El deber público de proteger la memoria

Antes de redactar su informe sobre memoria histórica en España, Pablo Greiff, Relator Especial de las Naciones Unidas para el fomento de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición pudo recorrer una parte del Canal de los Presos, los restos del campo de concentración Los Merinales y el mausoleo construido sobre la fosa común del cementerio de Cazalla de la Sierra, donde reposan los restos de unas cien personas fusiladas durante los primeros meses del golpe militar de 1936. En sus conclusiones, Greiff apuntó que en España «jamás se estableció nunca una política de Estado en materia de verdad, ni existía información oficial, ni mecanismos de esclarecimiento de la verdad». Resaltó la indiferencia de las instituciones estatales con el modelo de privatización de las exhumaciones, que delegaba esa responsabilidad a las víctimas y asociaciones y provocaba indiferencia de las instituciones.

A partir de este diagnóstico, IU elaboró su proyecto de Ley de Memoria Democrática de Andalucía que fue incluido en el paquete del acuerdo de pacto de gobierno que firmó con el PSOE después de las elecciones autonómicas de 2012. La decisión de Susana Díaz de romper el compromiso y dar por terminada la IX Legislatura dejó la norma en el cajón de los proyectos pendientes. Fue después de celebrados los comicios de marzo de 2015 cuando la presidenta de la Junta retomó la iniciativa, que está en tramitación parlamentaria. Se estima que la ley de memoria democrática andaluza pueda estar aprobada de forma definitiva en febrero de 2017. PSOE, Podemos e IU ya han garantizado su apoyo a la norma, y aunque la intención era la de que fuera aprobada por unanimidad PP y Ciudadanos están en contra del borrador.

En el reparto de competencias del nuevo Ejecutivo de Díaz, la Dirección General de Memoria Democrática fue integrada en la Consejería de Cultura, frente a las críticas de partidos como Podemos que pidieron atribuir la materia a Justicia. «Este Canal de los Presos fue construido a costa de sangre y muerte, con el trabajo esclavizado al que la dictadura franquista sometió a los presos republicanos en beneficio de las oligarquías terratenientes. ¡Verdad, Justicia y Reparación!», el sábado 10 de diciembre quedó inaugurada parte de la señalética que marca esta gigante obra hidráulica de más de 158 kilómetros, desde Peñaflor hasta el embalse de Don Melendo, en el término municipal de Lebrija.

La norma define la memoria democrática como «el derecho a conocer la verdad de la historia de la lucha del pueblo andaluz por sus derechos y libertades, derecho a la justicia y derecho a la reparación, como garantías de no repetición». La idea de IU en su redacción era que el proyecto de ley andaluz fuera más allá de la legislación estatal. De este modo establecía medidas como ampliar la consideración de víctima a colectivos como los familiares o los niños robados, incluir el estudio de la memoria democrática en los currículos educativos y facultar a la Administración autonómica para emprender acciones y denuncias de crímenes ante los juzgados, de acuerdo con el principio de justicia universal. Y por supuesto, asume la prohibición de exhibir simbología fascista, contemplando su retirada en el plazo de 18 meses una vez aprobada la norma, obligando a retirar escudos, placas y nombres en calles, plazas o avenidas. «El concepto de memoria democrática amplía el de memoria histórica. El deber público de la memoria corresponde esencialmente al Estado democrático, y, en ese sentido, la Junta, como parte del mismo, asume como propio ese deber», mantuvo Inmaculada Nieto, diputada de IU, en el debate sobre la totalidad de esta norma en el Parlamento.

La Ley de Memoria Democrática capacita a la Junta a llevar a cabo las actuaciones necesarias para recuperar e identificar los restos de las víctimas desaparecidas. El Plan Andaluz de Memoria Democrática priorizará las medidas y actuaciones para la localización, exhumación y, en su caso, la identificación y se concretarán otras políticas. La ley establecerá la obligatoriedad de que la Junta se persone de oficio en todos los procesos de localización, exhumación e identificación de los huesos de víctimas, o también a instancias de ayuntamientos, familiares, entidades memorialistas e investigadores.

Si los enterramientos están en terrenos de propiedad privada y el propietario no da su consentimiento, se procederá a la expropiación temporal de uso de los terrenos.

El presupuesto para 2017 del Gobierno andaluz para la gestión de la Memoria Histórica ascenderá a 1.263.426 euros, lo que supone un incremento del 8,5% con respecto al año actual, siendo la partida de gasto más importante la intervención en fosas comunes de la Guerra Civil y el franquismo, con un montante cercano a los 200.000 euros. El proyecto prevé multas de hasta 150.000 euros por la realización de excavaciones sin la autorización de la Junta, una actuación tipificada como falta muy grave. Teniendo en cuenta que en Andalucía existen 614 fosas, el grupo de trabajo calcula que su resolución puede abarcar entre los cincuenta y setenta años. En esas 614 fosas localizadas en Andalucía, la mayoría en Sevilla (130), Huelva (120) y Cádiz (100), donde se estima que hay 60.000 desaparecidos.

Será la administración andaluza la que realizará las pruebas genéticas que permitan la identificación de los restos óseos. Se constituirá un banco de ADN en Granada que centralizará las muestras encontradas de víctimas de la Guerra Civil y la posguerra en Andalucía para analizarlas, identificarlas y devolverlas a sus familiares a fin de que puedan ser enterradas dignamente. Con este banco de muestras la Junta pretende impulsar la identificación de restos humanos hallados en las distintas fosas repartidas por toda la región que se han ido exhumando en los últimos años y los que se puedan encontrar a partir de ahora. Según la consejera de Cultura, Rosa Aguilar, hay al menos unos 3.500 restos humanos que esperan ser identificados y devueltos a sus familiares en toda Andalucía.

La historia del franquismo y la represión llegará a las aulas andaluzas, pero no como asignatura independiente evaluable, de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), del Bachillerato y de la Educación Permanente de personas adultas. La intención es educar de forma rigurosa «sobre los acontecimientos ocurridos antes y después de la Guerra Civil». También se impulsará la colaboración con las universidades andaluzas la incorporación de la Memoria Democrática en los estudios universitarios. El objeto del proyecto de ley de Memoria Democrática es «garantizar a la ciudadanía andaluza el derecho a conocer la verdad de los hechos acaecidos». De ahí la importancia del tratamiento escolar de la materia y su entrada en el currículum educativo. El PP exige libertad de cátedra y «respeto a la libertad de enseñanza de docentes y centros educativos». C’s supedita la entrada de contenido memorialista en las aulas a la aprobación como iniciativa legislativa en el Parlamento regional del Pacto Andaluz por la Educación. Los populares también quieren que la ley de Memoria no se limite a incluir la Guerra Civil y la Dictadura en el currículum de ESO y Bachillerato, y piden que se extienda al temario de Primaria (alumnos de 6 a 13 años), «previo acuerdo con los docentes»

El PP quiere que la ley de Memoria Democrática llegue hasta las primeras elecciones democráticas de 1977. Y Ciudadanos pretende eliminar el periodo de la Segunda República, del 14 de abril de 1931 al 17 de julio de 1936. A partir de ahí sí sería materia memorialista según la formación naranja, hasta la Constitución española del 78. Sacan, de este modo, la Transición de cualquier fiscalización legislativa.

PSOE y Podemos e IU dejan el marco temporal que abarca la ley tal como surge del anteproyecto: Segunda República, Guerra Civil, Dictadura franquista y transición a la democracia hasta la entrada en vigor del primer Estatuto de Autonomía para Andalucía. Del 14 de abril de 1931 al 11 de enero de 1982.