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En el Prado de San Sebastián se encuentra la sede de la Audiencia Provincial de Sevilla y los juzgados de instrucción y penales. / Antonio Acedo
Cada uno de los 51 juzgados de Sevilla capital (145 en la provincia) recibe cada año de media 4.000 asuntos (en realidad varía mucho de los casi 8.000 casos que llegan a cada juzgado de instrucción a los 200 de los de violencia de género). Y aunque los jueces resuelven más casos de los que les llegan, los asuntos pendientes se van acumulando e incluso una vez dictada sentencia, puede tardar meses en notificarse y ejecutarse. Pese que Sevilla cuenta con servicios específicos de ejecutorias en lo Penal y lo Civil, cada año hay unas 20.000 sentencias por ejecutar en cada jurisdicción. Y todo ocho años después de la indignación social que provocó en 2008 el crimen de la pequeña onubense Mari Luz Cortés, cuyo asesino debía estar en prisión cuando la mató por otra causa pero el juzgado sevillano encargado de ejecutar esa pena no le localizó para cumplir la sentencia aunque periódicamente se personaba en otra juzgado para firmar.
Como cada año denuncian el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en sus memorias, el atasco judicial es un mal endémico que requiere no sólo de más medios, técnicos y humanos, sino de una optimización de los mismos. Pero también de reformas legislativas de la norma procesal y socioculturales ante un exceso de judicialización de asuntos civiles y administrativos –sobre todo en el ámbito político–. Son las tres patas en los que los agentes judiciales insisten, año tras año, que es urgente actuar para garantizar el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva.
Andalucía presenta desde hace años la tasa de litigiosidad más alta del país, medida en el número de asuntos anuales por cada mil habitantes: 209,3 frente a la media estatal de 167,6. La carga de trabajo no es homogénea en una comunidad tan extensa como la andaluza. El año pasado, los juzgados de Marbella fueron los más saturados con una tasa de 324 asuntos por cada mil habitantes frente a los 62 de Villacarrillo. Tampoco es igual un ámbito que otro, siendo la jurisdicción penal la más saturada aunque en los años de la crisis, los juzgados de lo mercantil y los sociales se han visto sobrepasados por el aluvión de conflictos laborales, concursos de acreedores de empresas en quiebra y desahucios de viviendas. Según la última memoria anual, los juicios en lo contencioso y en lo social tardan una media de un año frente a los siete meses y medio en la jurisdicción civil y un mes y medio en la penal. En Sevilla, el partido judicial que más asuntos penales y civiles ingresa en números absolutos, hay juzgados que señalan pleitos sociales y mercantiles a tres años vista. Y los encargados de administrar la justicia y los responsables de dotar a éstos de los medios para hacerlo –responsabilidad compartida entre el Estado y las comunidades– coinciden en que una justicia lenta no es justicia.
Si la creación de juzgados y plazas para jueces y magistrados es una competencia del CGPJ y del Estado, la Junta de Andalucía es la responsable de dotar a esos juzgados de personal funcionario y de medios, incluidas las infraestructuras (el presupuesto para 2017 es de 568,5 millones, 33 más que en 2016, fundamentalmente para pagar atrasos a los abogados de oficio). La plantilla de los juzgados ha estado sujeta desde 2012 a los mismos recortes que el resto de empleados públicos, sin cubrir bajas y vacantes y sin oferta pública de empleo.
Se han adoptado planes temporales de choque con funcionarios de refuerzo e incluso durante unos meses, entre finales de 2009 y principios de 2010, los juzgados más colapsados abrieron por la tarde para reducir el colapso. Hoy, hay más refuerzos de jueces que de funcionarios en juzgados que llevan varias macrocausas como el de Instrucción 6 de Sevilla, que lleva los casos de los presuntos fraude en los ERE y las ayudas para formación.
En cuanto a los medios e infraestructuras, las denuncias sindicales por problemas de espacio, falta de papel o impresoras, humedades y hasta plagas de insectos y roedores saltan periódicamente a la luz en los juzgados sevillanos del Prado. Málaga estrenó una nueva Ciudad de la Justicia con el macrojuicio de Malaya y este año se inauguró una gran reforma de la sede de Córdoba. Pero en Sevilla, tras años de litigios urbanísticos y vaivenes, el proyecto de la Ciudad de la Justicia es una entelequia. Se construyó un edificio puente, el Noga en la Buhaira, a la espera de la nueva sede judicial, ante la falta de espacio en la tradicional sede del Prado, mientras continúan usándose instalaciones en alquiler en el edificio Viapol.
Problemas de seguridad, accesibilidad, archivos, falta de espacio y dependencias de protección de testigos o calabozos tercermundistas para los detenidos, son algunas de los problemas en los juzgados de la capital. Pero en la última memoria del TSJA se advierte de que «la mayor parte de los partidos judiciales de la provincia de Sevilla mantienen déficit y carencias importantes», desde la «necesaria reunificación» de las varias sedes judiciales de Alcalá de Guadaíra a los problemas de accesibilidad «e importantes deterioros» en Écija, Estepa, Lebrija y Marchena.