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Imagen panorámica del yacimiento minero de Aznalcóllar, cuya explotación fue adjudicada en febrero de 2015. Un juzgado sevillano indaga posibles irregularidades en el concurso público convocado por la Junta. / Efe
En el verano de 2013 la Junta de Andalucía anunciaba que iba a sacar a concurso público internacional para explotar el yacimiento minero de Aznalcóllar, cerrado desde el desastre ecológico ocurrido en 1998. Más de cuatro años después, la mina continúa cerrada y su adjudicación al grupo cordobés Magtel (a través del consorcio Minorbis-Grupo México) cuestionada por hasta seis procesos judiciales diferentes ante los «indicios de ilegalidades severas y arbitrarias de dicho procedimiento administrativo».
El Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla es el que tiene sobre su mesa el futuro de la mina. Su magistrada, Patricia Fernández, abrió el caso a raíz de la denuncia interpuesta por Emérita Resources España contra la Junta de Andalucía por posibles delitos de prevaricación, cohecho y fraude en el concurso público. La jueza imputó a siete personas, pero acabó dando carpetazo al asunto tan solo nueve meses después, en noviembre de 2015, al considerar que se trataba de una cuestión administrativa y no penal. Sin embargo, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, con Mercedes Alaya al frente, ordenó en octubre de 2016 la reapertura del caso ante los indicios de «ilegalidades severas y arbitrarias» y el «torcimiento del Derecho» en el concurso. A partir de ahí la investigación se amplía y se encarga de ella la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
¿Pero cuáles son esas irregularidades? ¿Qué es lo que se está investigando? Lo primero que hay que aclarar son las ramas judiciales abiertas por este asunto. Por un lado, Emérita también acudió a la vía contencioso-administrativa, donde llegó a interponer hasta siete demandas, cuatro de las cuales se han acumulado en un solo proceso. En ellas, no solo denuncian su desacuerdo con la valoración del concurso, sino también el que la Junta le impidiera el acceso al expediente, entre otras cuestiones. En la vía penal, hay tres ramas: la ya comentada y principal en el Juzgado de Instrucción número 3; que a su vez tiene abierto un segundo caso para indagar el reguero de subvenciones públicas recibidas por Magtel en cuatro años y que ascienden a 50 millones de euros; la tercera causa está abierta por un juzgado de Sanlúcar la Mayor y en ella se investiga un posible delito medioambiental por posibles vertidos de agua contaminada de la mina al río Agrio.
De principio a fin
Lo que se investiga en la causa penal principal son tres puntos principalmente: por un lado, si el consorcio Minorbis-Grupo México tenía solvencia para ser valorado en el concurso; la valoración técnica del concurso; y, por último, la adjudicación finalmente a una tercera empresa que no es Minorbis, sino Minera Los Frailes, «constituida presuntamente por una filial de Grupo México». No obstante, esta cuestión ha hecho que se abra una nueva vía, en la que la jueza trata de averiguar si finalmente Minorbis solo fue una intermediaria» para que la mina acabara en manos del Grupo México, que supuestamente habría aportado por ello 1,2 millones de euros. La causa está pendiente ahora del examen de 127.000 correos institucionales de varios cargos de la Junta por parte de la UCO.
La primera cuestión controvertida a resolver es la solvencia de Minorbis. La firma fue creada dos meses después de la publicación del pliego de condiciones, «el 19 de marzo de 2014 para participar en dicho concurso, sin proyectos anteriores y con un capital de 3.000 euros», es decir, creada «ad hoc», señala el auto de la Audiencia. Por ello, los magistrados, la jueza Mercedes Alaya entre ellos, dudan de la solvencia técnica y económica de la empresa, pese a que esta supuestamente contaba con el apoyo de Grupo México, pues en el momento de la presentación al mismo solo existía «un memorándum de entendimiento» que recogía que estaban «en pláticas y reuniones de trabajo no vinculantes». A los magistrados les «resulta ciertamente paradójico que ante este compromiso de futuro» la que fuera en ese momento directora general de Minas María José Asencio, imputada en la causa, dijera en su declaración judicial sobre el compromiso de inversión del Grupo México, que «no era vinculante» para ellos, «lo tenían claro».
La Junta defendió en escritos posteriores al juzgado que el ganador fue Minorbis pero los jueces entienden que ni esta empresa sola ni como Minorbis-Grupo México, lo que según la Junta es un «error arrastrado» que se fue pasando de un papel a otro, cumplían los requisitos establecidos ni siquiera para superar la primera fase. La Audiencia sostiene que se cometieron «un elevado número de omisiones e incumplimientos» desde el principio al fin del concurso, de tal modo que ni la propia administración respetó sus propias bases y hubo una actuación «suficientemente grave como para que sea necesario continuar con la instrucción».
Otra de las cuestiones relevantes para la Audiencia es el hecho de que finalmente fuera una tercera empresa la que asume la explotación del yacimiento. «De lo que se deduce con claridad que la entidad aceptante no solo no es la entidad adjudicataria, sino que habría sido adquirida ad hoc por Grupo México, que según la Junta de Andalucía no era licitadora, y que además habría cambiado su objeto social para destinarlo a la minería cinco días antes de la aceptación», explica la Audiencia. Esto quiere decir que Minera Los Frailes era una entidad con otro nombre, dedicada al mundo inmobiliario, al igual que la empresa que a su vez la adquiere que es una «filial de otra filial» del Grupo México.
Los jueces recuerdan que ni en las bases del concurso ni en el pliego de condiciones se admitía «que pudiera ser el aceptante ninguna otra sociedad». Esto les hace sospechar que dado el control absoluto del Grupo México de la sociedad Minera Los Frailes, Minorbis haya actuado «como mero intermediario para procurar la adjudicación a una tercera entidad», más aún cuando esta última facturó a Grupo México 1,2 millones de euros. Alaya y sus compañeros recriminan a la Junta que dadas al ser una zona «donde ocurrió uno de los mayores desastres ecológicos de nuestro país», era «exigible un plus de transparencia y rigor en la actuación administrativa».
Por su parte Minorbis ha entregado a la jueza un informe para desmontar todas estas acusaciones y en el que cuestiona el proyecto de Emérita, que suponía una inversión de más de 600 millones de euros, el doble que el propuesto por la actual adjudicataria.