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Manuel Chaves abraza a José Antonio Griñán, en su toma de posesión en 2009. / José Manuel Cabello
Se hizo de rogar, pero a la cuarta o la quinta pregunta al portavoz de la Junta de Andalucía, tras la reunión ayer del Consejo de Gobierno, apareció el juicio de los ERE. Son días complicados para el Ejecutivo, que trata de encontrar un impermeable para que la evidente trascendencia del caso no le empape, pero por muy bueno que sea un neopreno, siempre se cuela un poco de agua.
El Gobierno se refugia y la oposición saca la manguera. A disposición de las fuerzas políticas que comparten plaza en el Parlamento con el PSOE-A habrá a partir de hoy una imagen que van a exprimir hasta no parar: los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán sentados en el banquillo de acusados; una fotografía de destrucción masiva. «Vamos a ver la verdadera foto fija del socialismo que gobierna en Andalucía desde hace 35 años. El PSOE sigue manejando Andalucía como si fuera su cortijo, y los dos cortijeros están sentados en el banquillo», dijo ayer el portavoz regional de los populares, Elías Bendodo.
El jaleo político de los próximos meses irá en aumento a pesar de los intentos de Susana Díaz para que la calma chicha presida lo que resta de legislatura. A la vista de los acontecimientos, la rauda aprobación de los Presupuestos para 2018 podría también tener otra de sus intenciones en no enfangar su tramitación con el ruido de los ERE. El Gobierno y el PSOE-A se hubieran encontrado en una posición más incómoda y su socio de investidura, Ciudadanos, hubiera tenido que caracterizarse de ogro para justificar el apoyo a las cuentas de un partido al cual pertenecen los encausados. Sea lo que sea lo que se vaya conociendo a lo largo del juicio, Andalucía ya se pondrá en marcha el 1 de enero con sus presupuestos listos para servir.
La Junta no va más allá del «respeto a la Justicia» en su valoración del caso. Tanto el portavoz del Gobierno, Juan Carlos Blanco, como la consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, sí que insistieron ayer en que el Ejecutivo ha puesto todos los medios, dentro de sus competencias, para que el juicio se desarrolle con normalidad.
Como ya ocurrió con el presunto fraude de los cursos de formación, el PSOE-A se afana en que la presidenta Susana Díaz salga de este trago sin mácula: ni estuvo allí, ni tuvo nada que ver, ni a día de hoy hay corrupción en la Junta de Andalucía. El PP-A no comparte el diagnóstico y encaja a la presidenta en un tanto monta, monta tanto con los expresidentes Chaves y Griñán. Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente regional de los populares, afeó ayer al Gobierno de Díaz que retirara la acusación y pidiera el archivo de la causa, «por qué renuncia a actuar con contundencia contra un escándalo que se ha estado produciendo durante demasiados años en Andalucía», se preguntó ayer el líder del PP-A. También insistió en la importancia de que se recupere el dinero presuntamente defraudado. Según cifras ofrecidas por la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, a finales de noviembre, la cantidad a día de hoy es sólo de 4,6 millones de euros.
Ciudadanos repite en el caso ERE el escenario que ya dibujó en los cursos de formación. Es decir, no proyecta a la etapa de Susana Díaz ninguna de las irregularidades, ni formas de gestionar, ni obstáculos a la instrucción, que otras formaciones de la oposición plantean. Su portavoz, Juan Marín, ha recordado en estos días que su grupo ya señaló a los expresidentes cuando se exigió la entrega de su actas como condición para negociar la investidura de Díaz y que también les señaló como responsables políticos en la comisión parlamentaria de los cursos de formación.
Antonio Maíllo, de IU, consideró ayer que más allá del resultado del juicio, existe una responsabilidad política «imperdonable», que Andalucía no puede olvidar. «Los ERE se convirtieron en una oportunidad de negocio de unos cuantos listos, por no decir golfos. Chaves y Griñán tienen profunda responsabilidad política en esto», dijo.