-
Javier Arenas votó en la sede regional del PP-A. / Jesús Barrera -
Cospedal depositó su voto en la sede del PP de Albacete. / Efe -
Casado votó en el madrileño distrito de Salamanca. / Europa Press
El PP prepara ya su segunda y definitiva ronda. Los militantes han hablado: Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado optarán a presidir el PP. Sin embargo, la responsabilidad de dirimir entre una y otro recae ahora sobre los 3.184 compromisarios que votarán en el Congreso Extraordinario de los próximos 20 y 21 de julio. De estos delegados, el 82 por ciento –2.162– fueron elegidos ayer por los 58.305 militantes que participaron en la votación. El PP exterior eligió a 40 y al Comité Organizador del Congreso le corresponden 10, mientras que los 522 compromisarios restantes tienen un carácter nato.
Ahora la batalla por el poder en el PP abre una nueva fase en la que pueden suceder dos cosas: mantener la afrenta abierta entre Sáenz de Santamaría y Casado y conquistar al mayor número posible de compromisarios o llegar a un acuerdo de integración. Sin descartar la segunda opción, lo más probable es que la pugna por la presidencia del PP siga adelante, lo que podría generar una brecha territorial en el seno del partido.
El problema radica en la distribución de los compromisarios, cuyo procedimiento genera ciertas distorsiones. Todas las provincias parten automáticamente con seis compromisarios, excepto las islas Canarias y Baleares, Ceuta y Melilla, que disponen de tres. Esto se entiende como un premio a diversidad territorial.
Los problemas comienzan a aparecer con la distribución del resto de compromisarios. Un 25 por ciento de estos se reparten en función de los resultados obtenidos en las últimas generales. Lo que podría entenderse como un premio a las regiones con mayor tracción electoral, lo cierto es que es un castigo a los territorios más débiles. Por otro lado, el 75 por ciento restante se reparte, de manera proporcional, en función del número de afiliados y no del censo de inscritos para votar. Este hecho origina que territorios como Galicia y la Comunidad Valenciana estén sobredimensionados en el reparto territorial de los compromisarios, mientras que Castilla y León, Madrid y La Rioja son los más perjudicados.
Andalucía, que aporta 543 compromisarios –es la región que más delegados lleva al Congreso del PP– está actualmente sobredimensionado, ya que 340 de sus compromisarios le corresponden por esta asignación. Si ese reparto se realizara en función del número de inscritos, el PP andaluz perdería unos 26 compromisarios.