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En Sevilla, 112.670 personas poseen un grado de discapacidad igual o superior al 33%, según datos de la Junta de Andalucía. / El Correo
El día se aproxima y los objetivos, en una radiografía del asunto, parecen no haber sido conquistados. El próximo 4 de diciembre es la fecha límite que marca la ley para alcanzar las condiciones básicas de accesibilidad en todos los edificios, tanto residenciales como públicos. «Todos sin excepción alguna, deberán contar de forma obligatoria con accesos adaptados para personas con discapacidad». Esta declaración –obligatoria– de buenas intenciones se recogió primero en el Real Decreto Legislativo 1/2013 sobre la accesibilidad, y posteriormente en la Ley 8/2013 de 26 de junio, que vino para reforzar el decreto anterior y tratar sobre la rehabilitación, la regeneración y la renovación urbana.
El pasado mes de septiembre, la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta había recibido ya 1.361 solicitudes a la convocatoria de ayudas autonómicas destinadas a la rehabilitación de edificios residenciales, dotada con 14,5 millones de euros y que se abrió el pasado 6 de julio. Muchas actuaciones están en marcha, pero el presupuesto no cubre el total de la demanda. Según el Consejo General de Colegios y Administradores de Fincas de España (Cgcafe), el 75% de los edificios españoles –y el 43% de los andaluces– necesitan una mejora de la accesibilidad, por lo que la entrada en vigor de esta normativa está afectando a la mayor parte de las comunidades de propietarios españolas.
En Sevilla, 112.670 personas poseen un grado de discapacidad igual o superior al 33%, según datos de la Junta de Andalucía a diciembre de 2016. Una cifra considerable que representa aproximadamente el 20% del conjunto de personas con estos problemas en Andalucía. De ese total, un 49,4% tiene entre 16 y 64 años y un 45% supera los 65 años. Las adecuaciones necesarias para cumplir con el requisito de accesibilidad contemplan las áreas de movilidad y comunicación, según el Plan Estatal 2013-2016. En movilidad, las soluciones más comunes que podrán aplicarse a cada edificio, según sus características, son la instalación de rampas, que solo sirven para superar pequeños desniveles, con inclinaciones reducidas. También la implementación de plataformas salvaescaleras, que permiten acceder con silla de ruedas, aunque suele requerir mayor espacio y mayor potencia en el mecanismo. Elevadores verticales, un sistema mecánico de engranajes (sin poleas) que hace subir una plataforma en vertical para superar desniveles pronunciados pero cortos o, en su defecto, ascensores cuando exista una altura mayor.
En cuanto a las sillas salvaescaleras y orugas motorizadas, al no permitir al usuario de silla de ruedas su uso autónomo, no se consideran una adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en espacios públicos. No obstante, las sillas salvaescaleras se pueden utilizar en casos muy particulares para facilitar la accesibilidad a ciertos usuarios cuando no exista otra solución, siempre que se cuente con la conformidad previa del usuario. En materia de comunicación, ésta ha de ponerse al alcance de todos, mediante la instalación de señales luminosas o sonoras que permitan la orientación en las zonas comunes. Y para la comunicación con el exterior, se deberán instalar telefonillos o videoporteros.
No obstante, aunque tirando de utopía la ciudad fuera accesible al 100% «siempre habrá ciudadanos que por torpeza o falta de respeto impide la accesibilidad, como sucede con los vehículos mal aparcados en los pasos de peatones», señala Juan José Lara, presidente de la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla.
El Plan de Accesibilidad Universal de Sevilla, cuya redacción tiene un presupuesto estimado de licitación de 96.800 euros, tendrá en cuenta también las condiciones de accesibilidad de los centros públicos de alta actividad (como hospitales y centros de salud) y realizará propuestas de actuación concretas que los hagan más accesibles. Sin embargo, el 4 de diciembre se acerca, y ya se da por hecho que no todo estará listo para ese día. Precisamente, el grupo municipal de Izquierda Unida anunció ayer domingo que propondrá en el próximo pleno del Ayuntamiento de Sevilla una batería de medidas destinadas a garantizar la accesibilidad universal en todos los establecimientos de la ciudad, ya que la fecha tope va a llegar «y vemos que en Sevilla aún queda mucho para cumplir ese objetivo». Otra de las medidas que IU plantea en su moción pasa por la elaboración de una guía práctica del comercio accesible, por parte de la Gerencia de Urbanismo, donde se recojan las pautas básicas y necesarias para lograr un diseño inclusivo que erradique las barreras arquitectónicas en los diferentes establecimientos de la capital.