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Un empleado de Mercabarna transportan una caja con género. / Alejandro García (Efe)
La creación de empresas en Cataluña alcanzó las 931 en el mes de septiembre, lo que supone una caída del 34 por ciento respecto al mismo mes del año anterior, mientras que el capital invertido para la constitución de dichas empresas se redujo un 69,7 por ciento, según el estudio sobre demografía empresarial publicado por Informa D&B.
En los nueve primeros meses del año, el número de empresas creadas en Cataluña alcanzó las 14.971, lo que supone un descenso del 14 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que en Madrid se crearon 15.533, un 2 por ciento más. A pesar de la caída de la creación de empresas en Cataluña, esta comunidad junto con Madrid y Andalucía, lidera la constitución de empresas en España y representan el 58 por ciento del total nacional.
En el conjunto nacional, el número de empresas constituidas contabilizadas en septiembre en España se situó en 5.757, la cifra más baja desde octubre de 2009, de acuerdo al mismo estudio. Durante los primeros nueve meses del año se registraron 73.538 nuevas empresas en España, un 8 por ciento menos que en el mismo periodo de 2016.
Por su parte, los datos de capital invertido se recortaron un 21 por ciento desde enero, hasta los 3.916 millones de euros, mientras en septiembre el descenso fue del 38 por ciento, alcanzando los 174 millones de euros.
El 81 por ciento de las sociedades creadas este mes pertenece a servicios de tecnología punta y el resto a sectores manufactureros de tecnología alta o media-alta.
Por su parte, la patronal Foment del Treball advirtió este miércoles que las empresas grandes y medianas, que emplean al 40 por ciento de los trabajadores en España, son las que más pueden notar el efecto de la crisis política a medio y largo plazo, y pueden incluso deslocalizar su actividad económica. La principal patronal catalana ha elaborado un breve informe sobre las consecuencias que puede tener en el tejido empresarial la situación política en Cataluña.
Desde el referéndum del 1 de octubre, más de 1.500 empresas han trasladado su social desde Cataluña a otros puntos de España, entre ellas la mayoría de las compañías catalanas del Ibex 35, el principal indicador de la Bolsa española, a causa de la incertidumbre jurídica derivada de la situación política.
En el corto plazo, explica Foment, una relocalización motivada por razones de carácter estrictamente jurídico o fiscal «no tendría impactos muy significativos a nivel económico», ya que la actividad de la empresa se mantiene en el ámbito original.
No obstante, se producen «efectos negativos importantes en términos de imagen y reputación para el territorio». Los riesgos, añade la patronal, son más relevantes en el medio plazo en la medida en que se puedan paralizar planes de inversión si el entorno de incertidumbre jurídica persiste.
«Si este fuera el escenario, la actividad empresarial podría verse afectada con los correspondientes impactos negativos sobre la inversión y el empleo», subraya Foment, que recuerda que una deslocalización económica sería el peor de los escenarios, ya que supone el traslado de la actividad de producción y la prestación de servicios.
Y estas deslocalizaciones, avisa Foment, afectan principalmente a grandes y medianas empresas, aunque tienen efectos inducidos sobre las pequeñas y las microempresas. El informe recuerda que el porcentaje de grandes empresas en España es relativamente bajo en comparación con otras economías en Europa.
El 27 por ciento de los trabajadores del sector privado en España están ocupados en grandes empresas (de 250 o más trabajadores), mientras que en Alemania o Francia su peso alcanza el 37 por ciento. Las empresas medianas (entre 50 y 249 empleados) ocupan al 13,3 por ciento de los trabajadores en España, y las grandes y medianas emplean al 40 por ciento del total de trabajadores en el país. Por ello, Foment reclama que se cierre de forma rápida «la vía de agua abierta en la economía catalana», con la participación «con altura de miras» de los agentes políticos implicados, a fin de poder continuar con el crecimiento económico que manifiesta la economía española y catalana.