Un estudio evaluará barrio a barrio las necesidades sociales de Sevilla

Iñaki Alonso @alonsopons /
12 feb 2017 / 22:56 h - Actualizado: 13 feb 2017 / 09:09 h.
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  • Una viandante cruza por la plaza del Pumarejo, justo en el lugar en el que duermen a la intemperie dos indigentes. / Manuel Gómez
    Una viandante cruza por la plaza del Pumarejo, justo en el lugar en el que duermen a la intemperie dos indigentes. / Manuel Gómez

Polígono Sur, Los Pajaritos o Amate afloran, estadística del INE –antiguas, de 2012– en mano, como los barrios más pobres de España, con rentas medias de 12.000 euros. Cinco millones de las arcas municipales se destinaron en 2016 a ayudas sociales para 33.000 familias sevillanas, sobre todo en los distritos Cerro-Amate, Norte y Este, con tasas mayores de paro. Y, pese a ello, estremece que todavía haya 444 personas sin hogar o que la oferta municipal de viviendas sociales aún se quede corta y hagan falta, por lo menos, un centenar de hogares más.

El glosario de datos deja constancia de la necesidad de una estrategia local para ver dónde y cómo actuar en materia de servicios sociales. Y, mientras se acometen planes variados, desde el Consistorio hispalense ha decidido encargar a una empresa externa un estudio sobre las necesidades sociales de los barrios de Sevilla. «Esta evaluación es esencial para planificar y ordenar las actividades de los servicios sociales municipales», recoge el pliego del contrato, que recalca que se pretende «geolocalizar, barrio a barrio», las carencias existentes. De hecho, para su análisis, se pretende dividir el mapa de la ciudad en «33 unidades territoriales en base a la distribución de la ciudad por barrios y secciones censales». Y así realizar un análisis pormenorizado de cada barriada.

El trabajo lo hará la empresa adjudicataria teniendo a mano los datos que dispone el Ayuntamiento, que se ha encargado de acotar el trabajo a una serie de indicadores de materias como educación, salud, empleo, situación económica, vivienda o servicios sociales, donde se pide un mayor esfuerzos. Esta división por parcelas facilitará esa radiografía de cada barrio. Así, el grueso se centra, como no, en las necesidades sociales. Se recogerá cuantitativamente la incidencia de la demanda de las principales prestaciones básicas, los casos de atención a la dependencia, las ayudas sociales concedidas, la media diaria de comidas a domicilio repartidas a menores en riesgo de exclusión, el número de menores en riesgo, el conteo de personas con discapacidad, los solicitantes del Plan de Ayuda a la Contratación (Pacas), el análisis de las principales problemáticas y demandas por cada zona,...

Pero no sólo recogen el espectro social. Así, en materia educativa, el estudio incluirá la tasa de absentismo y fracaso escolar –número de sevillanos que no han obtenido la titulación de ESO a los 18 años–. De igual forma, se solicita cifras sobre el abandono escolar temprano, los repetidores en Primaria o ESO, la tasa de población que termina ESO o Bachillerato o el número de estudiantes que superan las pruebas de acceso a la universidad.

El estudio también analizará criterios de salud, como los hábitos, la esperanza de vida o la tasa de mortalidad infantil; o demográficos, como las pirámides poblacionales y el porcentaje de extranjeros. Tampoco faltan en este análisis los que afectan más al bolsillo de las familias, como el empleo –donde se analizará la tasa de actividad y el número de parados registrado por código postal u oficina del Servicio Andaluz de Empleo (SAE)– como la situación económica. En este caso se recoge la renta media anual de los hogares, así como el porcentaje de personas perceptoras de pensiones de la seguridad social o no contributivas y prestaciones o subsidios por desempleo.

También se hará una foto fija del estado de la vivienda. Tanto de barreras arquitectónicas, como de casos de hacinamiento, antigüedad y tipo (alquiler o propiedad) del inmueble e incluso de demanda o adjudicación de viviendas sociales.

Además de esos datos numéricos, la empresa deberá realizar una entrevista en cada centro de servicios sociales, así como un máximo de cinco entrevistas más a expertos en otros ámbitos.

El Área de Servicios Sociales prevé que, una vez que se adjudique –está en fase de licitación por un importe de 21.659 euros–, este diagnóstico estará terminado en un plazo estimado de cuatro meses. Y, a partir de ahí, habrá una hoja de ruta clara para actuar.