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Imagen de una de las últimas intervenciones policiales, en las que se cerraron varios clubs y fueron liberadas más de una veintena de mujeres. / El Correo
Seguramente haya visto más de una vez en la calle a una chica ligera de ropa esperando a que aparezca alguna persona dispuesta a pagar para mantener relaciones sexuales con ella. Al verla habrá podido pensar muchas cosas, pero lo que es poco probable es que se haya imaginado lo que esconde esa chica, el calvario que ha sufrido hasta llegar a esa esquina y las palizas que está recibiendo para que a diario se coloque allí para ofrecer sus servicios por unos míseros cinco euros. Probablemente, nunca se ha planteado que ha podido ser vendida a mafias, que ha sido violada e incluso obligada a abortar, y que está siendo explotada por una organización.
Lamentablemente, esta es la realidad de la mayoría de las mujeres que ejercen la prostitución, ya sea en la calle como en clubs de alterne. Son víctimas de la trata de seres humanos, una lacra que en pleno siglo XXI «es una realidad que se da en nuestra ciudad, aunque a veces nos parezca algo como muy lejano», señala la fiscal delegada de Extranjería y Trata de Seres Humanos, Natividad Plasencia.
Sin embargo, y aunque sea la más visible y habitual, no es esta la única forma de explotación de seres humanos. Nuestro Código Penal recoge qué actividades se consideran como un delito de trata de seres humanos. «Es un delito reciente en nuestro Código Penal, del año 2010 y que fue ampliado en 2015», indica Plasencia. Así, hasta 2010 el artículo 117 bis consideraba como trata de seres humanos las actividades ejercidas «con fines de explotación sexual; laboral o prácticas similares a la esclavitud o la mendicidad; y el tráfico de órganos». Ya en 2015 se introdujo «la trata con fines delictivos y los matrimonios forzosos». Unos comportamientos que están penados entre «cinco y ocho años de prisión, pero que muchas veces se pueden ver agravadas si conseguimos una condena por pertenencia a organización criminal», señala la fiscal. «Son delitos muy graves y es un negocio que junto con el tráfico de drogas y de armas es de los que más dinero mueve en el mundo», puntualiza.
En Sevilla, hasta ahora se han dado casos de explotación sexual, laboral y con fines delictivos. «Afortunadamente, no hemos tenido ningún caso de tráfico de órganos, ni de matrimonios forzosos», explican fuentes de la Unidad de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif) de la Policía Nacional. De hecho, las redes que operan en nuestra ciudad se dedican a traer a mujeres para obligarlas a ejercer la prostitución.
Europa del Este y África
La Ucrif explica que suele darse dos circunstancias: «las mujeres que son explotadas en clubs de alterne vienen de Europa del Este, en su mayoría de Rumanía, o sudarmércia; mientras que las que son prostituidas en las calles son de origen subsahariano».
En el caso de las chicas traídas desde Rumanía, las mafias las traen en autobús o en coche con la promesa de un trabajo remunerado en España. «A la mayoría ya le quitan el pasaporte y la documentación en el viaje y ya no vuelven a recuperarla», explica la Policía. Una vez aquí, y bajo amenazas de hacer daños a su familia y agresiones, las obligan a prostituirse en clubs de alterne. La situación de estas mujeres es descubierta en muchos casos por las inspecciones que de manera rutinaria realizaa la Ucrif junto con la Inspección de Trabajo. «En Sevilla hay unos 30 clubs, a los que solemos ir a comprobar que todo está en regla», indican las fuentes.
Sin embargo, debido a estas inspecciones, gracias a las cuales se ha liberado a muchas chicas e incluso cerrado locales, las mafias están trabajando cada vez más en «casas de citas, que están proliferando, donde es más difícil que entremos porque necesitamos una orden judicial», señalan.
La llegada en patera
En cuanto a las africanas, la forma de operar de las mafias es traerlas hasta España a través del Estrecho, «en pateras. De hecho, diría que más del 90 por ciento de las mujeres traídas por esta vía vienen para ser prostituidas», aseguran desde la Ucrif. Estas chicas, en muchos casos siendo aún menores de edad, son captadas en sus países de origen por las mafias bajo la promesa de traerlas a Europa a trabajar, aunque «a veces son sus propias familias las que las venden».
A partir de ahí comienza su calvario, pues se convierten en un objeto para estas redes, llegando a sufrir «hasta violaciones múltiples como pago para poder pasar una frontera, por ejemplo», señalan las fuentes policiales. Se recorren África buscando el norte para poder embarcar en una patera, en un itinerario que puede prolongarse durante años, sufriendo en ese transcurso embarazos y abortos. «A veces las obligan a abortar, pero también tienen hijos con sus explotadores, que luego son usados para chantajearlas», añaden. Una vez que llegan a España en la patera, si no han perdido la vida antes, suelen ser rescatadas y llevadas a centros de la Cruz Roja. Allí, es donde suelen detectar a posibles víctimas «pues llegan con un teléfono para contactar con los miembros de la red que están aquí en España», explica la fiscal de Extranjería.
Cuando ya logran salir de estos centros son llevadas a casas o pisos de estas redes, «donde suelen ser controladas por mujeres que anteriormente han pasado por lo mismo que ellas», que las obligan a prostituirse durante prácticamente todo el día y cobrando cantidades que no superan los cinco o diez euros. «Y todo porque tienen que pagar la deuda contraída con la organización. Una cantidad que imponen ellos por haberla ayudado a pasar las fronteras y a llegar a España en una patera», donde la plaza suele pagarse a mil euros. «A ellas se las paga la red, que ya se encarga de cobrárselas al precio que quieran», indican la Ucrif. Un negocio redondo porque estas mujeres serán utilizadas durante sus mejores años, toda su juventud.
Para doblegar su voluntad y obligarlas a que se prostituyan las mafias no dudan en golpearlas y amenazarlas, además las coaccionan con prácticas como el vudú. «Para nosotros es muy complicado comprender que estas mujeres puedan ser manipuladas por el vudú», señalan en la Ucrif. Una opinión que es compartida por la Fiscalía, que cree que «falta mucha sensibilidad aún para comprender a estas mujeres». «En algunos registros hemos encontrado objetos relacionados con el vudú. Ellas están convencidas que si no hacen lo que quieren les pasará algo a ellas o a sus familias», indica la fiscal. «Algunas de ellas no creen pero te dicen que el vudú existe, que está ahí», dice una de las agentes de la Ucrif. Otra de las formas de tenerlas bajo coacción es amenazándolas con hacerle daño a sus familias en sus países.
Es precisamente este miedo el que dificulta mucho que estas chicas den el paso para denunciar. «La investigación de estos casos es muy complicada porque las mujeres no quieren denunciar. El primer paso es que ellas mismas se den cuenta de que son víctimas de la trata y luego que confíen en la Policía y la Justicia. ¿Y cómo le pides que confíen en ti cuando han vivido lo que han vivido?», se preguntan en la Ucrif. En la misma línea se expresa la fiscal delegada de Sevilla. «Estas chicas vienen de países sin las garantías y los recursos que tenemos aquí, en muchos casos con policías corruptas. Y vienen destrozadas psicológicamente».
Pero no solo basta con que estas mujeres se animen a denunciar, sino que «tienen que mantenerla en el tiempo», afirman las fuentes policiales, «y a veces se marchan a su país o se echan atrás». Por este motivo, tanto la Policía como la Fiscalía están trabajando para que en los juzgados de Instrucción se lleven a cabo las denominadas pruebas preconstituidas, es decir, se graba el testimonio de la víctima con la presencia de todas las partes y luego este tiene validez en el juicio. «El tiempo corre en nuestra contra», dice Natividad Plasencia, en referencia a la importancia de que la investigación judicial sea ágil en estos casos, porque no solo urge el tomarles declaración, sino lograr las pruebas que corroboren su testimonio, porque «con su declaración en muchos casos no es suficiente para enervar la presunción de inocencia». Por este motivo, el porcentaje de casos archivados o de sentencias absolutorias sigue siendo muy alto. De hecho, según los datos de la Fiscalía desde enero de 2012 hasta octubre de 2016 en toda España se han conseguido 43 condenas.
Para detectar todas estas cuestiones la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, preside regularmente las reuniones a nivel provincial de la comisión de seguimiento del Protocolo marco de protección de las víctimas de trata de seres humanos, compuesta por los cuerpos de seguridad, Fiscalía, administraciones y ONG. La actividad de estas últimas es fundamental, ya que son las que recogen a las chicas (siempre hay una de guardia) que son localizadas como víctimas.
El problema sucede cuando la víctima es un hombre, más habitual en los casos de explotación laboral y delictiva, ya que todos los recursos están enfocados a la mujer. «Necesitamos que estén protegidos, no nos valen recursos como los albergues, porque son personas amenazadas por las mafias y ya hemos tenido casos que han sido localizados por esta y la investigación casi se nos cae. Necesitamos más medios para ellos», afirma la fiscal jefe.