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Agentes del Grupo de Homicidios en el lugar donde fue apuñalada Encarnación Borrero. A la derecha, la Guardia Civil en la vivienda donde se produjo el crimen de Alcolea. / Efe -
Encarnación Barrero Marín tenía 39 años y cuatro hijos. Durante años sufrió los supuestos malos tratos de su ex pareja hasta que el sábado pasado Francisco R.T. acabó con su vida, en presencia del hijo menor de seis años de ambos. Ella es la segunda fallecida en la provincia en lo que va de año, lo que significa que en seis meses se ha igualado el número de asesinadas en la provincia durante todo 2016.
El 5 de mayo en Alcolea del Río aparecía en una maleta tirada en el cauce de un río seco el cuerpo de María del Rosario Luna, también de 39 años y madre de un hija de 10 años. Llevaba desaparecida desde el 16 de abril, después de que acudiera a los servicios municipales a consultar los trámites para divorciarse. Su marido la asfixió y luego se deshizo del cuerpo. No existían denuncias previas por maltrato.
No era el caso de Encarni. Ella le había interpuesto varias denuncias, pero acabó retirándolas. Solo una de ellas seguía adelante en el Juzgado de Violencia número 3 de Sevilla. Su agresor no podía acercarse a ella porque tenía una orden de alejamiento dictada por este órgano judicial, pero eso no le impidió que la tarde del 24 de junio se fuera a Palmete a esperarla y que la apuñalara, causándole la muerte dos horas después. La prima de Encarni, como la conocían, también fue agredida, aunque ella sobrevivió tras ser intervenida de urgencia. No era la primera vez que Francisco R.T, se saltaba la orden, lo había hecho el pasado 1 de mayo, lo que originó un segundo procedimiento judicial por quebrantamiento de medida.
Como ella, en Sevilla hay 158 mujeres que tienen una orden de alejamiento que impide a su maltratador acercarse a ella y algo más de dos centenares de víctimas cuentan con algún tipo de protección. Son las cifras del primer trimestre del año, recogidas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que reflejan la realidad de esta lacra en Sevilla. En los primeros tres meses del año se solicitaron 412 órdenes de protección, de las que 195 fueron denegadas y 207 se aprobaron.
En este mismo periodo, los juzgados con competencias en Violencia de Género recibieron 2.352 denuncias, interpuestas por 2.320 víctimas. De estas, 225 mujeres decidieron no declarar como testigo contra su agresor, acogiéndose a la dispensa que permite a los parientes directos no declarar en contra de un imputado. Una situación que está tras la mayoría de los casos que acaban archivándose en los juzgados sevillanos, al no tener otra prueba que pueda llevar hasta al banquillo al maltratador. En concreto, tras el 70,2 por ciento de las denuncias. En los tres primeros meses del año se archivaron en los juzgados 665 denuncias. Más de medio centenar de ellas porque no resultó justificada la perpetración del delito, según los datos del CGPJ.
Un dato que es llamativo, y que se repite un año tras otro, es que la gran mayoría de las denuncias que llegan tanto al juzgado como a la Policía son interpuestas por la propia víctima (1.752). Tan solo se registraron 41 casos en los que el denunciante era un familiar de la mujer y, más llamativo aún, es el hecho de que solo en tres ocasiones los malos tratos fueron desvelados por algún servicio asistencial. Eso sí, los juzgados recibieron 298 partes de lesiones de centros sanitarios, que cumplieron así con la obligación de denunciar aquellos posibles casos de violencia de género que asistan.
En cuanto al delito que más se denuncia, es el de lesiones y malos tratos, con 1.160 casos; seguido por el de contra la libertad, con 362 delitos denunciados. El quebrantamiento de condena es otro de los tipos delictivos más denunciados: 158.
Asimismo, durante esta primera parte del año 2017, en los juzgados sevillanos se sentaron en el banquillo de los acusados 193 procesados, de los que 99 fueron condenados, mientras que otros 94 fueron absueltos. Es decir, algo más de un 50 por ciento de los casos que llegaron a juicio acabaron con una sentencia condenatoria.
Las estadísticas del Consejo también recogen la relación entre el agresor y la víctima, siendo la mayoría de los maltratadores denunciados ex parejas sentimentales. Los casos como el de María del Rosario, que su agresor fue su marido, y el de Encarni, que ya estaban divorciados, son los menos habituales.
En cuanto a la cifra de fallecidas, en el primer trimestre nos se contabilizó ninguna muerte por violencia machista, pero en tan solo dos meses se ha igualado el número del año pasado, cuando en la provincia Sevilla se registraron dos casos: Jana Enache, que fue asfixiada por su marido y cuyo cuerpo fue localizado en un vehículo abandonado en el aeropuerto; y Stefani María González, asesinada por su marido que la apuñaló en la localidad de Olivares. Ambas eran extranjeras: rumana y dominicana. El caso de Jana, precisamente, ha sido enjuiciado recientemente y su agresor fue condenado a 12 años y medio de prisión la semana pasada tras ser declarado culpable por un jurado.
Aunque lo deseable sería no tener que lamentar ningún asesinato machista, la cifra de 2016 supuso una bajada con respecto al año anterior, cuando cuatro mujeres –todas ellas en la provincia– perdieron la vida a manos de sus parejas.