El cierre del ejercicio laboral de 2017 en Andalucía dejó sobre la mesa un dato preocupante para los sindicatos: el frenazo de la creación de empleo público en la región. Según la última Encuesta de Población Activa (EPA), la comunidad contaba con 557.300 funcionarios, 9.500 menos que en el tercer trimestre del mismo año. Andalucía rompía así la recuperación laboral que estaba viviendo el sector público desde el último trimestre de 2016.
CSIF Andalucía pone el acento en el «grave déficit de personal» que sufre la función pública andaluza en todos los sectores, lo que redunda «en un descenso de la calidad de los servicios públicos» y, por tanto, afecta directamente a los ciudadanos y a las condiciones sociolaborales de los empleados públicos. A pesar de que la Junta de Andalucía se comprometía a finales de año en estabilizar el contrato de 37.115 interinos, para el sindicato esta cifra es «insuficiente a todas luces» y reclaman la creación de al menos 20.000 nuevas vacantes que ayuden a combatir la elevada temporalidad que sufre el sector público y la precariedad laboral de los funcionarios.
Según lo acordado en la Mesa General de Negociación Común del Empleado Público, Sanidad y Educación serán los sectores más beneficiados. En el caso del primero, sumará 18.618 funcionarios; mientras que la docencia se verá reforzada con 12.603 empleados más en toda la comunidad. Para cubrir las necesidades de todos los departamentos de la Junta de Andalucía, ésta regularizará el contrato de 3.991 interinos, mientras que las plazas que se convertirán en fijas para la Administración General se contabilizarán en 1.515. El sector que menos se beneficiará de esta medida será el de la Justicia. A pesar de la saturación que viven muchos Juzgados, tan sólo 388 interinos pasarán a ser fijos.
CASOS CONCRETOS
A la petición de más personal por parte del funcionariado se suma la protesta de parte de los trabajadores de otros servicios públicos que están subcontratados. Es el caso del Servicio de Emergencias 112, que pese a ser competencia de la Junta de Andalucía su gestión siempre se ha cedido a empresas privadas bajo subcontrata, explica la presidenta del comité de empresa del 112 en Sevilla, Matilde Cruz.
En abril de 2017, Ferrovial asumió la gestión de un servicio «esencial» para la comunidad, ya que se trata del centro que coordina las emergencias sanitarias y protección civil. Entonces eran cerca de 150 empleados para atender las llamadas de la provincia de Sevilla y regionales. Sin embargo, desde entonces se han ido nueve personas, que no han sido sustituidas por nuevos contratos fijos.
El problema es que la empresa «busca el máximo beneficio económico». Una situación que se ha agravado con la crisis económica y los recortes que ha ido aplicando la Administración autonómica. En el centro de Sevilla, el «hachazo» lo dieron en 2012, cuando la gestión dependía de Ilunion –grupo de empresas de ONCE–. La empresa aumentó las horas por empleado y quitó una serie de pluses, apunta Cruz.
En este centro, el más de centenar de empleados trabaja los 365 días al año, durante las 24 horas del día y en turnos rotatorios, lo que agrava la situación de estrés que viven estos empleados. De hecho, la presidenta del comité de empresa asegura que muchos compañeros «se han visto obligados a pedir reducciones de jornada (hasta un total de 24 empleados) por estrés y días libre sin sueldo para poder conciliar su vida laboral y personal». A lo que se une que tienen que asumir la autocobertura de vacaciones y bajas médicas.
«Ferrovial ajusta al mínimo el personal para que las llamadas sean atendidas correctamente», asegura Cruz. Hasta el punto en que en un turno de noche del centro regional (donde reciben las llamadas de Andalucía occidental) trabajan solo cinco personas; «pero si la en el centro de Málaga están saturados, las llamadas se desvían directamente a Sevilla», explica la presidenta del comité y portavoz de CCOO. Por todo ello, reclaman más gente en plantilla.
El comité de empresa del 112 se reúne hoy con la Junta para pedirle a la administración que asuma la gestión directa de este servicio, «le saldría más económico, ya que el intermediario va a rascar hasta el último euro». Además, reclaman que les saquen del convenio colectivo de los call center, ya que su trabajo no es corresponde con el de las empresas de telemarketing.
La situación de precariedad también se vive en el sector privado. En la empresa Servinform, que atiende las llamadas de empresas como Endesa, Bankinter, el Servicio Andaluz de Empleo o Veiasa. Al déficit de personal que sufre esta empresa, sobre todo en la parte de TIC, se une «la dificultad para hacer efectiva la conciliación laboral, las horas extra mal pagadas y un salario bajo (para llegar a los 900 euros deben realizar jornadas de 12 horas)», según la presidenta del comité de empresa, Ana Jurado.
La portavoz de los trabajadores denuncia el problema que tienen los empleados del área TIC con el convenio colectivo, «que está obsoleto y sigue estando por debajo» a pesar de que se firmó el año pasado. Además, «no se recogen cinco minutos de pausa visual, a pesar de trabajar delante de una pantalla de ordenador».
