-
El Gobierno del PP redujo las horas de ayuda a domicilio que se conceden a los dependientes de distinto grado. / J.M. Paisano
Tal día como hoy, hace una década, fue aprobada la Ley para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia que se publicó el 15 de diciembre de 2006 en el BOE y entró en vigor el 1 de enero de 2007. Fue una de las leyes estrella de la primera legislatura del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero (invitado por la presidenta andaluza, Susana Díaz, para celebrarlo con un acto en Jaén este viernes). Vino a garantizar un nuevo derecho social, al nivel del acceso a la educación, la atención sanitaria o la pensión de jubilación, por lo que se identificó como el cuarto pilar del Estado de Bienestar Social. Si la Constitución de 1978 (y el Estatuto de Andalucía) garantiza el acceso universal a la educación, una sanidad pública y gratuita y un sistema de pensiones solidario, esta ley obligó a las administraciones públicas a conceder un servicio o ayuda económica a quien tenga limitada su autonomía para tareas cotidianas como comer, asearse o desplazarse. 
Diez años después, la crisis y los consecuentes recortes presupuestarios han hecho mella en sistemas tan consolidados como el educativo y el sanitario mientras se debate el futuro de las pensiones cuya hucha ha sufrido varios tajos. El impacto en un sistema que se empezaba a construir cuando comenzó la recesión ha sido tal que hasta hace apenas un año no se completó su desarrollo; durante dos años –de 2012 a 2014– apenas se incorporaron nuevos beneficiarios al paralizarse las valoraciones de solicitudes; los usuarios reciben hoy menos ayudas que al aprobarse la ley (se ha recortado la cuantía de las prestaciones económicas y las horas de ayuda a domicilio y se ha aumentado el porcentaje que paga el usuario del centro de día o la residencia); y el Estado y las comunidades han revisado varias veces la fórmula de financiación que inicialmente se fijaba al 50 por ciento, además de los retrasos e impagos sufridos por las entidades que prestan los servicios subcontratas por las comunidades y los ayuntamientos. Y es que la ley de dependencia es también un importante yacimiento de empleo que genera una media de 2.000 puestos directos cada año en Andalucía ocupados, en un 80 por ciento, por mujeres.
No es que mayores y discapacitados no recibieran asistencia antes de la ley. Ya existían centros y residencias con plazas subvencionadas. Pero el sistema de acceso no estaba regulado y los fondos públicos dependían de la voluntad política. Sin olvidar el cuidado altruista, con el consiguiente ahorro para las arcas públicas, que asumían las familias, especialmente las mujeres.
La Ley de Dependencia venía a poner orden y a asegurar una valoración profesional de las necesidades de cada persona (grado de dependencia), establecer qué tipo de ayuda le vendría mejor (plan individual de atención) y garantizarle que la recibiría por derecho. Además en un plazo de seis meses que nunca se ha cumplido, pese a que más de la mitad de los solicitantes supera los 80 años y no pocos han fallecido antes de tener la ayuda.
La norma estipula dos tipos de prestaciones: servicios (plazas en residencia o centro de día, horas de ayuda a domicilio y teleasistencia) y ayudas económicas (para un servicio elegido o por cuidados familiares como reconocimiento al trabajo realizado antes gratis). Las ayudas económicas iban a ser excepcionales pero desde el inicio fueron mayoritarias frente a los servicios, algo que Gobierno y Junta han corregido desincentivando las ayudas económicas y haciendo valer la opinión de los profesionales sobre la de los familiares de los dependientes. En los años más duros de la crisis los directores de residencias y centros de día alertaron de familias que sacaban a los usuarios de éstos para cobrar la ayuda.
No ha sido el único problema de la ley. Las previsiones se dispararon. Andalucía, donde vive el 18 por ciento de la población del país, recibe el 23,4 por ciento del total de las solicitudes (en 2008 llegó a recibir el 32 por ciento). La tasa de discapacidad en la comunidad es superior a la media pero su población está menos envejecida. Y es que el desarrollo de la ley ha sido desigual en cada territorio. La Junta siempre ha presumido de ser de las más implicadas (y así lo corroboran los informes del Observatorio de la Dependencia) y pidió por ello que la financiación estatal se repartiera no sólo por criterios de población y extensión territorial sino según las personas valoradas y atendidas.
Esta cofinanciación y la implicación de una tercera administración –los ayuntamientos– en la elaboración de las planes de atención y la prestación de servicios como la ayuda a domicilio– ha sido una de las grandes dificultades de la ley. La Junta cifra en 508 millones lo que ha dejado de percibir del Estado desde que recortó su aportación en 2012. Pero también los ayuntamientos y entidades que gestionan centros han sufrido los retrasos del Gobierno andaluz.
Tras una década hay coincidencia en examinar el sistema para garantizar su sostenibilidad pero también apostar más por la promoción de la autonomía, relegada en aras de la atención a las limitaciones de ésta.