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Un grupo de turistas extranjeros pasean por las inmediaciones de la Catedral. / Jesús Barrera
El boom turístico de Sevilla tiene sus daños colaterales. Además de tirar del carro económico de la capital hispalense, también ha despertado una oferta clandestina que no se circunscribe exclusivamente a las casas ilegales que desde hace un año viene denunciando la Asociación de Hoteles de Sevilla, sino que afecta a todo el sector en su conjunto. Guías turísticos, agencias de viajes o empresas dedicadas al turismo activo son las más damnificadas. Lo peor de ese escenario está en lo difícil de atajar estas ilegalidades que, pese a las quejas del sector, ni se denuncian.
«Sin denuncia de por medio poco se puede hacer», reconoce el delegado provincial de Cultura, Turismo y Deporte, José Manuel Girela, que recuerda que en lo que va de año solo constan en su departamento 40 denuncias que no solo se limitan al intrusismo, sino a factores diversos como la limpieza de alojamientos u otras incidencias del sector turístico. Ese lamento también se trasladó al grupo de trabajo creado a finales de junio contra la oferta clandestina turística. Tanto por la Junta como por la Inspección de Trabajo. La denuncia se antoja necesaria, ya que sin ella, el grupo de inspectores van a ciegas. «Es imposible ir puerta a puerta para ver si hay apartamentos turísticos ilegales», insiste Girela. Los cinco inspectores se encargan, sobre todo, de revisar que apartamentos, hoteles y pensiones cumplen las reglas. «Han llegado a inspeccionar hasta 60 viviendas en una semana», apunta la jefa de Turismo, Ana María Sánchez, que contabiliza en torno a medio millar de viviendas que han sido revisadas en el presente ejercicio para ver si cumplen con esa declaración responsable necesaria para legalizarse como vivienda de uso turístico, según el decreto que impulsó la Junta en mayo de 2016.
Pero la denuncia, que tanto ruega la Delegación, no es tan fácil. Al menos a los ojos del sector que, aunque sufre la oferta clandestina en conjunto, tienen sus particularidades. Los hoteles optaron por campañas y denuncias públicas, cifrando en su día en 19.000 las plazas clandestinas, algo que no se asocia con el volumen de denuncias. Pero no son los únicos perjudicados. «La oferta hotelera es lo más mediático, pero la clandestinidad es algo mucho más global», afirma el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Sevilla (Aevise), José Manuel Lastra. En su caso, se ven afectados por personas o asociaciones que ofertan un viaje combinado con transporte y alojamiento que «es algo limitado» a las agencias, según la ley turística. Una dinámica que es «bastante recurrente». «Cuando lo hace una asociación u ONG, aunque no sea legal, hasta tiene un pase, pero hay muchos que lo hacen con fines lucrativos», reivindica Lastra, que señala que este intrusismo genera un problema de competencias, indefensión del usuario –que en caso de incidencias no son atendidos– y, además, «no cotiza ni aporta en los tributos». Lastra ve un «enorme problema» en la falta de denuncias, pero la dificultad en su caso es que para interponerla le piden identificar al infractor con nombre y apellidos, DNI y dirección. «La mayoría de casos lo que tenemos es simplemente las fotos de la oferta con el móvil. Esa es la prueba que podemos aportar», indica. Es más, las agencias de viaje han trazado para septiembre una línea de acción para trasladar el grueso de las quejas.
Tampoco lo tienen fácil en la denuncia los guías. La presidenta de la Asociación de Guías Turísticos APIT, Isabel Puerto, constata esas dificultades. «Los hoteles son un lugar físico y puedes pillarlos, pero en nuestro caso no», aclara, no sin antes mostrar las limitaciones. Así, recuerda que hay pocos inspectores que «no pueden estar en todos sitios» y tampoco pueden emprenderlas con los que consideran sospechosos, que son de tres perfiles distintos: los que vienen de fuera de manera puntual, los que no exhiben carteles identificativos y hacen «visitas sin control» y los jóvenes con licenciatura que hacen de guías sin constar en el listado oficial de 3.401 personas de la Junta. «Iría a recriminarles y pedirles sus datos, pero me debo a mis clientes que pagan por servicios de calidad y no porque defienda a mi gremio», insiste Puerto, que también descarta una mayor presencia policial, porque perjudicaría la imagen de la ciudad.
En esa misma tesitura se sitúa la asociación de guías turísticos AUIT. Su presidenta, Conchita Zalve, no elude que es un problema complejo. Reprocha la actitud de estos intrusos, que «no sólo no cumplen los requisitos, sino que no respetan el patrimonio. Nosotros en el Alcázar estamos todo el tiempo con el no toque usted». Y va más allá, recordando que la clandestinidad cuenta con la connivencia de compañeros del sector, como algunos hoteles que ofertan packs con excursión a Sevilla con estos guías ilegales.
En el caso del turismo activo, cada vez más en alza, no está sólo en juego el negocio de unas familias, sino que es cuestión de vida o muerte. «Para nosotros es de extrema gravedad porque puede poner en riesgo la vida de los turistas», relata Manuel Álvarez-Ossorio, vicepresidente de la Federación Andaluza de Empresas de Turismo Activo. Le consta que hay entidades que no cuentan con seguros en caso de accidentes, algo que en este campo –hablamos de actividades en un entorno natural, que pueden entrañar riesgo– es primordial. Álvarez-Ossorio resalta, además, que, con ello, ejercen «una competencia desleal» que supone una «merma en la calidad» de los servicios