Una oportunidad a la capacidad

Belén Palomo acude cada mañana a su puesto de trabajo en una tienda de una conocida marca de cafeteras. Lleva trabajando en la misma tienda desde hace seis años y por su mente no pasa el cambiar de empresa porque le «encanta» su trabajo. Empezó con un contrato temporal; así enlazó tres años y al cuarto la hicieron indefinida. Trabaja a media jornada, «de lunes a sábado, como cualquier otra persona», apunta. Belén tiene 32 años y es Síndrome de Down.

Esta joven sevillana es parte del 30 por ciento de andaluces con discapacidad que tiene trabajo. El porcentaje es más llamativo si nos centramos en el colectivo de personas con discapacidad intelectual, cuya tasa de ocupación es de apenas un 0,3 por ciento en la comunidad, según datos extraídos del Observatorio Argos, dependiente de la Junta de Andalucía.

En su mayoría son trabajos a media jornada –dado que tienen que compatibilizar su trabajo con médicos y actividades sociales– y de carácter indefinido, ya que las subvenciones que reciben las empresas son mayores.

La integración laboral es una de las cruzadas de las personas con discapacidad. La ley les ampara. Lo hace desde el año 82 con la ley de integración social del minusválido (LISMI) –nomenclatura ya desfasada–, que obliga a las empresas públicas y privadas con 50 o más trabajadores a reservar un 2 por ciento de sus puestos a personas con discapacidad.

Con más de dos décadas, la normativa se verá reforzada próximamente cuando se apruebe de manera definitiva el proyecto de ley de los derechos de la Atención a las personas con Discapacidad, que aprobó el Consejo de Gobierno en agosto y que sustituye a la normativa de 1999. Una norma que recoge como principal novedad la reserva de un 3 por ciento de las plazas para personas con discapacidad en los cursos de formación para el empleo organizados por la Junta y un 5 por ciento de las plazas de las Escuelas Taller y Talleres de Empleo. Asimismo, el Gobierno andaluz se compromete a que el 5 por ciento de los contratos públicos se realizarán con centros especiales de empleo y exigirá a toda empresa adjudicataria de más de 50 empleados a acreditar que cumplen con la ley de 1982.

A pesar de los incentivos y los beneficios fiscales que conlleva para las empresas, esta cuota «no se ha cumplido nunca; no por ninguna animadversión, sino por desconocimiento y temor a la palabra discapacidad», señala la presidenta de la Asociación de Centros Especiales de Empleo de la Comunidad Andaluza (Aceca), María del Mar Martín. No obstante, el ideal del colectivo sería que las personas con discapacidad «fuesen contratadas por su valor y no por una subvención», recalca la coordinadora del Programa Empleo con Apoyo de Asedown, Eva Guerrero. Porque, como apunta Martín, «a pesar de que tengan una discapacidad también son capaces de trabajar».

Pero la cuestión no está en reservar cuotas. La clave está «en cambiar la cultura de las empresas», recalca el director general de la Fundación Adecco, Francisco Mesonero. Quitar la etiqueta de persona con discapacidad, reconocer que cualquier persona tiene limitaciones, que todos somos capaces de trabajar cuando la tarea se adapta a las capacidades del empleado (tenga o no una discapacidad)... «El concepto que tienen que trabajar es que todo el mundo es capaz y competente», recalca Mesonero. Así lo demuestra a diario Belén Palomo, quien igual está atendiendo a un cliente en tienda, que en almacén o reponiendo.

Ante la falta de una oportunidad laboral en empresas ordinarias, nacieron los centro especiales de empleo, que sólo en Andalucía emplean a más de 10.000 personas, y cuya plantilla está formada en un 70 por ciento por personas con discapacidad. Por lo demás, son empresas como otras cualesquiera. Con la crisis han pasado sus peores años, ya que la Junta congeló las subvenciones que recibían por cada trabajador, un incentivo que recuperarán cuando la Junta publique próximamente en el BOJA la nueva orden que incrementa la subvención por trabajador de 12.000 euros y que incluye ayudas a ajustes sociales y personales, «para que las empresas ayuden a integrarse en la vida deportiva y cultural a los trabajadores».