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En la capital hispalense aún hay medio centenar de vestigios franquistas, según las asociaciones memorialistas. / Jesús Barrera
Un año para eliminar cualquier rastro del Franquismo en Andalucía. La Consejería de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática ha decidido someter a información pública el proyecto de decreto sobre símbolos y actos contrarios a la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, donde se contempla que los ayuntamientos tendrán un plazo de un año desde la entrada en vigor de esta futura norma para remitir a la Junta un informe sobre actuaciones en relación con la adaptación a la Ley de Memoria.
En el caso de la capital hispalense, las asociaciones memorialistas tienen contabilizadas más de un centenar de calles y vestigios que se encuentran repartidos por la ciudad y que hacen honor a los militares de la dictadura.
Entre los elementos que aún se conservan en la ciudad destacan, junto a otro puñado de calles –alrededor de la decena– un importante número de placas, lápidas o rótulos que conservan los escudos falangistas, franquistas, del sindicato vertical franquista o la característica águila del régimen. Muchas de ellas se localizan en calles y plazas, otras están en edificios públicos, como la Universidad de Sevilla, el Puerto, Aduanas o Atarazanas, también están en Altadis y en algunos conventos y colegios. Además, hay centros educativos públicos cuya denominación hace referencia a militares de la Dictadura.
Cierra el catálogo la tumba de Queipo de Llano, en la Macarena, donde también hay una lápida y otra tumba que incumplen la ley memorialista. A ella se le suma una lápida necrológica «a los caídos» y a «los asesinados por los enemigos de Dios y de España» en el interior de la basílica del Gran Poder.
El decreto
Este decreto andaluz considera elementos contrarios a la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía los escudos, insignias, placas, inscripciones, menciones, leyendas, y otros objetos y elementos, incluido el callejero, adosados, colocados o integrados en inmuebles públicos o situados en la vía pública con la finalidad o efecto de conmemorar, exaltar o celebrar, de modo individual o colectivo, el golpe militar de 1936, así como el régimen dictatorial, a sus dirigentes o a las organizaciones que lo sustentaron.
El titular del inmueble que exhiba elementos contrarios a Memoria Histórica y Democrática deberá proceder de inmediato a su retirada o eliminación. No obstante, habrá una excepción «cuando concurran razones artísticas o arquitectónicas protegidas por la ley». Es decir, cuando el elemento sea fundamental para la estructura del inmueble.
En el proyecto también se recoge que la Junta no subvencionará, bonificará o prestará ayudas públicas a aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, sancionadas por atentar, alentar o tolerar prácticas en contra de la Memoria Histórica Democrática de Andalucía. Desde la entrada en vigor de este futuro decreto, los ayuntamientos deberán remitir a la Junta, en el plazo de un año, un informe sobre actuaciones en relación con la revisión del nomenclátor de las vías y espacios públicos de su municipio para su adaptación a la ley.