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Urbanismo regulará los pisos turísticos

La Gerencia elaborará una ordenanza y modificará parcialmente el PGOU para controlar su crecimiento

20 jun 2018 / 15:34 h - Actualizado: 20 jun 2018 / 22:33 h.
  • Dos turistas caminando por la Avenida de la Constitución. / Jesús Barrera
    Dos turistas caminando por la Avenida de la Constitución. / Jesús Barrera

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El Ayuntamiento da un paso más para controlar el crecimiento de apartamentos turísticos en la capital hispalense. Y lo hace con dos medidas: la modificación puntual del Plan_General de Ordenación Urbana (PGOU) para reconocer este «fenómeno» y con la redacción de una nueva ordenanza municipal con la que regular estos alojamientos. Así lo explicó ayer el delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz, quien apuntó que con ello Sevilla se suma a otras ciudades que han ido adoptando políticas para tratar de poner freno a la proliferación de estos pisos, que habitualmente se concentran en la zona más turísticas de las ciudades.

En el caso de la capital hispalense, la mayor localización de estos negocios se localiza en la zona norte del centro y en algunos puntos de Triana. En concreto, según un informe de 2017, la ciudad cuenta con 1.495 viviendas registradas para su uso turístico, frente a 9.179 pisos con el mismo fin pero «no registrados» formalmente en el inventario de la Junta de Andalucía. Es más, la mayoría de la oferta existente en Sevilla reside en particulares, siendo éstos el 76 por ciento (4.327) de los anuncios localizados, frente al 24 por ciento publicitados por empresas (1.344). Con esta situación sobre la mesa, Urbanismo ha venido adoptando distintas medidas en los últimos tres años. Desde multas –alguna millonaria– hasta mociones plenarias propuestas por los diversos grupos políticos, pasando por la posibilidad de establecer incluso zonas saturadas de pisos turísticos o el estudio acciones aplicadas en otras localidades para valorar su posible adopción, como recordó ayer el delegado.

Ahora, el gobierno local inicia el camino para modificar el PGOU pues esta norma urbanística, que es la hoja de ruta del desarrollo de la ciudad, data de 2006, año en el que aún la legislación no recogía este fenómeno «que se ha ido incrementando exponencialmente en los últimos siete años». Por ello, el Consistorio se plantea ahora la necesidad de hacer una modificación puntual para incluir esta nueva «referencia», ya que el concepto de apartamento turístico no está recogido y actualmente se asemeja al uso residencial, «cuando realmente es una actividad económica y turística». «Es necesario desgajarlo y darle una calificación distinta aunque haya temas de habitabilidad comunes», explicó Muñoz.

Una vez realizado el cambio se desarrollará una nueva ordenanza que regule la apertura de estos alojamientos. Aquí el delegado fue claro y descartó, aunque su voluntad sería la contraria, la posibilidad de establecer esas zonas saturadas pues España está sujeta a la «unidad de mercado y libertad de competencia» que promueve la Unión Europea, extremo que dificulta la implantación de posibles «limitaciones» y obliga a apostar por una regulación como tal. En cualquier caso, la norma tendrá en cuenta una zonificación de la ciudad y la cantidad de alojamientos de este tipo que existen para imponer distintas tasas, «no costará lo mismo abrir un alojamiento turístico en Sevilla Este que en la calle Castelar», y establecerá unos criterios y procedimientos comunes para «hacer convivir los usos residenciales y turísticos».

Para la elaboración de esta ordenanza «de nuevo cuño» el gobierno local quiere contar «con el mayor consenso posible» por lo que, además de hacer una encuesta abierta –que se colgará en la web municipal de participación en los próximos días–, se tendrá en cuenta las propuestas de las asociaciones de vecinos afectadas, las plataformas que combaten el fenómeno, administradores de fincas, hoteleros y la asociación de viviendas turísticas. Ambas medidas, estimó Muñoz, estarán en marcha antes de que finalice el mandato –mayo de 2019–.

Mientras se acomete esta regulación, el Ayuntamiento prevé abrir un «buzón telemático de sugerencias» para recoger las incidencias o problemas que los ciudadanos quieran trasladar.

Finalmente, el delegado lamentó que sean los organismos locales quienes deban asumir la responsabilidad de controlar la proliferación de estos apartamentos en sus ciudades ante la «inacción» por parte de los gobiernos europeos, nacionales y autonómicos. Además, recordó que el Consistorio solo tiene capacidad de sancionar a aquellos pisos que incumplen normativas urbanísticas y que es la Junta de Andalucía, con quien existe una «colaboración fluida», la encargada de inspeccionar y localizar los alojamientos ilegales.


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