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Personas discapacitadas por la vía pública. / El Correo
¿Qué cambiará en nuestro paisaje habitual a partir del 4 de diciembre? Francisco Ligero, del Colegio de Aparejadores de Sevilla y especialista en este tema, asegura que «las novedades más llamativas desde el punto de vista técnico serán los elementos que nos tendremos que acostumbrar a ver poco a poco en nuestros edificios, como por ejemplo bucles magnéticos (instalaciones que facilitan la comunicación de personas que utilizan audífono) o solerías detectables para personas invidentes antes de llegar a una escalera o a una rampa». Elementos que hace años parecerían casi de ciencia-ficción y que comenzarán a formar parte natural de nuestro entorno más directo.
Desde el punto de vista legal, la principal novedad es que ya una persona que por motivos de discapacidad u otros, se vea impedida o limitada en un edificio o en un espacio urbano, tendrá a su disposición una legislación específica con la que podrá exigir que ese edificio o espacio reúna las condiciones adecuadas para su acceso. «Este plazo no afecta a las nuevas edificaciones, porque todas aquellas construidas después de 2010, han de reunir las condiciones de accesibilidad que establece el Código Técnico de la Edificación. Por tanto, estamos hablando de una nueva situación que sólo afecta a los edificios anteriores al 4 de diciembre de 2010», aclara Ligero.
Según los estudios elaborados por el Colegio de Aparejadores, los beneficios que aportan a las personas discapacitadas usuarias son principalmente la autonomía, la seguridad y la igualdad de condiciones. Autonomía porque permite utilizar instalaciones por sí solas sin ayuda de nadie (un aseo, coger un ascensor...); seguridad porque no se puede olvidar que cuando hablamos de accesibilidad para entrar, también hablamos de accesibilidad para salir y evacuarlo en caso de una emergencia; e igualdad de condiciones, porque según el presidente del Colegio, Javier Gómez Ramallo «en definitiva se trata de facilitar a todas las personas la posibilidad de ejercer todos sus derechos con plenitud; este es un tema que va más allá de lo técnico, ya que resuelve un problema social que viene de largo».
Una política de intervención que se aplicará también a los centros educativos. Así, por ejemplo, hoy arranca la obra del CEIP Isbilya, una actuación que tiene un plazo de ejecución de dos meses y un presupuesto de 101.000 euros. La intervención permitirá garantizar la accesibilidad en el colegio, así como mejoras en los patios y en los espacios interiores del centro. El Ángel Ganivet, Tierno Galván y Arrayanes, entre otros, son otros centros en los que se intervendrá.