdes y arbolado. Se exculpaba así de la acusación del funcionario Pedro Torrent, que dijo en la comisión que el Parques y Jardines funcionaba como «un cortijillo» en el que Peña favorecía «a sus amigos».