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José Luis Aguilar, en su carbonería del número 2 de la calle Parras sobre la que todavía pende una amenaza de cierre. / Manuel Gómez
José Luis Aguilar Astola respira más tranquilo. Es el propietario de la Carbonería de la calle Parras, una de las últimas que quedan en la ciudad y sobre la que todavía se cierne una orden de cierre en la que se informa de que «no es autorizable la venta de carbón ni de petróleo» en el local. Todavía sin documentación que la anule, José Luis, cuarta generación familiar al frente del negocio, debe su relativa tranquilidad a una conversación telefónica que mantuvo el 27 de junio con el responsable de la Dirección General de Medio Ambiente, Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla, Adolfo Fernández. En ella, explica que el responsable municipal le ratificó «que lo veía todo en regla».
Le aseguró también que hablarían a la vuelta de las vacaciones, y en ese empeño anda ahora José Luis: en volver a hablar con Adolfo Fernández para olvidar el mal trago de manera definitiva, cosa que sucederá, aclara, cuando lo tenga todo por escrito. «Lo que quiero es una notificación de que está todo en regla», confirma de manera comprensible.
Porque José Luis está harto, entre otras cosas porque no termina de entender a qué ha venido todo este jaleo, la multa que tiene recurrida, la orden de cierre.
El motivo de la amenaza no deja de sorprender. Según el Ayuntamiento, la licencia de apertura se encontraba «suspendida» desde 1967. Entonces, su tío Manuel pidió una ampliación del negocio que fue rechazada porque no cumplía los requisitos. Algo que, según el técnico que redactó el informe, «anula la licencia de apertura más antigua», a nombre de su padre.
La historia se remonta a noviembre de 2014, fecha en la que una persona «con rostro afilado y actitud chulesca» le pidió la lista de precios y la hoja de reclamaciones. «Nunca nadie nos lo había pedido y no sabía dónde podría estar». Dos días después, la Policía Local se personó en el local e informó de una denuncia. En la inspección comprobaron que todo estaba en regla «excepto la licencia de apertura, que continuaba a nombre de mi padre. Me avisaron que tenía que cambiarla lo antes posible».
En febrero de 2015, dos técnicos de Medio Ambiente realizaron una inspección. «Me dijeron que mi licencia sólo me permitía vender carbón, pero no gas licuado del petróleo, que es como ahora llaman a las bombonas de gas».
Tras remitir la documentación, en octubre de 2015 recibo una «amenazante notificación» de Medio Ambiente con una multa de 2.251 euros, a la que presentó alegaciones. En febrero, dos bomberos inspeccionaron las condiciones de almacenamiento. El Miércoles Santo, una nueva notificación le indicó que, tras el favorable informe de los bomberos, la sanción se rebajaba a 300 euros. La tiene recurrida.
La gran sorpresa, sin embargo, fue la orden de cierre del negocio «a causa de un escrito remitido a nombre de mi tío Manuel Aguilar Martín con fecha de 29 de marzo de 1967, referente a la instalación de un depósito de agua conectado a una manguera que no hacía autorizable la venta de carbón ni de petróleo en el establecimiento». Toda una rocambolesca peripecia que puede pasar al olvido sólo con un papel.
Un local apetecible
José Luis tiene sus propias «suposiciones» sobre el origen de los problemas que viene sufriendo su negocio, y apunta a lo apetitoso del local como probable fuente del problema. Porque el negocio tampoco da para tanto. La carbonería tira «con el chorreíllo. Rico no me hago. Sobrevivimos porque esto es mío, de mi familia. Si yo tuviera que pagar un alquiler hubiera tenido que cerrar hace 10 o 15 años», explica sobre un negocio tradicional de los que van quedando pocos, ubicado justo bajo la casa familiar.