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En febrero de 2016 se repitió la imagen, tan habitual año atrás, de las colas de ciudadanos en la sede de Emvisesa. / José Luis Montero -
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Quedan lejos los años en los que barrios como Sevilla Este, Los Bermejales o Pino Montano crecían, en superficie y población, a base de la construcción y ocupación de viviendas de protección oficial. La labor de la Empresa Municipal de Vivienda de Sevilla, Emvisesa para todo el mundo, también es distinta de la que fue durante aquel periodo, por más que en el recién concluido 2016 haya anunciado su intención de construir nuevas viviendas.
Los derroteros actuales de Emvisesa se centran más bien en una labor social que puede calificarse como necesaria a la vista de algunas de sus actuaciones con familias en situaciones complicadas en distintos niveles.
Destacan en el gobierno municipal la creación de la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda, a la que durante el primer año completo del gobierno de Juan Espadas se han dedicado 923.638 euros. A menudo se utiliza para referirse a ella el nombre de oficina antidesahucio, que destaca su vinculación con los acuerdos alcanzados con Participa Sevilla e IU, que reclamaron su puesta en funcionamiento para atender los casos de emergencia habitacional. Su creación se aprobó en noviembre de 2015 y abrió el último día de mayo. Tiene su sede en San Jerónimo.
Informan en Emvisesa de que desde su apertura ha abordado 333 expedientes. Entre ellos, 29 conflictos con arrendatarios o 30 actuaciones ante ejecuciones hipotecarias. El registro de demandantes que se gestiona a través de esta misma oficina tramitó el año pasado 3.900 expedientes al mes y alcanza ya los 13.000 inscritos.
Todo esto supone, de acuerdo con los datos del propio Gobierno municipal, un coste anual estimado para Emvisesa de 923.638 euros, que asume con recursos propios.
Rentas sociales
Emvisesa ha asumido la adecuación de la renta de los inquilinos a sus posibilidades económicas reales a través de diversas actuaciones, entre las que la propia empresa destaca las siguientes:
La aplicación de la Renta Social para vincular la renta de inquilinos a sus ingresos. A 31 de agosto, dato proporcionado por Emvisesa, el número de expedientes con renta social ascendía a 243 viviendas, lo que lleva a la empresa a estimar que la aplicación de esta medida le ha supuesto un coste de 611.071,44 euros en 2016.
La aplicación del Acuerdo de Comisión Ejecutiva de 10 de abril de 2014 establece un descuento en las rentas de la promoción de la calle Albérchigo, en el barrio de Torreblanca, del 94,42 por ciento sobre el módulo aplicable. En este caso, Emvisesa asume 173.941,59 euros anuales por el descuento aplicado a los inquilinos.
Por otro lado, la Comisión Técnica de seguimiento del Área de Renovación Urbana Nuevo Amate estableció distintas alternativas de retorno para los beneficiarios de la actuación, ya fueran inquilinos de Regiones Devastadas alojados en la promoción de Nuevo Barrio Amate o en diversas viviendas de Emvisesa ubicadas en distintos sectores de Sevilla. La empresa se comprometió a mantener la renta en torno a un euro mensual, como las familias tenían estipulado con el Ministerio antes de la actuación. Emvisesa asume por esta actuación concreta una cifra de 658.175,54 euros para adecuar la renta de los inquilinos a los compromisos asumidos.
Además, Emvisesa tiene arrendadas o cedidas 24 viviendas a asociaciones o entidades sin ánimo de lucro, lo que le supone un coste anual de 22.157,88 euros.
Una experiencia que se ha acometido por primera vez en la ciudad es la puesta en marcha de una bonificación en el IBI del 95 por ciento para todos los inquilinos de Emvisesa, que la Hacienda Pública valora en 600.000 euros.
También por vez primera, y tal y como preveía el acuerdo de Pleno y los acuerdos con otros grupos políticos, Emvisesa ha gestionado ayudas al alquiler para particulares en este caso a través de un programa de la Junta de Andalucía, sufragado con recursos propios. En total, han sido 539.985 euros gestionados en ayudas a inquilinos, que suponen un 40 por ciento de sus rentas. El coste directo de la participación de Emvisesa ha sido de 100.000 euros.
Vivienda social
A 13 de septiembre de 2016, Emvisesa había entregado 93 viviendas a Bienestar Social en aplicación del artículo 13 del Reglamento Regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas, que establece la excepcionalidad de adjudicación a través de dicho Registro en los supuestos, entre otros, de la adjudicación de viviendas y alojamientos a unidades familiares en riesgo de exclusión social cuando se justifique su carácter de urgencia por los servicios sociales del Ayuntamiento.
Para el total de 93 viviendas entregadas por la vía de la excepcionalidad se habían registrado hasta ese momento un coste de adecuación de alrededor de 100.000 euros.
Emvisesa ha adjudicado por importe de 199.790,04 euros la adecuación interior de 14 viviendas de su titularidad para solucionar los desperfectos o patologías existentes de las mismas con la finalidad de cumplir con las condiciones exigibles de habitabilidad, así como para adecuar sus instalaciones a las actuales normativas. Estas viviendas irán destinadas a satisfacer las demandas sociales de viviendas.
Se van a recuperar además cinco viviendas de Patrimonio sin uso para programas sociales con una inversión de más de 160.000 euros, con cargo en este caso a los presupuestos municipales.
Las viviendas traspasadas a 30 de junio de 2016 de venta a alquiler suponen para Emvisesa un desfase presupuestario de 1.552.672,82 euros. Se realizó la operación en cumplimiento de los acuerdos plenarios.
Acuerdos
Emvisesa ha alcanzado ya acuerdos con la Sareb, más conocida como banco malo, para la obtención de 15 viviendas, y anuncia que ultima un acuerdo con otra entidad financiera. Ese acuerdo con la Sareb merece los calificativos de «ridículo» y «tomadura de pelo» por parte de IU, cuyo portavoz, Daniel González Rojas, emplaza al Ayuntamiento a buscar viviendas vacías y de bancos para incentivar el alquiler.
Emvisesa destaca por último que, durante los primeros nueve meses de 2016, ha gestionado 3 expedientes de ayudas directas a familias a través de los Servicios Sociales relacionados directamente con vivienda: 1.054 ayudas al alquiler por un importe de 1.005.613 euros; 44 hipotecas abonadas, por un importe de 41.035 euros; 24 obras de emergencia en viviendas por un importe de 29.391 euros; 678 ayudas al pago de la comunidad con un coste de 399.710 euros; 1.728 ayudas para suministros básicos por un importe de 318.838 euros; 21.800 euros gastados en alojamiento y manutención en hostales.
Daniel González Rojas: «No negamos que se hagan cosas, pero no las suficientes»
«No negamos que se estén haciendo cosas, pero no las suficientes. La prueba es que raro es el día en el que no llega alguien con una amenaza de desahucio al que la Oficina de la Vivienda no le ha dado solución». La opinión es del portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Daniel González Rojas, que reclama más efectividad a la hora de solucionar los problemas de vivienda que los sevillanos. Para empezar, habla de vivienda, y no sólo de Emvisesa, «que al ser una empresa tiene muy complicado hacer política social». En su opinión, Emvisesa podría funcionar como empresa promotora, pero sería más práctico, y más efectivo, que existiera un área de Vivienda dentro del propio organigrama del consistorio, de forma que se evitaran problemas tales como el hecho de que Emvisesa no tenga acceso a los informes de Servicios Sociales. Problemas que suponen una verdadera maraña burocrática para los afectados. Sobre la Oficina de la Vivienda, González Rojas tiene también cuestiones que puntualizar. «Lo que pedíamos es que fuera una oficina antidesahucios, y no pos desahucios. Que se hablara con los bancos para evitar los desalojos, y eso no se está haciendo», lamenta. Explica también que el Ayuntamiento debería tener bien inventariadas todas las viviendas de su propiedad, que no pertenecen sólo a Emvisesa, para ofrecerlas a los sevillanos, y piden que se cumpla con la adecuación de los alquileres a los ingresos de las familias en riesgo de exclusión, que deberían suponer el 5 por ciento de su renta y, en estos momentos, se elevan hasta el 30 por ciento.