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Tribunales

Tres nuevos imputados por el fraude de las ortopedias

Ya son ocho los investigados por esta estafa al SAS con sillas de ruedas, entre los que está el presidente de la patronal. El juez los ha citado y a varios testigos

08 feb 2018 / 21:16 h - Actualizado: 09 feb 2018 / 08:41 h.
  • Los agentes durante su intervención en la ortopedia de María Auxiliadora. / El Correo
    Los agentes durante su intervención en la ortopedia de María Auxiliadora. / El Correo

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El juez que investiga el fraude supuestamente orquestado por una ortopedia de Sevilla, que estafó al SAS 36.277 euros falsificando recetas de sillas de ruedas, ha imputado a otras tres personas, que han sido citadas a declarar el próximo 4 de julio. Con ellos ya son ocho los imputados, entre los que se encuentra Jaime Álvarez Díaz, el actual presidente de la Asociación de Empresas de Ortopedia Técnica (Asoan) e hijo del que fuera presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) Rafael Álvarez Colunga, fallecido en 2008. Además, el magistrado ha citado a declarar a varios testigos en marzo.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla dictó el pasado 2 de febrero una providencia en la que fijaba la declaración de estos tres nuevos imputados para el 15 de julio. En la misma, también llama a uno de los perjudicados y a 16 testigos para el próximo 15 de marzo, según confirmaron fuentes judiciales. La operación, llevada a cabo por el Grupo de Fraude Fiscal de la Policía Nacional, se inició en noviembre tras denunciar una persona ante las autoridades sanitarias el presunto fraude. Fue a finales de enero cuando los agentes llevaron a cabo la detención de las primeras cinco personas por los delitos de grupo criminal dedicado a la comisión continuada de estafas, cohecho y falsificación de documentos, que fueron puestas a disposición judicial el pasado 24 de enero y quedaron en libertad con cargos.

Álvarez Díaz, cuya dimisión fue rechazada por Asoam, regenta la farmacia que fuera de su padre y la ortopedia situada en la calle Joaquín Morales y Torres, esquina con la avenida de María Auxiliadora. Los investigadores creen que en «connivencia» con un médico del Macarena y dos de sus trabajadores formaban un «entramado criminal escalonado» en el que contaban con la ayuda de «captadores» de personas con movilidad reducida y en el que las tareas estaban «perfectamente definidas». El objetivo era lograr una receta visada del SAS en la que se prescribiera una silla de ruedas, que era cobrada al paciente y que se facturaba a la administración andaluza por un importe mayor al real.

Así, los captadores localizaban a clientes, la mayoría de ellos de Torreblanca, a los que les ofertaban sillas de ruedas a cambio de 300 euros y la documentación médica. En la ortopedia supuestamente rellenaban los impresos del paciente y falsificaban su firma, para luego remitirlos al traumatólogo compinchado, que «sin ni siquiera verlo», expedía una receta con la prescripción. Una vez logrado el visado del SAS, entregaban una silla al cliente valorada en mil euros, pero por la que facturaban al SAS más de 3.000 euros. Otra de las prácticas de era apropiarse de los documentos de clientes anteriores para poder facturar por una silla inexistente.


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