domingo, 28 mayo 2017
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Un año de colapso en el DNI

El sistema de cita previa para la expedición del documento sigue saturada. La Policía se plantea anticipar la fecha de renovación de tres
a seis meses e impone cinco citas cada hora desde marzo

03 feb 2017 / 07:00 h - Actualizado: 03 feb 2017 / 07:00 h.
  • Un año de colapso en el DNI
    Las colas para renovar el DNI o el pasaporte volvieron a verse en las oficinas de documentación de Sevilla. / CCOO
  • Un año de colapso en el DNI

Más de 365 días con la cita previa para renovar el DNI colapsada. Más de 365 en los que los ciudadanos tienen que esperar más de dos meses para poder tener su documentación en vigor. La saturación en las oficinas de expedición es ya una constante que poco se puede relacionar con las vacaciones o descansos de los funcionarios durante el periodo estival. En concreto, actualmente la cita para el DNI está ya a primeros de abril en siete de las oficinas de Sevilla cuando la Policía establece como normal un plazo de 15 días de demora.

Por ello, Comisiones Obreras denuncia la «falta de diligencia» de la Dirección General de la Policía «que no ha tomado medidas eficaces para acabar con esta situación». El sindicato recuerda que las medidas adoptadas han sido solo «parches que no han solventado el colapso de las oficinas».

La Dirección General de la Policía estudia permitir la renovación del DNI en los últimos 6 meses de vigencia en lugar de los 90 días actuales, que solo será efectiva para residentes en el extranjero y duplicados por deterioro, extravío o sustracción. Esto significa que se puede acudir a las oficinas para renovar los documentos desde seis meses antes de su caducidad, «en ningún caso esto significa que se aumente la vigencia del DNI».

Además, a partir de marzo, se aumentarán las citas que atiende cada funcionario de 4 a 5 cada hora. El sindicato recuerda que la medida reduce el tiempo que el personal público dedica a cada documento de los 15 a los 12 minutos. Cada expedición requiere unos 10 minutos, «si todo va bien». Es decir, cuando el ciudadano llega rápido a la mesa y no surge ningún problema. El problema explica CCOO es que falte documentación, fotografía o no traiga el importe de la tasa, por ejemplo. Entonces, el tiempo necesario es mayor, «por no hablar de los casos complicados, que requerirán citar a esa persona en otro momento para poder ser atendida», con el consiguiente «retraso y perjuicio» para el ciudadano, que tendrá que esperar de nuevo para renovar su documentación. Además, el sindicato asegura que con esta medida «ya no habrá posibilidad de atender urgencias», pues la cita previa se completa al 100 por cien. Tanto es así que el sindicato apunta que en su puesta en marcha «no se tiene en cuenta los descansos necesarios del personal», por lo que también afecta a los derechos de estos trabajadores.

«Estas circunstancias están ahondando más en el deterioro de este servicio público, un proceso que suele llevar a lo que la Administración llama externalización del servicio y que en CCOO traducimos como privatización, algo que debía ser impensable cuando hablamos del documento que acredita la identidad ante la Administración». Por ello, el sindicato recuerda que lleva un año pidiendo una Oferta de Empleo Público excepcional para cubrir las más de 1.200 plazas vacantes de personal funcionario no policial en la DGP, que vendrían a casi duplicar la ocupación actual en las oficinas de expedición de documentación. «Hace meses la Policía solicitó a Hacienda la incorporación de 504 funcionarios, sin que se haya vuelto a tener noticias al respecto», lamenta.

Otras de las medidas que anunció la DGP en noviembre fue el refuerzo mediante horas extraordinarias, una medida «que no llega» y que, según CCOO, «lejos de aumentarse, se están reduciendo y eliminando de las oficinas con menos de un mes de espera en la cita previa, sin que esto suponga que se incrementen donde esté absolutamente colapsada».

Por ello, el sindicato tilda de disparate la situación «sobre todo si pensamos que se acerca ahora la avalancha de cara a Semana Santa» e insiste en la aplicación de «soluciones definitivas», con una oferta de empleo público


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