En el entorno de la Alameda y la calle San Luis ejercen la prostitución un grupo de mujeres con un perfil algo distinto al de otras zonas de la ciudad. Son personas de edad avanzada, de nacionalidad española, con familias a su cargo y que suelen residir en la zona donde además reciben a sus clientes «de toda la vida».
A ellas va dirigido el contrato que acaba de sacar el Ayuntamiento de Sevilla. Un servicio para una atención «personalizada» y «cercana» como fórmulas para acabar con una situación que ha propiciado la crisis económica y que somete a estas mujeres a una situación de la que no es tan sencillo salir. Prueba de ello es que no es la primera ocasión en la que se licita un contrato de similares características sin que, hasta el momento, la situación haya mejorado.
El Ayuntamiento de Sevilla es consciente de que este grupo de mujeres no solicita ayuda en los «recursos normalizados» de sanidad, empleo o formación en la zona en la que residen y ejercen la prostitución «por temor a ser etiquetadas» ya que, aunque existe una apariencia de integración social, la realidad es que siguen siendo vistas «de modo diferente» aunque no sean rechazadas por el entorno vecinal «explícitamente».
El objetivo del gobierno local, como antes también lo fue de otros, es dar una salida a estas mujeres entre las que el Consistorio asegura haber detectado un importante número de casos en los que la «situación de marginalidad extrema» que viven se ve «potenciada por el consumo de drogas», siendo la prostitución «el modo de subsistencia esencial» con el que cuentan.
Mejorar las condiciones de salud, establecer vínculos operativos basados en la confianza, permitir el acceso de estas personas a actividades específicas en su entorno residencial, favorecer el proceso para que encuentren un empleo alejado de la explotación sexual, promover la comunicación y el apoyo entre las personas afectadas, proteger la salud individual y pública minimizando la aparición y transmisión de patologías asociadas directa o indirectamente al contacto sexual y el uso de drogas, así como acompañarlas a la asistencia terapéutica comunitaria en caso necesario y potenciar el trabajo con entidades de referencia.
Para ello, la entidad que obtenga el contrato, que asciende a 14.960 euros con IVA y que tendrá una duración de ocho meses desde su formalización, desarrollará actividades individuales y grupales para gestionar adecuadamente situaciones de conflicto (coacciones, amenazas, violencia), educación para la salud, conocimiento y facilitación de acceso a recursos de adicciones y prostitución y otras. Se encargarán de facilitar a estas mujeres información sobre recursos sanitarios, de atención a las adicciones, de atención a la mujer, sociales comunitarios y las acompañarán cuando sea necesario. Trabajarán la motivación para el inicio y seguimiento de tratamientos así como del abandono de la prostitución planteando alternativas.
Además, distribuirán material de venopunción estéril, test de gestación o de profilaxis sexual a este colectivo para garantizar su salud. Finalmente realizarán un registro de actividades y características sociodemográficas de las personas afectadas y de demandantes de prostitución así como del perfil adictivo predominante.
El servicio, que se desarrollará durante 850 horas y que debe estar ejecutado antes de noviembre de este año, se realizará tanto en la vía pública, donde estas mujeres ejercen la prostitución, así como en un local cercano al lugar donde se centra la intervención donde se realizarán las actividades individuales y grupales «con la necesaria privacidad».
Las acciones, que correrán a cargo de un profesional de educación social o trabajo social o de integración social, se realizarán en un mínimo de 25 horas semanales en horario de mañana, tarde y noche tanto en la calle como en el local de la entidad. La entidad, además, facilitará toda la información que se le requiera y realizará informes evaluativos y una memoria final al concluir el contrato.